El Gobierno ha vuelto a insistir este domingo en que el nuevo impuesto a la banca y a las empresas energéticas repercutirá en "los que más tienen" y que se trata de una cuestión "de justicia social". Sin embargo, el Partido Popular mantiene que, pese a la intención del Ejecutivo -que prohibirá por ley que las empresas repercutan la subida en los ciudadanos-, la nueva tasa recaerá en las economías domésticas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado, en relación a dicho impuesto, que "aquí no se va contra nadie" sino que se pide "un esfuerzo adicional a aquellos que tienen un mayor beneficio".
"Es de justicia social y por tanto no tiene que ver con una medida populista sino con obtener un rendimiento para poder atender a las necesidades de los ciudadanos", ha señalado en una entrevista en La Vanguardia.
Montero recuerda que el objetivo de este nuevo tributo es financiar medidas como la bonificación de la gasolina o la bajada de la factura de la luz "sin que implique un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas".
Por ello, el Gobierno busca "un reparto equilibrado de las cargas, que no pueden recaer solo y exclusivamente en las economías domésticas", sobre todo después de que esta semana se hayan conocido que las cifras de las entidades financieras "con beneficios muy abultados respecto a años precedentes, creo que es de justicia redistribuir esa carga", ha añadido.
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha asegurado en una entrevista en el diario balear Última Hora, que el Gobierno "no va a dejar que, como en la anterior crisis, paguen los de siempre".
Por ese motivo, asegura, el Ejecutivo va a "pedir sacrificios temporales a los que más tienen, con un impuesto temporal a las entidades bancarias, a las grandes empresas gasísticas, eléctricas y petroleras".
Bolaños también afirma en la entrevista que España "no corre riesgos de cortes gas" a causa de la guerra de Ucrania y que cuenta "con un buen almacenamiento" de este producto. Además, señala que nuestro país cuenta con una "ventaja" respecto a otros, más dependientes del gas ruso, ya que cuenta con suministros "diversificados e infraestructuras claves".
Feijóo, "convencido" de que repercutirá en los ciudadanos
Al impuesto a la banca también se ha referido este domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado que se trata de "una derrama y comporta un riesgo doble": que lo paguen los ciudadanos y que, si al final la banca lo recurre, lo tenga que devolver el siguiente gobierno.
"Estoy convencido de que el impuesto a la banca se repercutirá a los ciudadanos: o subidas de céntimos en las comisiones o incrementos en los tipos de los préstamos o una retribución nula para los depósitos o dando menos crédito. Respecto a las energéticas, es evidente que tienen resultados importantes, por eso quiero que inviertan. Si les ponemos un impuesto, hagamos una exención del 99% del mismo si invierten en España", ha indicado Feijóo en una entrevista en El Mundo.
El líder de los 'populares' acusa a Sánchez de haber metido "un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda" sin adoptar ni una sola medida de ajuste en su gasto político y ha advertido de que, si gobierna, hará una auditoría económica, fiscal, de deuda y déficit y tendrá un 30% menos de ministerios. "Salimos de la crisis del 96 y de la de 2011 y saldremos del 'shock' que se presenta en 2023", ha destacado.
Gamarra avisa del "impacto negativo en las economías domésticas"
También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dado por hecho que el nuevo impuesto a la banca y las energéticas repercutirá en los consumidores, ya que, según ha recalcado, "las normas del mercado son las normas del mercado".
"El camino no es la creación de otros impuestos a sectores económicos que ya pagan impuestos y pagan unos impuestos superiores a los que tiene que ver con otros sectores", ha señalado en una entrevista a Europa Press, en la que recuerda que los expertos ya han advertido de que el nuevo impuesto puede llevar "a una reducción del crédito" y, por tanto, "tener un impacto negativo en las economías domésticas" y en el tejido económico y empresarial.
Además, ha precisado que la elevada inflación es la "antesala de una cuesta de septiembre mucho más dura". "Hoy lo único que tenemos son tiritas que nos llevan al fracaso", ha añadido.
El nuevo impuesto, pendiente de trámite parlamentario, gravará temporalmente con un 4,8% las comisiones de las entidadades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros y con un 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones.
Con el objetivo de evitar que las empresas trasladen estos impuestos a los ciudadanos, el Gobierno ha propuesto una sanción del 150% del importe que se traspase al usuario. El Ejecutivo prevé ingresar unos 7.000 millones adicionales en dos años con esta tasa, que en principio estará en vigor en 2023 y 2024.