Los sectores bancario y energético han denunciado este jueves que el nuevo impuesto presentado por el Gobierno para las grandes entidades financieras, eléctricas, gasistas y petroleras supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la inversión, lo que será cotraproducente para lograr su objetivo de combatir la elevada inflación.
El Gobierno ha propuesto mediante una proposición de ley gravar temporalmente con un tipo del 4,8% en su margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
Esto ha provocado la reacción de ambos sectores, que a través de organizaciones como la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) o la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) han mostrado su rechazo a la medida, la cual consideran más un "lastre" que una solución frente al aumento de los precios.
Aelec: la medida es "contraria" a la transición a las energías renovables
Para las energéticas, la introducción de un nuevo gravamen "no está justificada por la existencia de beneficios extraordinarios, ya que estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha", como el mecanismo de la 'excepción ibérica', entre otros.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que representa a compañías como Endesa, Iberdrola y EDP España, ha advertido de la "inseguridad" que la medida puede generar en los inversores, lastrando así el proceso de "descarbonización de nuestra economía" y de reducción de la dependencia energética de combustibles fósiles.
"La imposición de este tipo de gravámenes es claramente contraria al objetivo de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico y facilitar la transición energética", insiste.
Para Aelec, la introducción de un gravamen es "ineficaz" para contener el alza de los precios y, además, "contrae la actividad económica, compromete el reto de acelerar la descarbonización, y no favorece el proceso de electrificación que hace falta en estos momentos".
Las petroleras piden "un marco legal estable que no frene las inversiones"
La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) también se ha mostrado contraria al nuevo gravamen energético al considerarlo "arbitrario" y ha pedido "un marco legal estable que no frene las inversiones".
En un comunicado, la patronal de las petroleras -de la que forman parte Repsol, Cepsa, Galp o Bp, entre otras- ha subrayado que los beneficios del sector son "cíclicos y volátiles", recordando que el año 2020 "las pérdidas fueron extraordinarias".
"Los beneficios no se distinguen por su carácter ordinario o extraordinario, sino que son cíclicos y fruto de unas condiciones de mercado potenciadas por unas inversiones realizadas a riesgo, sin una tarifa regulada que asegure su rentabilidad", ha indicado, subrayando que "lo que hoy pueden parecer beneficios 'extraordinarios', en 2020 fueron pérdidas 'extraordinarias'.
La banca recuerda que ya está realizando una contribución "relevante"
En un comunicado conjunto, tanto la AEB como la CECA han advertido de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la estabilidad financiera, en un contexto marcado por el incremento de precios y las tensiones geopolíticas.
De este modo, recuerdan que el sector ya está realizando una contribución "relevante" a la economía española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través de tributos específicos.
En esta línea, el director de Asesoría Fiscal de CECA, Juan de Villota, ha señalado en un vídeocomunicado que, en España se ha hecho uso de "todas y cada una de las figuras tributarias" para gravar al sector financiero, recordando que la banca tiene un tipo incremental en el Impuesto sobre Sociedades, paga un impuesto que grava la captación de depósitos, asume el impuesto a las hipotecas desde 2018 y paga el impuesto sobre transacciones financieras desde 2021
Además, desde el sector defienden que una medida de este tipo afecta a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades, así como a su capacidad competitiva en el mercado único europeo.
Pese a ello, ambas muestran su disposición a dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma. Las dos asociaciones, que aseguran estar analizando los detalles técnicos de la nueva normativa, recuerdan que la negociación se debe realizar sobre los "principios básicos" del sistema tributario español, como son "la igualdad, no discriminación y capacidad económica".