Estados Unidos ha impuesto este lunes nuevas a sanciones a siete personas y dos entidades relacionadas con la junta militar birmana. Son las últimas medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. con motivo del primer aniversario del golpe de Estado perpetrado por el ejército de Myanmar hace justo un año.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento ha matizado que estas sanciones se han tomado conjuntamente con Reino Unido y Canadá, que a su vez han impuesto sanciones contra otros cuatro altos cargos de la junta.
Como resultado de las sanciones, las propiedades e intereses en EE.UU. de dichas personas se verán congeladas, así como cualquier entidad que recaiga de forma directa o indirecta en manos de los sancionados. "El Ejército birmano ha tratado de consolidar su poder mediante el miedo entre los movimientos pro democracia y la población en general, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a matar a personas inocentes, incluso niños, y tener como objetivo a líderes de la oposición y manifestantes pacíficos", dice el comunicado.
El texto alerta, además, de que "el control del régimen sobre los recursos y su falta absoluta de transparencia contribuyen a un significativo nivel de corrupción" en el país. Entre los destinatarios de las sanciones están varios de los principales funcionarios del país, la fiscal general Thida Oo, el presidente de la Corte Suprema Tun Tun Oo y el jefe de la comisión Tin Oo.
Entre las empresas y los individuos acusados de apoyar al régimen militar se encuentran KT Services & Logistics Company Limited y Jonathan Myo Kyaw, director de una subsidiaria de la compañía.
Washington recalca su rechazo al régimen
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha recalcado el rechazo por parte de Washington al "régimen militar" y ha vuelto a pedir que el país "vuelva a la senda de la democracia". Ha recordado, además, que "el régimen ha matado a unas 1.500 personas, ente ellas mujeres y niños, y ha detenido a otras 10.000".
El ejército tomó el país la mañana del 1 de febrero de 2021, tras detener a la exlíder birmana y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Alegaron fraude, aunque sin pruebas, en las elecciones celebradas en noviembre del año anterior, que otorgaron una sonada victoria a la Liga Nacional para la Democracia, partido al que pertenece Suu Kyi. El golpe fue condenado por la comunidad internacional.
Suu Kyi permanece detenida en un lugar desconocido desde febrero del año pasado y se enfrenta a un total de seis años de cárcel por varias condenas por importación ilegal de dispositivos, vulneración de medidas contra la pandemia e incitación a los disturbios contra los militares. Desde su detención, el gobierno militar puso en marcha varios procesos judiciales a los que aún tiene que enfrentarse.
Un año después del golpe, el país lidia con una profunda crisis que ha desencadenado un aumento de la pobreza, la salida de grandes empresas y un régimen aislado en mitad del boicot y las sanciones económicas impuestas por distintos países.