El proyecto de ley de Memoria Democrática se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados. La nueva norma nace con el apoyo de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y también de PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís. Se han opuesto PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP y se han abstenido ERC y el BNG. El hecho de que se haya contado con la participación de EH Bildu en la redacción de la ley ha dado lugar a numerosos titulares y mensajes en redes sociales, algunos de ellos aseguran que esta ley reconoce a los etarras como víctimas indemnizables. El proyecto de ley aprobado no concede ninguna indemnización a ningún miembro de ninguna organización pero tampoco excluye a ninguna persona víctima de abusos o violaciones a los derechos humanos. Te explicamos de dónde parte la polémica.
Hemos recibido en nuestro Whatsapp consultas referidas a un texto que se está difundiendo por redes sociales que afirma: “Bildu salva la Ley de Memoria Democrática del Gobierno que reconoce a los etarras como víctimas indemnizables”. Estos mensajes citan a su vez a un medio digital que también dice que con esta norma “se reconoce a los terroristas «por su lucha por la consolidación de los valores democráticos»”.
El proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el 14 de julio no incluye ninguna referencia expresa a lo que se sostiene en estos mensajes. En ninguna de las 51 páginas que componen el documento se menciona que los etarras o el grupo terrorista ETA vayan a ser reconocidos como “víctimas indemnizables”. En la exposición de motivos del proyecto se hace alusión a “la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista” (pág.4). En el artículo 3 destinado a “víctimas” (pág. 15 y 16) tampoco observamos una mención al grupo terrorista vasco ni a sus miembros. En RTVE.es ya te contamos las principales claves que marcan esta ley.
La comisión técnica que investigará el período 1976-1983 en el centro de la polémica
Durante el proceso de aprobación de la nueva ley, el debate social y político ha girado alrededor de muchos temas, entre ellos la decisión de crear una “comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. En una enmienda presentada por los partidos del actual Gobierno se decía que esta comisión centrará sus trabajos en lo sucedido entre “la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1982”(pág. 177). Sin embargo, según explicó en su cuenta de Twitter la portavoz de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua, en la negociación con esta formación política buscando su apoyo a la ley, el Gobierno aceptó “ampliar el límite temporal de la ley hasta 1983”. La redacción que ha aprobado el Congreso confirma el resultado de esta negociación pues la Disposición adicional decimosexta del proyecto dice que la “comisión técnica” que elaborará el estudio sobre “los supuestos de vulneración de derechos humanos” tendrá en cuenta en su investigación los años de la transición hasta “el 31 de diciembre de 1983”. Sus funciones incluirán señalar “posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas [víctimas]” (pág. 45)
En la ley no encontramos ninguna referencia a la posibilidad de que el reconocimiento y reparación esté vinculado a la pertenencia a ningún grupo o ideología, solo al hecho de haber sido víctima de alguna violación de los derechos humanos. Tampoco figura en la ley ninguna limitación de ningún tipo que excluya de reconocimiento a cualquier persona que haya sido víctima de abusos.
La ampliación de 1982 a 1983 del ámbito de investigación de la comisión técnica hace que en sus conclusiones se puedan incluir los acontecimientos vinculados a los inicios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El documento “El terrorismo en España” elaborado por el Ministerio del Interior y la Fundación de Víctimas del Terrorismo entre otras entidades recoge lo siguiente: “En esos años ochenta también hizo su aparición un tipo de terrorismo parapolicial, encuadrado bajo las siglas GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación. Algunos cargos públicos, policías y guardias civiles estuvieron implicados en esta trama ilegal. Su propósito era combatir a ETA usando sus mismos métodos. Entre 1983 y 1987 los GAL cometieron 27 asesinatos” (pág. 6).
Los GAL no fueron el único grupo terrorista que realizó atentados en los años que analizará la comisión técnica. ETA mató en el período 1976-1983 a 396 personas, de hecho en esta etapa se enmarcan los conocidos como “años de plomo” de la banda. Además, también cometieron graves violaciones a los derechos humanos grupos como los GRAPO o la Triple A (pág. 5).
Opiniones discrepantes sobre la nueva ley de Memoria Democrática
El PP y Vox han criticado la redacción de esta ley a la que califican de "sectaria y excluyente" y anuncian que la derogarán si llegan al Gobierno. También políticos de izquierda como el ex presidente del Senado, Juan José Laborda, y el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas, han firmado un manifiesto contra la ley y piden su retirada. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, cuyo primer año de mandato (1983) sería analizado por la comisión técnica, ha dicho que el resultado del pacto con Bildu “no le suena bien”.
Por su parte, los impulsores de la nueva norma, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en la tribuna del Congreso el texto de la ley que, en su opinión, "va a hacer más digna nuestra democracia y a nuestro país". Respecto a la iniciativa de extender el reconocimiento de las víctimas hasta 1983, el diputado del PSOE Valentín García Gómez ha defendido que ley de Memoria Democrática "ampara a los estudiantes y trabajadores que sufrieron represalias cuando luchaban por la consolidación de la democracia" y no "a las bandas terroristas, por más que se falte a la verdad".
En conclusión: En ningún punto de la ley de la Memoria Democrática se reconoce a los etarras como víctimas indemnizables. En el texto consta la voluntad de ofrecer reconocimiento y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ninguna limitación lo que podría incluir a los miembros de ETA que hubieran sufrido este tipo de abusos. Esta condición se deja en manos de una comisión técnica todavía por crear.