El empresario Alberto Luceño ha trasladado al juez que instruye el caso de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia que no puede pagar la fianza de cuatro millones de euros que le impuso, para asegurar las responsabilidades legales que se deriven del procedimiento judicial, más allá de los bienes y cuentas ya embargados.
No obstante, en un escrito remitido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 47 y al que ha tenido acceso RTVE, Luceño se compromete a atender esa solicitud "tan pronto disponga de patrimonio".
En el escrito, la defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado "la imposibilidad del señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud".
Este martes el juez Adolfo Carretero había dado un plazo de 48 horas a Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, para que abonara 4.023.966,94 euros que le quedan por asegurar de fianza. En el mismo auto el juez rechazó imputarle un delito de alzamiento de bienes -que sí pesa sobre Medina- ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación.
En el auto en el que el juez impuso la fianza, se explicaba que hasta el momento solo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.
Por ello y teniendo en cuenta que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6,2 millones de euros, el juez fijó para él, conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una fianza de cuatro millones de euros, como pedía el fiscal anticorrupción , que debía abonar en un plazo de 48 horas.
Suspendida la declaración de la responsable municipal de compras
En relación con este caso de las mascarillas, el magistrado ha dictado este miércoles una providencia en la que suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados.
Collado estaba citada como testigo, pero al haber pedido el Grupo Mixto que sea citada como investigada, el juez pide a las partes que se pronuncien sobre si esta funcionaria debe ser citada como testigo o como imputada.