No desagrada la música, pero hay que ver la letra pequeña. Las ayudas son bienvenidas, pero hay discrepancias en algunos puntos concretos. Son algunas de las conclusiones de los expertos consultados por RTVE sobre el plan de respuesta a la guerra de Ucrania que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. La patronal, por su parte, critica el “intervencionismo” de algunas de las medidas, mientras que para las asociaciones sociales son “insuficientes”.
“El plan de choque del Gobierno tiene luces y sombras”, apunta a RTVE.es el director del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Aurelio García del Barrio. A su juicio, “todas las ayudas son bienvenidas”, sin embargo, no cree que sean las idóneas “para consolidar el crecimiento económico”, tal como espera el Gobierno. De hecho, los principales organismos económicos ya anticipan una rebaja en las perspectivas de crecimiento para este año por el impacto de la guerra.
En primer lugar, explica el experto, porque “son medidas muy transitorias”: apenas tienen tres meses de duración (hasta el 30 de junio). Además, cree que son “insuficientes” en cuanto a su cuantía: de los 16.000 millones de euros puestos en marcha, solo 6.000 corresponden a ayudas directas o bajadas de impuestos, pues los 10.000 restantes corresponden a una nueva línea de avales de créditos del ICO. “No todo el mundo tiene acceso a ellos y, además, los créditos ICO, como cualquier otro crédito, hay que devolverlos”, añade.
En concreto, el Real Decreto-ley incluye bonificaciones de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, un límite del 2 % en la subida de los alquileres, el aumento del 15 % en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables o la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico para llegar a 1,9 millones de hogares. El objetivo es amortiguar los efectos de la invasión rusa en Ucrania, que ha sido la puntilla para la economía después de dos años golpeada por la pandemia.
“Los coletazos de la variante ómicron del COVID; los cuellos de botella de las cadenas globales de suministro y el precio de la energía han sido los factores que, por un lado, han frenado el crecimiento y, por otro lado, han provocado el gran repunte de los precios”, sostiene García del Barrio, quien recuerda que el 28 de febrero la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 7,6 %, mientras que la invasión de Ucrania se produjo el día 24. “O sea que el impacto de la inflación de la guerra la vamos a ver en la cifra de marzo, que probablemente superará el 8 %”, recalca el director del Global MBA del IEB.
La bonificación de la gasolina, la medida más polémica
Una de las medidas más polémicas del plan ha sido la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible para todos los ciudadanos. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5. “Aquí yo creo que se podría haber hecho un esfuerzo mayor”, apunta García del Barrio. “En primer lugar porque la inflación ha traído un incremento de la recaudación”, lo que implica que se hayan percibido más impuestos: unos 5.000 millones extra por este motivo, sostiene el experto. “En estos tres meses, el Gobierno va a asumir unos 1.100 millones, mientras que las petroleras van a pagar unos 350 millones por esta medida. Entonces todavía habría margen, por esa recaudación extra, para hacer una rebaja mayor”, concluye.
También desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reprochan al Gobierno que la medida se queda corta. “Para un consumidor medio, es decir, por vehículo con un kilometraje de unos 20.000 kilómetros, que es más o menos la media, esta medida supone una rebaja de 65 euros en el gasóleo durante tres meses y algo más de 75 euros en gasolina”, afirma su portavoz, Enrique García, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.
Actualmente el litro de gasolina se vende de media en España a 1,813 euros, mientras que el gasoil lo hace a 1,797 euros de media por litro. En su opinión, “es claramente insuficiente porque con esta rebaja los precios se situarían alrededor de los 1,60 euros por litro, un coste por encima de que teníamos, por ejemplo, a principios del mes de enero”, añade García.
El Gobierno aprueba el plan de medidas por la guerra de Ucrania - Ver ahora
También critica la bonificación de los combustibles el catedrático y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), José Ignacio Conde-Ruiz. “Primero digamos que es una transferencia de los que no usan el coche hacia los que lo usan, lo cual no tiene mucho sentido; hubiera preferido subvencionar el abono transporte u otro tipo de medidas, ya que de esta forma estás rebajando el presupuesto para Sanidad o Educación”, apunta en una entrevista en el Canal 24 Horas.
El experto considera que España se ha dejado llevar por los países de nuestro entorno, que han aplicado una rebaja similar: “Cuando tú bajas los impuestos a la gasolina o lo haces de esta forma, que es equivalente, lo que acaba ocurriendo es que aumenta la demanda, por lo tanto, vuelven a subir los precios y no queda muy claro si realmente los consumidores realmente van a verse beneficiados de la caída en los precios”, asegura.
La limitación de la subida del alquiler podría derivar en otros efectos
En lo que respecta a los alquileres, la norma incorporará la limitación de las revisiones de los contratos de alquiler de vivienda al 2 %. Los grandes tenedores no podrán superar de ninguna manera este máximo, mientras que los pequeños propietarios podrán acordar con sus inquilinos cuál será esta subida. Para Conde-Ruiz, es una medida “necesaria”, sobre todo teniendo en cuenta que, si se limitan los salarios con el denominado pacto de rentas que prevé poner en marcha el Gobierno, “no sería adecuado trasladar esa subida a la vivienda”. “Luego ya habrá tiempo si quieres para recuperar poder adquisitivo de salarios, para subir los alquileres, pero ahora mismo me parece razonable”, subraya.
“Tienes un escenario en que la inflación va a subir mucho ahora, pero que luego crees que vas a poder contener con estas medidas, sobre todo con la electricidad. A lo mejor esperas que va a bajar el precio en los próximos meses, el IPC va a caer y entonces claro, que tu alquiler dependa solo de los meses estos que va a estar más alto, sería bastante injusto”, explica el experto.
El director del Global MBA del IEB, por su parte, insta a “tener cuidado” con este tipo de medidas, ya que “todo lo que es el control de precios para sujetar una situación inflacionista puede tener una segunda cara de esa moneda”. Según destaca, “se puede generar un negocio paralelo, un negocio por fuera de la economía real, donde se empiecen a negociar este tipo de acuerdos en la economía sumergida”.
Una “raquítica” ampliación del bono social
El Real Decreto-ley también refuerza las ayudas sociales. Contempla el aumento del 15 % en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables y se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares. FACUA-Consumidores en Acción ve “raquítica” dicha ampliación, pues a su juicio debería extenderse a todas las familias que no superen dos salarios mínimos. Actualmente este bono, de difícil y acceso y que solo cubre a las situaciones más extremas de pobreza energética, solo se aplica a 1,1 millones de personas.
Precisamente en materia de electricidad, el Gobierno ha extendido también hasta el 30 de junio la rebaja fiscal que se puso en marcha en junio si bien aún no se han dado detalles de cómo quedará su precio final después de las medidas acordadas en el seno del Consejo Europeo y que permitirán que España y Portugal reduzcan el precio del gas y de la electricidad en base a su singularidad.
“Estamos todos expectantes por ver cómo se va a hacer, pero esta yo creo que es una de las grandes medidas. Si se consigue hacer, se conseguirá bajar el coste de la electricidad, que sabemos que es muy importante para la industria, para muchos sectores y para las familias. Y esto a su vez sí que tendría un gran impacto en lo que sería la evolución futura de la inflación”, sostiene Conde-Ruiz.
La CEOE tilda de “intervencionismo” el prohibir los despidos
Además de los 10.000 millones de euros en la nueva línea de avales de los créditos ICO, otra de las medidas destinada a las empresas está relacionada con la prohibición del despido objetivo en aquellas compañías que reciban ayudas públicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, así como en los que se aleguen causas que tienen que ver con el precio de la energía. "No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo", ha incidido en la rueda de prensa la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un mensaje dirigido a los empresarios.
Yolanda Díaz, a los empresarios: "En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la propuesta del Ejecutivo, pues desde su punto de vista suponen "intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa". Para Garamendi, de las cosas más necesarias para que "la economía fluya" son la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma, ya que son "mucho más importantes que todas las medidas puntuales" que se adopten, al generar desconfianza empresarial. Y ha emplazado a la vicepresidenta a crear su propia empresa para saber lo que ello conlleva.
También García del Barrio se ha mostrado crítico con esta medida. Según el experto, “no es bueno meterle esa rigidez laboral al mercado en un momento donde se necesita recuperación económica”. “Esa ralentización del crecimiento, junto con el elevado nivel de inflación, nos puede hacer desembocar en una situación de estanflación (inflación + crecimiento) que, para los economistas, es quizá el peor de los escenarios. Por lo tanto, cualquier cosa que lastre ese crecimiento no es una buena noticia”, insiste.
Mientras que Conde-Ruiz añade que “la economía siempre está en constante transformación” y, por ende, “siempre hay empresas que se destruyen y empresas que se crean”. “Es parte de la reasignación necesaria para poder ser competitivo y, por lo tanto, es impensable creer que no se va a poder despedir a nadie, porque incluso cuando van muy bien las cosas se despide gente”, destaca, e insta a enfocar esta medida “solo a aquellos que están aprovechándose de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y no de forma generalizada”.
Precisamente Díaz ha explicado que las empresas que no cumplan con esto "tendrán que devolver las ayudas", y ha recordado la figura de los ERTE reforzada en la reforma laboral para evitar despidos. "En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir", ha concluido la vicepresidenta.