El juez del Tribunal Superior de Londres Matthew Nicklin ha rechazado este martes que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra el fallo en el que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por Corinna Larsen.
Nicklin concluyó el pasado jueves que "el demandado no es ni soberano ni jefe del Estado de España" y, por tanto, "no tiene derecho a inmunidad personal" propio a ese rango. También, que los actos denunciados fueron del ámbito privado y no tuvieron carácter de Estado. Esta decisión, que rechaza el argumento de la defensa, abre la puerta a que Don Juan Carlos pueda ser juzgado en el futuro.
Pese a que Nickin le impide ahora recurrir ese fallo, Juan Carlos I podrá pedir el permiso para hacerlo directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados ya han indicado que harán.
En su demanda, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones, según la demandante, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos.
En una vista este martes en el Tribunal Superior de Londres, la defensa del demandado, encabezada por Daniel Bethlehem, ha indicado que pedirán autorización para recurrir a la Corte de Apelación "lo antes posible" y, si esta corte lo autoriza, presentarán el recurso antes del 30 de mayo.
14 horas - La justicia británica no autoriza a Juan Carlos a recurrir sobre su inmunidad - Escuchar ahora
El juez ve claro que los actos denunciados fueron a nivel personal y no de Estado
El juez Nicklin rechazó darle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen al emérito se llevaron a cabo a nivel personal y no fueron de carácter de Estado.
Sin embargo, el equipo de Juan Carlos I considera que lo ocurrido antes de su abdicación (entre 2012 y 2014) podría considerarse que ocurrieron durante una posición de autoridad, con lo cual podría aplicarse la inmunidad.
Estos abogados también cuestionan la opinión de Nicklin, incluida en el dictamen del pasado jueves, de que el emérito no forma parte de la Casa del Rey aunque sea de la familia.
El próximo paso en este proceso dependerá de si la Corte de Apelación autoriza el recurso que pide la parte del emérito y por el momento no hay fecha.
Los abogados de Larsen han pedido en esta sesión que la parte contraria se haga cargo de las costas judiciales por 230.000 libras (299.000 euros), pero el juez Nicklin considera que este aspecto se dirimirá más adelante y ha puntualizado que ambas partes "tienen recursos suficientes".
El emérito "no es soberano" ni parte de la Casa Real, dice el juez
En su dictamen del pasado jueves, Nicklin reconoció que, tras abdicar en 2014, Juan Carlos I "ha disfrutado de cierto estatus y privilegios recogidos en el Real Decreto 470/2014". Pero el magistrado resolvió que el emérito "ya no es soberano o jefe de Estado" ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI (aunque sea miembro de la familia), lo que le hubiera dado el derecho a la inmunidad.
Rechazaba así los argumentos de la defensa del monarca, que habían defendido su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y ex jefe de Estado, por sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España.
Asimismo, los abogados argumentaron que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda y que el emérito goza de inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y también de la ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia a la inmunidad de extranjeros.
Sin embargo, los representantes de Larsen alegaron por su parte en diciembre que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, don Juan Carlos ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.
Larsen y Juan Carlos I iniciaron una relación en 2004 que terminó en 2009 después de que la examante conociera que el emérito le era infiel, según la defensa de la primera.
Ambas partes mantuvieron la amistad después de la ruptura y en 2011, según la parte demandante, Juan Carlos I le hizo una serie de regalos, como joyas, obras de arte y también 65 millones de euros en junio de 2012, año en que el emérito intentó reiniciar la relación sentimental, pero la empresaria se negó, de acuerdo con su versión.
La demandante solicita daños y perjuicios por lesiones personales por el "gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia y pérdida de bienestar, humillación y el estima moral" que ha sufrido.