Amnistía Internacional ha criticado que España tenga una "doble vara de medir" respecto a la situación de las personas refugiadas. Por un lado, dicen, el Gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero, sin embargo, no actúa de la misma manera con respecto a quienes proceden de otras zonas y también pueden estar huyendo de la violencia o la persecución.
“No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más”, sostiene el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, coincidiendo con la publicación del informe anual de la organización sobre los derechos humanos en el mundo.
Ese documento, que analiza la situación de 154 países, también menciona otros aspectos negativos como la impunidad por lo sucedido en residencias de mayores durante la pandemia, la amenaza a la libertad de expresión o la vulneración del derecho a la vivienda.
Incoherencia respecto al trato que reciben refugiados o migrantes
El apartado que Amnistía Internacional dedica a España dentro de su estudio internacional menciona cómo tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, el gobierno español evacuó a 2.026 personas del país, y por primera vez permitió que personas de nacionalidad afgana solicitaran asilo en la Embajada de España en Pakistán.
Sin embargo, también señala el "hacinamiento y la precariedad" en los centros de recepción de migrantes en 2021 en Canarias, año en que un total de 22.200 personas llegaron por mar a estas islas y en el que al menos 955 personas, entre las que había como mínimo 80 menores, murieron ahogadas cuando intentaban viajar hasta allí desde las costas de África Occidental.
La organización cree que las malas condiciones de los centros eran "evitables" porque se debían "a la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas" y afirma que las autoridades tampoco tomaron medidas para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz. Las personas solicitantes de asilo no tenían acceso a información adecuada sobre sus derechos, y las autoridades no garantizaron su oportuna inscripción en el registro ni la tramitación de sus solicitudes.
El informe también apunta que en septiembre unos 1.000 menores no acompañados estaban en espera de la evaluación de sus casos y su documentación, y que, en mayo, 8.000 personas (entre ellas 2.000 menores no acompañados) entraron irregularmente en el enclave español de Ceuta desde Marruecos cuando los guardias marroquíes las dejaron pasar por sus puestos de control.
Poco después, dicen, las autoridades españolas devolvieron a 2.700 "de forma ilegal y colectiva" a Marruecos y hubo informes sobre uso excesivo de la fuerza. En agosto, las autoridades devolvieron ilegalmente a 55 menores no acompañados a Marruecos. Tribunales españoles declararon ilegales estas devoluciones y las suspendieron, pero, poco después, el presidente del Gobierno "reiteró la intención de su gobierno de continuar expulsando a menores no acompañados a Marruecos".
El director de Amnistía Internacional España considera que estos datos que recoge el estudio global demuestran un trato respecto a las llegadas de migrantes o refugiados que "no es coherente".
Denuncia la "impunidad" sobre violaciones de derechos humanos en residencias
Amnistía Intrnacional también ha denunciado una mayor violación de derechos humanos de la pandemia apuntando, concretamente, hacia la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, que ha quedado "impune".
“El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamenta Beltrán.
A eso se suma lo que la organización ha denominado como “la otra pandemia”: la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores, y personas con problemas de salud mental, que ha puesto en riesgo su salud física y mental y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primaria.
La libertad de expresión y el derecho a la protesta, "amenazadas"
La organización también ha denunciado que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en España por la falta de reforma de la denominada Ley Mordaza; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión de Pablo Hasél por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la corona y a las instituciones del Estado”; o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones, en las que se incluye el uso de pelotas de goma o bolas de foam de forma inadecuada, que provocaron que una mujer perdiera el ojo durante las protestas en Cataluña.
"La única buena noticia en este ámbito en 2021", señala Amnistía Internacional España en un comunicado, consistió en la puesta en libertad de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart después de cuatro años "en los que nunca debieron estar en prisión". Al respecto el informe señala que ambos recibieron "una condena injusta por sedición en relación con protestas pacíficas y con el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017".
Por otro lado, en noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló numerosas denuncias verosímiles de malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y agentes de policía. Asimismo, señaló que persistía la aplicación de la fijación mecánica a la cama (sujeción mecánica regimental), incluso de menores detenidos, y recomendó su eliminación.
Violencia de género y derechos sexuales
En 2021, advierte también el balance, persistió la violencia contra las mujeres en España. Un total de 43 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y 7 menores de edad perdieron la vida a manos de sus padres como castigo dirigido a sus madres.
Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, el documento señala que el pasado año las mujeres de entre 16 y 18 años aún necesitaban permiso parental para someterse a un aborto y que la persistencia de un alto número de casos de “denegación por motivos de conciencia” por parte de los proveedores de servicios médicos continuó limitando el acceso de las mujeres a los servicios de aborto dentro del sistema nacional de salud.
Derecho a la vivienda: 22.536 desalojos
Respecto al derecho a la vivienda, Amnistía Internacional señala que, a pesar de la pandemia, se llevaron a cabo 22.536 desalojos entre enero y junio; cerca de 5.400 afectaron a personas que no podían pagar su hipoteca y casi 16.000, a personas que ya no podían pagar el alquiler.
El Gobierno amplió la suspensión de los desalojos de personas económicamente vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022, pero en marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un dictamen sobre una comunicación presentada por una familia que había sido desalojada sin que se le proporcionara alojamiento alternativo adecuado, señalando que las autoridades habían violado su derecho a una vivienda adecuada. Entonces, más de 100 denuncias contra España relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada seguían pendientes ante este Comité.
Derecho a la verdad y a la justicia negado a víctimas del franquismo
El análisis también menciona, bajo un subtítulo que dice "impunidad", que en septiembre el Gobierno presentó un proyecto de ley al Parlamento para garantizar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ambos de la ONU, pidieron al Parlamento que reforzara algunos aspectos de esta ley antes de su aprobación.
En febrero, recuerdan, el Tribunal Supremo dictó su segunda sentencia sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, tras una primera sentencia histórica en 2012. Reiteró que el poder judicial español no podía investigar estas violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado porque el plazo en el que debían haberse iniciado las investigaciones había expirado, y porque de hacerlo quebrantaría el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977. En septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por una persona que fue víctima de tortura en las postrimerías del franquismo, argumentando que, con arreglo al derecho internacional, España no tenía obligación de investigar y enjuiciar el caso, porque la prohibición de los crímenes de lesa humanidad no podía aplicarse con carácter retroactivo. Los tribunales, señalan, han seguido "negando" el "acceso a la justicia".
Finalmente y al margen de lo anterior, Amnistía Internacional España señala que hay en el país algunas legislaciones pendientes, como el Proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que sitúa el consentimiento de la mujer en el centro de la ley, o el Proyecto de Ley de Vivienda, que podrían suponer "un avance histórico" cuando se materialicen y que podrían repercutir beneficiosamente en los derechos humanos en el país.