Coincidiendo con la efeméride del Día Mundial del Agua, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua que prevé movilizar más de 3.000 millones de fondos públicos y privados en 2022 y 2023 y que estima una creación de empleo de unos 3.500 puestos de trabajo.
De esa cantidad, dotará de 1.700 millones de euros hasta 2023 para una gestión más eficiente y sostenible en ciudades, agricultura e industria de este recurso. Adicionalmente, prevé una inversión de 240 millones de euros, de los que 10 millones irán a mejorar la gobernanza y adaptación de la normativa de aguas, 225 millones a la digitalización de los organismos de cuenca (confederaciones hidrográficas) y 5 millones a formación.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que este PERTE será una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en España, tanto en el ciclo urbano como en el regadío y en la industria para lo que el proyecto incluye ayudas para impulsar esta digitalización.
Ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico y que se prevén disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40% en el sureste peninsular para finales de siglo.
Esta medida se suma al PERTE planteado por la ministra en la primera semana de marzo dirigido a la economía circular y la reestructuración del actual sistema productivo en España por otro más sostenible.
Dar prioridad a las energías renovables y aprovechar las redes ya existentes"
"Agua y energía son elementos determinantes de nuestro bienestar, con alto contenido económico para el conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar y con contenido económico del conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar de las ciudades y los hogares", ha valorado Ribera.
Ribera ha recalcado que el PERTE incluye dos criterios novedosos: dar prioridad a las energías renovables en zonas con pocos recursos y con menor impacto medioambiental, y maximizar las redes existentes mediante baterías eléctricas. El objetivo común es "aprovechar las redes existentes", ha recalcado. También ha abogado por fomentar las interconexiones eléctricas con países como Francia, Portugal y ampliar la conexión actual con Marruecos.
Además, pretende constituirse como una planificación vinculante para desarrollar la electricidad de forma responsable y, también, "permitir el desarrollo económico del transporte ferroviario".
Ha recalcado que el PERTE proporcionará un ahorro al sistema eléctrico de 1.600 millones euros anuales en un contexto normal, ha matizado, refiriéndose a un periodo posterior a la actual guerra en Ucrania.
Otro puntal es el biogás. Según ha apuntado la ministra, se pretende multiplicar casi por cuatro la producción de gas renovable en España. El objetivo es sustituir al gas de origen fósil para poder reducir la importación de gas actual.
Ribera insta a reducir la dependencia del gas y destaca la "seguridad de abastecimiento" en España
Formar a profesionales y generar 3.500 puestos de trabajo
“La gestión del ciclo del agua es imprescindible e incide, según se calcula, en un tercio del PIB de España” ha explicado. En cuanto a la disponibilidad del agua, Ribera ha aludido que se estima que en España los recursos hídricos se reduzcan un 25% por el calentamiento global. Por ello, ha abogado por abordar una gestión eficiente y sostenible "para adaptarnos con garantías a los ciclos del cambio climático".
Para ello, ha asegurado que es necesaria una digitalización del agua, y más información y formación de los profesionales. Así, las subvenciones a las que podrán acceder administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria, las comunidades de regantes y los usuarios de aguas subterráneas, buscarán avanzar en la protección del medioambiente, la mejora de la gestión del agua y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.
En este camino, RIbera ha explicado que con el PERTE se busca generar empleo de alta cualificación técnica y oportunidades de negocio dentro y fuera de España. Esto está estimado en 3.500 empleos adicionales de alta cualificación técnica dentro del ámbito del agua.
Más cerca - El futuro de la gestión del agua en España - Escuchar ahora
Digitalizar el ciclo del agua en ciclos urbanos y de regadío
Para ello, Ribera ha apuntado varios objetivos. Entre ellos, establecer contadores inteligentes y dotarse del internet de las cosas para poder monitorear el agua. Además, mejorar la gobernanza a través de un organismo creado para ello, el Observatorio de Gestión del Agua en España.
Por otro lado, Ribera ha explicado que los organismos de las cuencas deben modernizarse más, y con el PERTE se pretende digitalizar el ciclo de los embalses y las presas y controlar de forma más eficiente los avisos y la conectividad de sus sistemas.
A la digitalización del ciclo urbano del agua se destinarán 1.400 millones de euros (de los que 200 millones serán territorializados) con el foco puesto en ciudades o agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes. En esta línea, la ministra ha recalcado que las medidas también van dirigidas a mejorar el uso del agua de los regantes.
El sector industrial se beneficiará de ayudas de 100 millones de euros para financiar programas de digitalización con el doble objetivo de reducir insumos y mejorar la gestión de los vertidos.
Al regadío destinarán 200 millones de euros que buscarán aumentar la implantación de contadores en las tomas de agua y en parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes o automatizar los sistemas de riego.
En España, aproximadamente el 80,5% del agua se destina al regadío y los usos agrarios, seguido del abastecimiento del ciclo urbano, que representa alrededor del 15,5%.
El ciclo urbano del agua factura una media de 7.600 millones de euros anuales, y se calcula que anualmente se pierde el 23% del agua potable ya tratada a través de redes de distribución, un "lujo" que, según la ministra, España no se puede permitir. Reducir estas pérdidas en un 10%, como plantea la Agenda 2030, supondrá el ahorro de un volumen de agua significativo y un aumento en la facturación del orden de 700 millones de euros adicionales al año.