Tras la solicitud de varios países -entre ellos España, Francia o Alemania-, la Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación para determinar si Rusia ha llevado a cabo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania. Esto hace que surjan dudas sobre las posibilidades de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pudiera ser sometido a juicio por este tipo de delitos.
Medios internacionales y locales han publicado informaciones sobre ataques a escuelas y hospitales ucranianos por parte de las fuerzas rusas, así como sobre el presunto uso de bombas de racimo en zonas residenciales, lo que serían “evidencias muy claras” de crímenes de guerra y de lesa humanidad, según la catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas.
El CPI fue creado para llevar a juicio a responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio y después se agregó el crimen de agresión, que no puede ser investigado en el caso de la guerra de Ucrania porque ni Rusia ni Ucrania han firmado el estatuto de aceptación del tribunal. “Para enjuiciar los crímenes de agresión es necesario contar con el consentimiento de los dos Estados. Por tanto, es muy difícil, prácticamente imposible, que estando Putin en el poder, Rusia dé su consentimiento para que sea juzgado del crimen de agresión”, explica el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Nebrija y exletrado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Espaliú.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
El fiscal jefe de la CPI, Karim Kham, ha abierto una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra iniciada por el Ejército ruso en Ucrania tras la solicitud de 39 países, entre ellos Alemania, Francia, España y Portugal. La CPI lleva ya investigando este tipo de crímenes en Ucrania desde 2014, cuando, según la predecesora de Kham, Fatou Bensouda, se cometieron “una amplia gama de conductas que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Naciones Unidas afirma que al menos 474 ucranianos han muerto desde que comenzó la invasión de Rusia, mientras el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania asegura que la cifra supera los 2.000. También se ha informado de que hospitales y escuelas han sido alcanzados por bombardeos e incluso que las tropas rusas habrían empleado bombas de racimo en zonas residenciales.
Araceli Mangas afirma a RTVE.es que “hay evidencias muy claras de ataques masivos intencionados contra zonas residenciales”. “Eso está prohibido tanto por los convenios de conducción de hostilidades de 1907, como por el Convenio de Ginebra y un protocolo de 1973”, explica Mangas. “El hacer a la población civil objeto de los ataques pueden ser crímenes de guerra muy graves. Si se viera que ha sido una política intencionada del Ejército de Rusia, podría llegar a ser incluso todavía más grave: un crimen de lesa humanidad”, asevera.
Moscú también ha propuesto corredores humanitarios que llevan a los civiles a Rusia y Bielorrusia, algo que Mangas recalca que “está prohibido expresamente por el Convenio Cuarto de Ginebra”. “Se ve claramente el salvajismo de la política de guerra al tratar de meter en una encerrona a la población civil”, añade la catedrática de Derecho Internacional de la UCM.
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Por su parte, Carlos Espaliú señala que “también existe alguna posibilidad de que se haya cometido el crimen de agresión”. “Conforme a lo que conocemos del Derecho Internacional es muy posible que se haya cometido por el mero hecho de una invasión por parte de un Estado en el territorio de otro Estado”, detalla Espaliú.
Sobre la investigación de la CPI, el profesor de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars, indica que “no afectará en nada al conflicto” en Ucrania. “Quizá pueda generar un mayor peso en la condena de la comunidad internacional”, asevera.
En este sentido, José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, afirma que “la investigación abierta es un instrumento de presión hacia Putin del entramado internacional que pasa por las medidas económicas, defensivas, humanitarias y también por esta búsqueda de que el Derecho Penal Internacional también pueda actuar”.
Juicio a Putin: difícil, pero no imposible
La CPI fue creada para llevar a juicio a responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Más tarde se agregó el crimen de agresión, que no puede ser investigado en la guerra de Ucrania porque ni Moscú ni Kiev son miembros de este tribunal. Rusia retiró su firma del Estatuto de Roma en 2016, mientras que Ucrania, aunque no lo haya firmado, aceptó la competencia del tribunal para los crímenes que entran en su competencia.
Carlos Espaliú explica que, en el caso de la CPI, para que se pueda juzgar a Putin de crímenes de guerra y de lesa humanidad “bastaría con el consentimiento de al menos uno de los Estados involucrados”. “Podría bastar con Ucrania y habría alguna posibilidad de que se pudiera enjuiciar”, indica el catedrático, quien detalla que “como los responsables tienen que estar presentes en el tribunal, sería necesario capturarlos, lo cual sería imposible mientras Putin esté en el poder”.
Otra vía para enjuiciar estos crímenes sería “la jurisdicción del Estado nacional”. “La gran solución es que sea la propia Rusia, que un día juzgue a los responsables de estos crímenes, algo que es tremendamente complicado, pero no descartable”, señala Espaliú, aunque destaca que “esto requiere evidentemente un cambio de régimen”.
Una última posibilidad es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordene un juicio ante la CPI. Sin embargo, Rusia cuenta con el derecho de veto e impediría una resolución de este tipo.
Peredo ve “muy difícil” que Putin “pudiera llegar a ser juzgado porque en la fase que estamos de guerra abierta, lógicamente lo más deseable es que se consiguiera crear un marco de negociación para poner fin a la guerra, y en la creación de ese marco de negociación Rusia es una parte”.
Investigaciones lentas y costosas
Las investigaciones de la Corte Penal Internacional pueden durar años, según explica Espaliú, “dada la gravedad de estos crímenes”. “Estas investigaciones son lentas, costosas y muy metódicas. Normalmente son extremadamente complicadas y más en este caso, ya que lo van a hacer en un conflicto armado abierto de unas dimensiones muy importantes”, indica.
Por su parte, Araceli Mangas asegura que este tipo de investigaciones “llevan un tiempo porque van con equipos de forenses, médicos, expertos militares… para comprobar el tipo de armamento, el origen de las bombas, los daños que se han producido...”. “Requiere buscar pruebas importantes y puede llevar por lo menos unos meses”, añade.
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En cuanto a las evidencias, Mangas asegura que “los medios de comunicación las pueden dar si no manipulan sus vídeos o sus fotos”. “De hecho, en varios tribunales internacionales, tanto en el de Nuremberg en relación con los nazis como en el tribunal en relación con la antigua Yugoslavia, ese tribunal penal y la actual CPI permiten que las fotos de periodistas que no estén manipuladas puedan servir de prueba”, detalla.
Los precedentes
Los fiscales de la Corte Penal Internacional han presentado cargos durante los últimos 20 años contra líderes civiles y militares en varios países, aunque no han logrado llevar a muchos ante la Justicia, como es el caso del líder de las milicias ugandesas del Ejército de la Resistencia del Señor, Joseph Kony, acusado de crímenes de guerra. Aunque se ha emitido una orden de arresto internacional, continúa en libertad.
El CPI emitió dos órdenes de arresto contra el expresidente sudanés Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019 tras una revuelta cívico-militar, por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad por presuntos abusos cometidos bajo su mando en la región de Darfur. Todavía no ha sido entregado a la corte.
El catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea señala como “los precedentes más claros” los crímenes en la antigua Yugoslavia y en algunos países africanos. “Fue juzgado Milosevic, el presidente serbio, por crímenes contra la humanidad, por limpieza étnica y los asesinatos de civiles. También fue juzgado Karadzic, líder de los serbios de Bosnia”, explica Peredo, quien añade que “no es el mismo caso que Ucrania”. “En este caso se trata de una agresión de un Estado contra otro Estado en el que podría haber crímenes contra la humanidad”, recalca.
Por su parte, Araceli Mangas asegura que “la guerra de Rusia contra Ucrania es la primera de ámbito europeo que podría en algún caso ser vista por la Corte Penal Internacional”. “La mayoría de los jefes de Estado y primeros ministros que han sido juzgados han sido fundamentalmente en cortes ad hoc, cortes específicas que se crearon antes de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes ocurridos en guerras terribles como la de genocidio que ocurrió en Ruanda y también lo que ocurrió en Yugoslavia”, asevera.