Los países de la Unión Europea (UE) han llegado este miércoles a un acuerdo político para imponer más sanciones a Bielorrusia por su cooperación con Rusia para invadir Ucrania y que incluyen medidas restrictivas contra varias personas y también contra sectores económicos.
Los embajadores de los Veintisiete, reunidos en el Comité de Representantes Permanentes de la UE, han dado su visto bueno a este nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, que entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión.
Estados Unidos ha anunciado este miércoles restricciones a las exportaciones de tecnología que puedan apoyar la capacidad de Rusia de refinar petróleo, así como sanciones a 22 entidades relacionadas con su sector de Defensa.
En esta línea, el Departamento de Comercio estadounidense ha extendido este miércoles a Bielorrusia los controles de exportaciones impuestos a Rusia con fin de "degradar significativamente" la capacidad de Minsk de respaldar la invasión rusa de Ucrania, según ha informado EFE.
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - UE: paquete de castigo para la economía y tecnología rusas - Escuchar ahora
Militares implicados en la agresión contra Ucrania
En concreto, se impondrán nuevas sanciones a funcionarios y militares bielorrusos implicados en la agresión rusa contra Ucrania, según ha especificado la presidencia francesa del Consejo de la UE.
Además, ha indicado que las medidas restrictivas también se centrarán en ciertos sectores de la economía bielorrusa, en particular los de la madera, el acero y el potasio.
La condena a la complicidad del gobierno de Lukashenko con Rusia fue también remarcada por el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, el pasado 25 de febrero.
La UE había advertido de que impondría más sanciones a Bielorrusia por su papel en la invasión de Ucrania, ya que ha permitido que tropas rusas utilicen su territorio para agruparse y cruzar su frontera hacia territorio ucraniano.
Igualmente, ha condenado que Bielorrusia haya puesto fin la semana pasada a su neutralidad nuclear a través de un referendo constitucional que la UE no ha considerado democrático, un paso que, para Bruselas, es la antesala de que Rusia coloque sus armas atómicas en su territorio.
Las sanciones también alcanzan a sus exportaciones de combustibles minerales, tabaco, madera, cemento, acero y hierro. En esta línea, uno de los objetivos es sancionar a los "bielorrusos que ayuden al esfuerzo bélico ruso", tal y como apuntó entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
El anuncio formal de este pacto se produce después de que el pasado 27 de febrero la Unión decidiera enviar armas a Ucrania. Entonces, también aprobó el paquete de sanciones económicas a Rusia, vetando también a sus medios 'RT' y 'Sputnik', y sanciones dirigidas tanto a Bielorrusia como a su presidente, Alexandr Lukashenko, por colaborar con Moscú y permitir el ataque a Ucrania desde su territorio.
Asimismo, estos compromisos han sido expresados de forma pública por la Comisión Europea a través de sus redes sociales.
La Unión ya sancionó a Bielorrusia tras las elecciones "injustas" de 2020
Tras las elecciones de agosto de 2020 en Bielorrusia que volvió a ganar su presidente, Alexandr Lukashenko, y que la UE no consideró justas ni libres, y la consecuente represión violenta de manifestantes, los Veintisiete empezaron a imponer sanciones a ese país que se han ido completando posteriormente con más rondas.
Entonces, las medidas restrictivas empezaron a responder a la táctica bielorrusa de fomentar el paso irregular de migrantes por sus fronteras con la Unión, a fin de desestabilizar políticamente a la UE. Las medidas restrictivas incluyeron al propio Lukashenko y a sectores económicos bielorrusos.
La quinta ronda de sanciones que la UE aprobó contra Bielorrusia a finales de 2021 afectaba a miembros prominentes del poder judicial, incluido el Tribunal Supremo y el Comité de Control del Estado, así como a los medios de propaganda, que contribuyen a "que continúe la represión de la sociedad civil, la oposición democrática, los medios de comunicación independientes y los periodistas”, según ha indicado EFE que consideraban los europeos.
Igualmente, iba dirigida a funcionarios de alto rango del régimen y a empresas como la aerolínea Belavia, operadores turísticos y hoteles que, a juicio de los Veintisiete, habían “ayudado a incitar y organizar cruces fronterizos ilegales a través de Bielorrusia hacia la UE", y que de esa manera "participaron en la instrumentalización de la migración con fines políticos”.