La Conferencia Episcopal Española (CEE) asegura que quiere dar "un paso más" en su "obligación de transparencia social" y en la "reparación" de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, y afirma que esa es la razón por la que ha decidido encargar una auditoría independiente que investigue estos casos.
El presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, ha argumentado así la decisión durante una rueda de prensa ofrecida para dar cuenta de los detalles de esa investigación que llevará a cabo, de manera gratuita, la firma legal Cremades & Calvo Sotelo.
La iniciativa llega después de la polémica suscitada tras los numerosos testimonios de víctimas que han salido a la luz en las últimas semanas, unos casos sobre los que la Iglesia católica ha vuelto a pedir perdón este martes, a través de Omella: "La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que esto pueda volver a ocurrir en el futuro", ha subrayado el cardenal en un momento en el que está aún por ver si sale adelante la propuesta del Gobierno de encargar al Defensor del Pueblo una comisión de investigación para estudiar la pederastia cometida en esta institución.
Al margen de otras vías de investigación que están sobre la mesa, Omella ha recalcado el interés de los obispos en que la auditoría sirva para "colaborar con las autoridades" y reparar el daño: "Nos parece que tenemos que dar un paso más al frente en esa ayuda y ese apoyo a las víctimas".
14 Horas - Un despacho de abogados llevará a cabo la investigación de los abusos de la Iglesia - Escuchar ahora
Durará un año y estudiará los casos ocurridos "sin límite temporal"
Según detallaron la CEE y el despacho de abogados este lunes en un comunicado conjunto, la auditoría abrirá un "cauce independiente" para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos "tendentes a sancionar las prácticas delictivas", además de ofrecer su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención "que satisfaga las demandas sociales al respecto".
Este martes, amabas partes han ahondado en los detalles de la investigación y han explicado que la audotoría tendrá una duración inicial de un año, estudiará los casos ocurridos en el pasado "sin límite temporal" y colaborará con las autoridades con el objetivo de aportar "luz y transparencia a la investigación".
Omella también ha indicado que la investigación "deberá tener toda la amplitud necesaria" para esclarecer tanto los casos del pasado, como para evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro y, aunque no han concretado si habrá indemnizaciones para las víctimas, se han comprometido a "reparar" el daño causado.
El presidente del despacho de abogados que realizará la audotoría, Javier Cremades, ha reconocido, por su parte, que se trata de una cuestión "delicada y difícil", el asunto "más complejo" que, dice, ha abordado hasta la fecha su despacho, que espera contar con la participación de las víctimas, los medios de comunicación y las oficinas de las diócesis que llevan meses recabando datos.
Su investigación seguirá el ejemplo de Francia, Irlanda, Australia y especialmente Alemania, donde la diócesis de Múnich encargó una investigación similar a un despacho de abogados y cuyos responsables viajarán cada mes a Madrid para aportar su metodología.
Respecto a las propuestas de investigación realizadas desde el ámbito político, el abogado ha señalado: "No venimos a suplir, sino a complementar; no vamos a ser una alternativa a lo que los poderes públicos pueden hacer, sino a ayudarles a cumplir su función", ha explicado Cremades, que al comenzar la rueda de prensa ha querido presentarse también como católico y miembro de Opus Dei.
Varias propuestas sobre la mesa para investigar estos casos
Desde que el pasado 6 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión de investigación (una propuesta que aún necesita el visto bueno del pleno del Congreso de los Diputados) la CEE no se había pronunciado sobre su posible participación en la misma.
También sobre la mesa está la creación de una comisión de investigación parlamentaria propuesta por Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, así como una proposición no de ley del PNV que insta al Gobierno a designar un grupo de expertos independientes que investigue los casos de abusos a menores en la Iglesia católica.
La Cámara Baja aún tiene que decidir sobre estas iniciativas, mientras se van conociendo nuevos testimonios de víctimas y declaraciones de algunos prelados, como el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que animan a denunciar los abusos y apoyan una investigación sobre los mismos.
Mientras, las 17 fiscalías autonómicas han informado de la existencia de un total de 68 investigaciones en curso sobre abusos sexuales a menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, la mayor cantidad residenciadas en Cataluña, donde actualmente se acumulan 14 investigaciones de este tipo.