La investigación de los casos de abusos en la Iglesia católica ha entrado en esta semana en una fase crucial. Por la vía política, el Congreso ha dado el primer paso para investigar los casos, mientras que la Fiscalía se ha hecho cargo de este proceso en su vertiente judicial, y unificará todas las denuncias sobre casos de pederastia clerical en manos de las fiscalías superiores.
El desgarrador testimonio del escritor Alejandro Palomas, que ha confesado haber sufrido abusos en su infancia, junto a la investigación iniciada en diciembre por el Vaticano de más de 200 casos inéditos en España, han dado de nuevo visibilidad al escándalo. Este jueves, Pedro Sánchez recibió a Palomas y se comprometió, según declaró el escritor, a hacer todo lo que estuviera en su mano.
Se sabe muy poco de la magnitud de este escándalo, y los números varían de aquellos casos reconocidos por la Iglesia católica, a otros de investigaciones independientes o los recogidos por los medios. Radiografiamos un fenómeno que salpica a diócesis y órdenes religiosas de toda España, y que ha afectado a cientos de víctimas durante décadas.
¿Cuántos casos hay?
A diferencia de otros países, donde ha habido un recuento oficial por parte del Estado o de las instituciones religiosas, España no tiene ningún registro público de todos los casos de abusos. La Iglesia contabiliza 220 denuncias a sacerdotes desde 2001 a 2021, año en el que hizo público por primera vez estas cifras, y con datos proporcionados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución vaticana que se encarga de investigar estos casos. De ellos, 151 se han resuelto y 69 siguen abiertos.
Otro recuento, el del diario El País, eleva a 611 casos y 1.246 las víctimas de abusos en la Iglesia desde 1945 hasta 2018. Se basa en las denuncias recogidas por el propio periódico, en las sentencias judiciales y en los casos publicados en medios de comunicación. 251 de estos casos son inéditos y fueron entregados al Vaticano para su investigación.
Según los datos del CGPJ, los tribunales ordinarios han dictado en los últimos 30 años 33 condenas a sacerdotes por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 32 años de presión.
Algunas congregaciones han iniciado investigaciones internas, aunque en la mayoría de ellas los resultados no se han dado a conocer. La primera en hacerlo ha sido la de los jesuitas, que reconoció más de 100 casos de abusos, 81 de ellos a menores, desde 1927 a la actualidad. Se comprometió además a indemnizar a las víctimas. Los maristas de Cataluña han reconocido a 25 víctimas tras una pionera comisión de la verdad, y también las indemnizará.
Las asociaciones de víctimas de abusos creen que la cifra de menores afectados puede ser de "miles", muchas más de las que reconoce la Conferencia Episcopal, según publicó en una carta a Pedro Sánchez Manuel Barbero, padre del niño que destapó el caso de los maristas en Cataluña y presidente de la asociación Mans Petites.
¿Quién los investiga?
Los casos pueden ser investigados tanto internamente por parte de la Iglesia, mediante el derecho canónico, como por la vía de los tribunales. Hace dos años las 70 diócesis españolas abrieron Oficinas de Atención a las Víctimas por orden del papa Francisco para recibir las denuncias. En ellas, si la persona que denuncia está de acuerdo, pueden tramitar el caso a la justicia ordinaria.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal no ha iniciado ninguna investigación general que abarque todas las diócesis. Las congregaciones, que concentran el mayo número de casos, no están sujetas la autoridad de los obispos y no tienen obligación de notificar las denuncias que reciban.
Al margen del proceso canónico, las víctimas pueden denunciar directamente a la Justicia, o bien la propia diócesis puede trasladar su caso para que lo investiguen las autoridades civiles. El problema, en este caso, es que muchos de los delitos ya han prescrito y las querellas terminan archivadas. Los delitos de abusos prescriben, según su gravedad, entre los cinco y los 15 años a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años. Anteriormente, este plazo empezaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años, algo que cambió con la ley de protección a la infancia, aprobada el año pasado.
¿Cómo actúa la Iglesia ante las denuncias?
La respuesta varía mucho según la diócesis y la congregación religiosa. Uno de los pocos informes públicos sobre el tema, del Síndic de Greuges -el equivalente en Cataluña del Defensor del Pueblo-, analizaba en 2020 cómo actuaban las congregaciones cuando recibían denuncias. En general, concluye, la respuesta ha sido "lenta" e "insuficiente" y no han mostrado una actitud proactiva en la investigación de los casos, lo que genera "desconfianza" en las víctimas.
La Abadía de Montserrat fue una de las pocas instituciones analizadas que pusieron en marcha una comisión independiente tras recibir varias denuncias. Concluyó que el monje Andreu Soler, fue un "depredador sexual" y que había "rumorología suficiente" para haber actuado contra él, y sin embargo acutó con impunidad durante 30 años.
En algunos casos analizados por el Síndic, las investigaciones internas, de las que se encarga la Congregación para la Doctrina de la Fe vaticana, concluyen con el reconocimiento del dolor causado y la petición de perdón a las víctimas. Por la vía canónica, las sanciones que se aplican son la prohibición del ejercicio de funciones o de mantener contacto con menores, pero en ningún caso terminan en la expulsión de la congregación.
Las asociaciones de víctimas denuncian que durante décadas la única actuación llevada a cabo por la jerarquía eclesiástica fue cambiar de sede al agresor sexual y, en algún caso, tratar de comprar su silencio con dinero en negro -7.200 euros en billetes de 500-, como ha denunciado Miguel Hurtado, víctima de abusos en Monsterrat cuando tenía ocho años.
Un vademécum publicado en 2020 por el Vaticano daba nuevas instrucciones a los clérigos ante las acusaciones de abusos. Recomendaba actuar aunque no hubiera denuncia formal, si aparecían por ejemplo en medios de comunicación o en redes sociales, y colaborar con las autoridades públicas "incluso en ausencia de una explícita obligación legal".
La Iglesia, en contra de iniciar una investigación independiente
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha ido cambiando su postura a medida que se iban conociendo los casos. Durante años no ofreció datos exactos, hasta que la llegada de Francisco I al papado impuso un nuevo paradigma y ordenó a las autoridades eclesiásticas investigar cualquier sospecha de abuso, no solo las denuncias formales. En 2021 dio cifras por primera vez, aunque en ellas no se aportaban detalles como el número de víctimas, ni las fechas o diócesis en las que ocurrieron los abusos.
Esta semana, el presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno, calificaba de "hipócrita" que el Congreso investigara solo los abusos de la Iglesia, sin ampliarlo a otros ámbitos. "Será injusto si se centra solo en la Iglesia católica", afirmó en una entrevista en exclusiva para el informativo de RTVE Catalunya.
Poco antes, en enero, la CEE defendió que las diócesis recogieran las denuncias de abusos, pero rechazó crear una comisión independiente, como ha ocurrido en Portugal y en otros países. "No hace falta multiplicar entes. En cada diócesis hay la parte de los tribunales y el servicio de atención a las víctimas", aseguró.
El Gobierno, a favor de la comisión de investigación; PP y Vox, en contra
A nivel político, Unidas Podemos ha sido uno de los principales impulsores de la comisión de investigación en el Congreso. El partido, que calificó los hechos de "abominables", fue el que presentó la iniciativa para que se investigaran los hechos en la Cámara Baja, junto a ERC y Bildu. Un año antes, la ahora líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, causó una gran polémica al acusar a la Iglesia de "encubrir" los casos y de ser "cómplice" de los abusos.
El PSOE ha apoyado en la Mesa del Congreso la iniciativa para crear la comisión, un primer paso que tendrá que ser refrendado en la Junta de Portavoces después y en el pleno más adelante, aunque ahora se debaten sobre qué forma tendría que tener esta. Podría ser una comisión de expertos independientes, como propone el PP, o una de investigación dentro de la Cámara Baja. Los socialistas han señalado que pretenden apoyar solo una de las dos, si bien Unidas Podemos y los grupos que presentaron la petición ven compatibles que se desarrollen las dos a la vez.
Por su parte, el PP y Vox han votado no a crear una investigación independiente. Los de Pablo Casado creen que la comisión no debería centrarse solo en los abusos en la Iglesia, sino investigar los casos de pederastia en general, y ambos partidos consideran que la Iglesia no puede ser objeto de control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales.
¿Qué opinan las víctimas?
Las víctimas de abusos llevaban años reclamando una investigación oficial por parte del Estado para conocer la magnitud del problema y depurar responsabilidades. Creen que las medidas internas tomadas por la Iglesia no son suficientes. "El modelo que no funciona es que la Iglesia se investigue a sí misma y que elija a dedo los expertos, porque van a exonerar a la jerarquía católica", ha asegurado en TVE Miguel Hurtado, víctima de abusos y activista.
"Lo que está sucediendo estas semanas es increíblemente importante", ha señalado Hurtado, que ve un buen primer paso la apertura de la comisión en el Congreso y los avances de la Fiscalía, pero cree que habría que ir más allá y crear una comisión de la verdad, similar al creado en Reino Unido o en Australia. Esta iría más allá de los casos de la Iglesia, y podría investigar también casos de pederastia en la educación o el deporte. Para ello, esta semana Hurtado ha presentado 50.000 firmas en la Cámara Baja.
Otra de las reclamaciones más compartidas por las víctimas es que no prescriban los casos de abusos sexuales a menores, más allá del avance que supuso la ley de infancia. Es el caso de Esther Pujol, una de las pocas mujeres que ha denunciado al religioso que abusó de ella, ya que el 80% de los denunciantes son hombres. Cuando ya era adulta y pudo asimilar que había sufrido una agresión sexual a los 10 años, el delito ya habia prescito. "Es muy frustrante que cuando nos empoderamos, cuando tenemos el valor de afrontar un proceso tan duro, nos topamos con muros", explicaba a RTVE.
Esther Pujol: "He passat de recordar uns abusos a una agressió sexual"
¿Cómo es la situación en otros países?
Desde que a finales de los años 90 del siglo pasado empezaran a destaparse los primeros casos de abuso por parte de la Iglesia católica en el mundo, y de que en 2002 la investigación del Boston Globe sobre los casos en Estados Unidos conmocionara a la opinión pública, son muchos los países que han abordado este fenómeno.
Uno de los pioneros fue Bélgica, cuya Conferencia Episcopal publicó un informe que desvelaba la existencia de más de 450 víctimas, 13 de las cuales se suicidaron, entre 1960 y 1985. En Francia, una comisión independiente destapó a finales del año pasado 330.000 casos de abusos sobre menores o personas vulnerables desde 1950 en el seno de la Iglesia.
Se trata de un porcentaje de incidencia sobre el total de religiosos de entre el 2,5 y el 2,8 %, inferior a otros países donde se han hecho estudios similares, como Alemania (4,4 %), Estados Unidos (4,8 %), Australia (7 %) o Irlanda (7,5 %). En España, las condenas judiciales de pederastia afectan a menos del 0,2 % de religiosos, lo que muestra la necesidad de llevar a cabo un "estudio específico y exhaustivo del problema", según un estudio de la UOC.
En Alemania, varios informes de distintas diócesis, encargados a comisiones independientes, han destapado en los últimos años más de 4.000 casos. El último salió a la luz el pasado enero, y reveló casi 500 víctimas y 235 agresores en la archidiócesis de Múnich. Este mismo informe señalaba a Benedicto XVI por no actuar ante cuatro casos de pederastia cuando era arzobispo de esta ciudad.
Uno de los informes con más relevancia internacional fue el encargado por el propio Vaticano sobre el caso del exarzobispo de Washington, Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio en 2019 tras haber sido condenado por abusar sexualmente de seminaristas menores de edad. En él, concluían que Benedicto XVI y Juan Pablo II no actuaron con suficiente contudencia: el primero no lo sometió a un juicio canónico y el segundo lo nombró arzobispo a pesar de las acusaciones.
14 horas - Un informe del Vaticano reconoce que Benedicto XVI y Juan Pablo II se fiaron del ex arzobispo McCarrick pese a las sospechas de abusos - Escuchar ahora