La propuesta de viabilidad para la planta de Alcoa San Cibriao, la única de aluminio primario que queda en España, se ha firmado este miércoles, tras el referéndum del martes en el que la mayoría de la plantilla apoyó la propuesta última de la multinacional de interrumpir durante dos años la fabricación de ese elemento químico.
El comité de empresa ha informado de la firma del documento que recoge el cese temporal de la actividad de electrolisis y de la planta de ánodos hasta el 31 de diciembre de 2023. El proceso se iniciará a partir del 1 de enero de 2022 y deberá estar finalizado en un plazo máximo de tres semanas.
De un total de 1.063 trabajadores censados, los votos emitidos han sido 808, y, de ellos, 663 a favor (69,68 %), 196 en contra (24,26 %), 40 en blanco (4,95 %) y 9 nulos (9,11 %).
En las empresas contratistas, que también podían ejercer este derecho, el panorama ha cambiado: las papeletas han sido 180, y de estas 105 (58,3 % en contra), 54 a favor (30 %), y 21 en blanco (11,7 %).
Esto no ha impedido que se apruebe el acuerdo para poder iniciar el proceso de cese de producción de aluminio primario y posterior rearranque.
Las negociaciones desarrolladas a lo largo de meses terminaron con una única posibilidad por parte de la compañía dueña del complejo industrial de Cervo (Lugo), que insistía, debido a las dificultades económicas alegadas, en parar las cubas de electrolisis durante esos veinticuatro meses.
Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía
La propuesta de acuerdo que ahora sí ha sido refrendada contempla que Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPAs), que entrarían en vigor a partir del 2024 y tendrían una vigencia a 10 años.
Asimismo, como ha informado el propio grupo, accede a la creación de una mesa de seguimiento del acuerdo y de las inversiones pactadas, formada por el comité de empresa -dos miembros por sindicato-, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que se reunirá con frecuencia mensual los seis primeros meses y de manera trimestral pasado ese medio año.
En cuanto a los planes para 2022 y 2023, la compañía ofrece garantía de facturación para las auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres anualidades (de 2022 a 2024) para aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal.
De hecho, la empresa ha comunicado que se prevé que las inversiones programadas y otras cuestiones generen la necesidad de prestación de servicios por parte de dichas auxiliares.
Otro de los compromisos tiene que ver con la preferencia de contratación por parte de Alcoa para las empresas de suministros y transportistas locales.
Con respecto a las inversiones previstas para los dos primeros años, prevé 42 millones de euros para transporte y carga, paso a gas y reconstrucción del horno de cocción para ánodo grande; 6 millones de euros para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; así como la adquisición de un horno de homogeneizado, valorado en 3 millones de euros, y de barras de compensación magnética, por un importe de doce millones.
Entre los gastos previstos figuran otros cinco millones de euros para la instalación de cuatro nuevas mesas de colada para la fabricación de tochos de aluminio.
Un depósito bancario de 103 millones de euros
Por otra parte, la multinacional se compromete a efectuar un depósito bancario por importe de 103 millones de euros, resultado de la suma de las inversiones comprometidas y coste del rearranque de las instalaciones, a disposición de Aluminio Español S.L. y cuya gestión sería compartida con el comité de empresa, bajo la fiscalización de las administraciones.
Según la propuesta, con carácter mensual se irían liberando los importes justificados de las inversiones que se fueran ejecutando, siempre con el consentimiento del comité, quedando el restante a disposición de un tercero en caso de incumplimiento.
A cambio, los trabajadores debían aceptar, como ha ocurrido, el cese temporal con parada programada de la actividad durante dos años en Electrolisis y Electrodos a partir del 1 de enero de 2022, con finalización del proceso en tres semanas.
El rearranque al 100 % (actualmente en el 85 %) de la actividad se produciría a partir del 1 de enero de 2024, con una estimación de 6 meses para el reinicio de la actividad y una reserva de 35 millones de euros para realizar las operaciones necesarias.
Seguirá no obstante la actividad en Fundición y en la Planta de Alúmina, para lo que la compañía ha facilitado el plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa de aluminio.
De ese modo, “los compromisos con los clientes no se verían afectados. Alcoa optimizaría la refusión del aluminio primario producido durante el periodo de huelga, así como el de otros suministradores”, señala la nota de la dueña de las instalaciones.
Otra de las claves de la propuesta es el compromiso por parte de la empresa de que no realizará ningún tipo de proceso de despido colectivo durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025, además de darle luz verde a un nuevo convenio colectivo con vigencia de seis años -de 2020 a 2025-.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha advertido de que la plantilla va a pasar los próximos dos años "los peores momentos de su vida laboral", debido al cese de la producción, una decisión que entiende ya que los trabajadores optaron, a su juicio, por la opción "menos mala".
"Había dos soluciones y la plantilla entendió que una era la menos mala", ha destacado Zan en declaraciones a los periodistas este miércoles. Al respecto, ha constatado que "nadie puso sobre la mesa una solución que diera viabilidad" para los años 2022 y 2023. "Con que hubiera cubierto una pequeña necesidad para que al menos esas 200 cubas se pudieran haber mantenido, habría sido distinto. No es lo mismo una bajada de producción que un cese de la actividad", ha incidido.
El Gobierno apoya la decisión de los trabajadores
El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, apoya la decisión adoptada por los trabajadores de Alcoa "porque garantiza el empleo y las inversiones en la fábrica de San Cibrao que son necesarias para lograr la viabilidad de la planta", opina la ministra Reyes Maroto, "y muestra su compromiso con convertir A Mariña en un polo industrial con futuro tal como había defendido desde el primer día el Gobierno".
La responsable de Industria agradece a toda la plantilla su responsabilidad tanto ahora como a lo largo de todo el conflicto para llegar a una solución definitiva que garantice los puestos de trabajo y las capacidades industriales.