El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves que incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumplen los proyectos educativos en los centros y se dan todas las clases previstas en catalán. Además, la Generalitat pondrá un docente de refuerzo en las aulas que impartan el 25% de clases en castellano.
Tras una "cumbre" de la lengua con entidades sociales, culturales y asociaciones con el objetivo de dar respuesta a la sentencia sobre el uso del castellano en la escuela, en el Palau de la Generalitat, el 'president' ha explicado las medidas que adoptará para defender el modelo "de éxito" y "convivencia" de inmersión lingüística.
Además de incrementar las inspecciones y encargar un análisis de la situación del catalán en la escuela que llevará a cabo la Universidad de Barcelona (UB), también ha anunciado que Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas afectadas por decisiones de los tribunales y aprobará una nueva legislación para hacer frente a la "ofensiva judicial, mediática y política".
Consenso para elaborar la ley
Después, en declaraciones a los periodistas, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que durante los próximos meses se concretará qué forma jurídica adquiere esta modificación. Ha sostenido que se hará en consenso con partidos y entidades y se consultará a "lingüistas de referencia" en un contexto de auge del aprendizaje por competencias.
Gonzàlez-Cambray ha asegurado que los centros en los que se aplique este refuerzo docente podrán decidir cómo se organizan para aprovechar dicho incremento.
Los refuerzos son de 35 docentes porque es el número de aulas en las que hay actualmente una orden judicial de aplicar el 25% de enseñanza en castellano, si bien están pendientes de un recurso de apelación por parte de la Conselleria.
"Todo ataque a la lengua y las herramientas que garantizan su progreso es un ataque a los pilares de la convivencia. No solo nos jugamos el futuro de la lengua sino que nos jugamos una idea común de país y el futuro de Catalunya tal y como la hemos entendido hasta ahora", ha afirmado el presidente de la Generalitat.
Debate político y choque entre Gobierno y oposición
Esta decisión llega en respuesta al fallo del Tribunal Supremo (TS) que fijó un 25 % de castellano como lengua vehicular. Tras esta sentencia, la familia de un menor Canet de Mar (Barcelona) pidió recibir clases en castellano con el mínimo establecido, que acabó siendo el blanco de acoso en redes.
La situación ha acabado desembocando en un debate político sobre el modelo lingüístico catalán. Esta semana, ha habido un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por el caso de Canet de Mar. El líder 'popular', Pablo Casado, espetó en el Congreso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué coño tiene que pasar para que asuma algún tipo de responsabilidad" tras acusarle de haber dejado "abandonado" al menor.
La Asociación de Familias (AFA) de la escuela Turó del Drac del municipio barcelonés ha pedido este jueves a partidos y entidades que no conviertan este colegio "en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas". Ha criticado que se haga un "relato falso" cuando la escuela "respira un clima de cohesión" y carga contra la sentencia del TSJC.