La Comisión Europea ha abierto la puerta este miércoles a que los países que lo deseen puedan organizar compras conjuntas de gas, como pedía España, pero siempre voluntarias y limitadas a casos de emergencia entre los que no estaría una escalada de precios como la actual, que sigue desbocada y este jueves superará los 300 euros por megavatio hora (MWh), aunque sí los cortes de suministro.
Según la propuesta de Bruselas, los estados miembros que quieran iniciar una operación conjunta de adquisición de gas tendrán que avisar al resto de socios y a Bruselas, y posteriormente serán los operadores y transportistas eléctricos (TSO, en inglés), como Red Eléctrica en España, los que asumirán la operación. Sin embargo, estas compras solo se podrían realizar en casos de emergencia, básicamente cortes de suministro, y fuentes comunitarias descartan que la escalada actual de precios energéticos reúna las condiciones.
Precisamente las compras conjuntas de gas y el almacenamiento estratégico son dos soluciones que el Gobierno español puso encima de la mesa para hacer frente al incremento actual de los precios energéticos y que ahora la Comisión Europea recoge, aunque con un alcance limitado. “Corresponde a los Estados miembros decidir los parámetros de la acción conjunta y avisar a la Comisión, quien asegurará que se respetan el mercado energético y las normas sobre ayudas públicas”, explicó en rueda de prensa la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Europa abierta - La compra conjunta de gas divide a la UE - escuchar ahora
Con respecto al almacenamiento, Bruselas plantea un enfoque “más estratégico” en el que pide a los países que evalúen de forma continua sus niveles de almacenamiento y aporta una serie de opciones si identifican riesgos, como obligar a mantener un nivel mínimo de gas o la organización de subastas.
El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico, que continúa desbocado y alcanzará este jueves el segundo precio máximo consecutivo, se explica principalmente por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), ambos en cotas nunca vistas hasta ahora. Y parece no tener fin. Según el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, el precio del gas continuará siendo alto durante el primer trimestre del año y la bajada no se empezará a notar hasta la primavera.
Aún debe ser negociado por los Estados miembros y el Parlamento
Estas nuevas cuestiones planteadas por Bruselas están incluidas en dos normativas que todavía deben negociar los Estados miembro y el Parlamento. Precisamente este jueves se reúne en Bruselas el Consejo Europeo, que tiene entre los puntos del día abordar los precios de la energía después de que países como España insistieran en la prioridad de abordar estas cuestiones.
El objetivo de las dos normativas europeas es aumentar en el mercado la proporción de gases renovables, como el biometano o el hidrógeno verde, y de aquellos cuyas emisiones de gases de efecto invernadero son mucho menores que el gas de fuentes fósiles. Estos gases más limpios apenas representan actualmente el 5 % del mercado y la Comisión plantea descuentos del 75 % en las tarifas de entrada al mercado y eliminar otros gravámenes en operaciones entre distintos países, entre otras medidas.
Además, propone que los contratos de largo plazo inalterados de combustibles fósiles no puedan ser prorrogados más allá de 2049 a fin de que este recurso no que de “enclavado” en el mercado energético del bloque y dejar más espacio a las alternativas renovables. La prohibición de extender estos contratos, ha señalado la comisaria de Energía, es algo que "ya conocen" todos los actores del mercado porque la UE se ha comprometido a descarbonizar su economía a mitad de siglo y busca evitar que se abran nuevas instalaciones de producción de gas, la idea que está detrás de la firma de este tipo de acuerdos.
Otro de los elementos centrales de la reforma es impulsar un mercado específico para el hidrógeno, crear un “entorno correcto” para inversiones en este recurso y “permitir el despliegue de una infraestructura específica” que incluya intercambios comerciales con terceros países. Bruselas contempla dos fases en este proceso -antes y después de 2030- y la iniciativa cubre aspectos como el acceso a infraestructuras de hidrógeno, la separación entre las actividades de producción y transporte y la fijación de tarifas.