La coalición de Gobierno sumó este viernes dos frentes que han elevado la tensión entre ambos socios. Por un lado, las acusaciones de supuestas "injerencias" de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, "avanzada y encauzada" por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según su formación.
Por otro, una iniciativa insólita que ha abierto una crisis institucional: Unidas Podemos ha anunciado una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por acatar la sentencia del Supremo que inhabilita al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. El choque se ha escenificado en Twitter, donde la líder de los 'morados', Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de ceder a las presiones del Supremo.
La llamada de Batet a Alberto Rodríguez para comunicarle que perdía su escaño desencadenó una oleada de críticas desde Unidas Podemos y el anuncio de una querella que -han precisado después el ministro Alberto Garzón y Pablo Echenique-, interpondrá el afectado "a título personal". Pero el choque no terminó ahí, y la tarde del viernes se fue caldeando con reproches y acusaciones entre miembros de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Con el segundo encontronazo del día entre los socios de coalición -el primero fue la acusación de injerencias contra Calviño- el partido socialista mostró su apoyo a la jefa del Legislativo reiterando su postura de "respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones".
Encontronazo entre Belarra y el poder Judicial
Pero la visión de sus socios de coalición es muy diferente y algunos miembros del partido, entre ellos la ministra Ione Belarra -que forma parte del Ejecutivo-, lanzaron ataques directos contra el Tribunal Supremo -máxima instancia del poder Judicial-, que provocó que el órgano de Gobierno de los jueces, el CGPJ, reprochase a la ministra sus acusaciones.
"Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación", escribió Belarra en Twitter.
La respuesto del CGPJ se produjo a los pocos minutos: "Mas allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable", reza el texto.
La reacciones no dejaban de crecer con cada nueva manifestación y al poder Judicial respondió el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique: "Espera que salen los que llevan más de 1000 días llevándoselo calentito con el mandato caducado y sin legitimidad democrática ninguna. Los que faltaban", escribió en tono irónico en Twitter. En la misma línea se ha manifestado otro miembro del Legislativo, el diputado Jaume Asens, que afirma que "el único comunicado legítimo de un CGPJ ilegítimo, con casi 3 años en funciones, es el de su disolución".
Echenique, en una entrevista en TVE previa a la respuesta del Supremo sobre Rodríguez, señaló que la sentencia contra el diputado no incluía la retirada del acta y añadía que había quien estaba "maniobrando para quitársela". Tras conocerse la decisión de Batet, la formación morada arremetió contra ella por ceder "ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", una decisión, añaden que ha tomado "de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso".
PP y Ciudadanos piden el cese de la ministra
Desde la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no actúa contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por acusar al Tribunal Supremo de prevaricar "se convertirá en su cómplice". Este sábado, el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha definido al Gobierno como "una jaula de grillos" y ha pedido "elecciones ya".
También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado el cese inmediato de Belarra por sus ataques a la Justicia y ha asegurado que Unidas Podemos es una "seria amenaza" para la separación de poderes.
Acusación de injerencias contra Calviño
La crisis entre los socios de coalición arrancó horas antes tocando otro punto sensible: la negociación de la reforma laboral. Unidas Podemos acusó a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de un intento de "injerencia" en competencias de materia laboral que corresponden al Ministerio de Trabajo. En relación a este asunto, Unidas Podemos ha pedido una reunión "urgente" al PSOE para el seguimiento del acuerdo de Gobierno de coalición, que se celebrará la próxima semana.
La vicepresidencia económica mandó un correo al Ministerio de Trabajo por el que se informaba de que tomaba la riendas del debate de esta legislación, explican fuentes gubernamentales a RTVE, algo que en Unidas Podemos consideran "gravísimo" y una "injerencia" de Calviño en el terreno competencial de Díaz.
Desde Bruselas, Pedro Sánchez quiso zanjar la polémica cerrando filas con Calviño: "No hay ninguna intromisión (...) La reforma laboral es de todo el gobierno. Afecta a muchos ministerios", subrayó. Una postura apuntalada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cuestionó "por qué no va a hablar el Ministerio de Economía" sobre la reforma laboral.
El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla la derogación de la reforma laboral del PP de 2012. El pasado domingo, durante el 40º Congreso del PSOE, el propio presidente del Gobierno prometió de nuevo derogar la reforma laboral. El punto de fricción se produce porque aún se desconoce si la reforma se hará de forma íntegra o si será parcial y solo incluirá los aspectos más lesivos. Calviño defiende esta última postura.
Fuentes del Ministerio de Trabajo subrayan que negocia desde el 17 marzo con los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) la reforma laboral, en "completa coordinación" con todos los ministerios que puedan verse afectados. Las negociaciones están muy avanzadas, posteriormente llegará al Consejo de Ministros para que se apruebe antes del 31 de diciembre.
Este mismo sábado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en pleno roce con los socios de gobierno que van a derogar la reforma laboral "a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas". Minutos después, Adriana Lastra ha asegurado que la reforma laboral la va a derogar el PSOE.