Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada fueron los últimos asesinados de ETA. Tenían 27 y 28 años cuando, el fatídico 30 de julio de 2009, estos dos guardias civiles se subieron a su coche patrulla, un Nissan Patrol que llevaba aparcado cuatro horas frente al edificio que alberga a la Policía Local y a la Guardia Civil en Palmanova, en Mallorca. Una bomba lapa adherida al bajo del vehículo les arrebató la vida. Y hoy, 12 años después, el asesinato sigue sin resolver. Sus familiares tienen todavía ocho años para que se haga justicia antes de que el crimen prescriba, algo que ocurre transcurridos 20 años.
Peor lo tiene la familia de Juan Carlos Beiro, otro guardia civil asesinado en Leiza (Navarra) el 24 de septiembre de 2002. Había recibido junto con otros compañeros el aviso de un cartel situado en la calle en el que se leía en euskera “Guardia Civil, dale y mátalo ahí mismo. Viva ETA”. Pero éste no era más que un cebo para atraer a los agentes a una trampa mortal. Cuando llegaron para analizar y retirar el cartel, una bomba situada en un contenedor cercano fue accionada, causando una víctima mortal y varios heridos que no olvidan lo ocurrido.
Al igual que estos dos casos, se cuentan más de 300 crímenes mortales de ETA sin resolver, aunque no existe como tal un registro oficial (no lo tiene el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional no ha aportado respuestas a este medio). En 2011, ante el final de ETA, la Fundación de Víctimas del Terrorismo constituyó una Comisión de Justicia y encargó un informe sobre la situación de estos crímenes sin resolver -que cifra en más de 370- con el fin de que la disolución de la banda terrorista no se diese con “impunidad”. Desde entonces, las asociaciones de víctimas han ido trabajando en paralelo por esclarecer los casos y han ido actualizando dicho informe.
Dignidad y Justicia sitúa actualmente en 376 los crímenes sin resolver (aquellos en los que no se sabe su autor material ni intelectual). La AVT rebaja esta cifra hasta 315 y excluye los 66 asesinatos de ETA que quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977 (año en que se constituyó la Audiencia Nacional, que posteriormente llevaría los casos de terrorismo), alegando que su naturaleza jurídica es diferente y que en algunos casos sí se encontró al autor material. De cualquier forma, se calcula que más del 40% de los crímenes sigue sin culpable condenado. Pero las víctimas se niegan a renunciar a la verdad y a la justicia.
Un trabajo incesable: "Quince de los crímenes se han resuelto"
Carmen Ladrón, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), fue la autora de ese primer informe de 2011 y ha seguido trabajando desde entonces con la Audiencia Nacional, con la Fiscalía y con los juzgados provinciales para poder esclarecer los hechos.
“En un primer momento nos pusimos a intentar resolver casos, empezando por los que tenían más riesgo de prescripción. Fuimos recopilando sentencias, viendo casos en los que fuera posible hacer algo y determinar las causas de por qué no estaban resueltos”, explica Ladrón a RTVE.es. Pero también, para esclarecer los que habían prescrito, porque “la responsabilidad penal puede prescribir, pero el derecho a saber de los familiares no”.
“A día de hoy contabilizamos 315 casos sin resolver pero me quedan 92 sumarios por revisar y por eso no me gusta dar cifras cerradas”, prosigue la abogada, quien determina que el trabajo “no ha sido en absoluto fácil”. “Yo llevo diez años y no he terminado. He llegado a estar en despachos de fiscales revisando casos con papeles hasta por el suelo”, prosigue. Y gracias a su trabajo, añade, “se han llevado a juicio unos 20 casos” que estaban sin resolver, “de los cuales 15 se han resuelto” en estos últimos diez años.
Las víctimas exigen la verdad: “Cuando una herida no se cura está infectada”
Mientras, muchos siguen a la espera de conocer la verdad y de que, si todavía hay tiempo, que se haga justicia. Es una espera activa, en la que se mantienen en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las autoridades judiciales intentando colaborar en todo lo posible y luchar por que sus causas no queden impunes y en el olvido. Todo, con la esperanza de cerrar heridas y de aliviar de alguna forma el duelo, sabiendo que los familiares y amigos que perdieron nunca volverán.
“El dolor me lo llevaré a la tumba”, lamenta a RTVE.es Antonio Salvá, padre de Diego, el guardia civil que falleció junto con su compañero Saenz de Tejada en 2009. Cree que “es muy importante” conocer la verdad porque “cuando una herida no se cura está infectada y, por eso tiene que salir todo, porque la verdad es lo que cura”. “Sé que no me van a devolver a mi hijo y cuando condenen a los responsables sabré si se repara o no el dolor, pero sé que, si los buscan y los encuentran, para ellos será también un descanso, porque cuando matas se te queda grabado para siempre”, expone.
Salvá explica que hay una pista reciente que señala a dos presos de ETA en el sur de Francia y que la acusación particular, que en su caso lleva Dignidad y Justicia, ha pedido su comparecencia en la Audiencia Nacional. Destaca el trabajo que hacen para esclarecer la verdad de la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil, pero dice sentirse “absolutamente desamparado” por la Audiencia Nacional y por el Ministerio del Interior. “Es un desgaste espantoso porque ves que los que te tienen que ayudar no te ayudan, te dan la espalda y ya no te fías de las instituciones del Estado, que no funcionan”, señala, y explica que por eso decidió trabajar en política (actualmente es diputado de Vox).
Víctor López ha vivido en sus propias carnes el terror de ETA. Este guardia civil estaba de vacaciones en Leiza aquel septiembre de 2002 y fue la persona que dio el aviso de aquella pancarta trampa. “El compañero que murió estaba a un metro y medio de mí. Había un todoterreno que nos hizo de escudo y sin el cual hubiéramos muerto otros más”, explica a RTVE.es. El atentado le dejó metralla por todo el cuerpo y le reventó el tímpano del oído izquierdo, dejándole una pérdida de audición, aunque señala que el daño psicológico fue mayor, llevándole a tomar medicación los primeros años y a no disfrutar igual de su familia. “Revivo ese atentado como si fuese ayer mismo. Tengo mis secuelas, mis nervios y esos miedos que sé que no se me van a pasar”, añade.
Por eso exige saber la verdad. “No hay que olvidar, ninguna víctima que no haya tenido justicia puede caer en el olvido porque el daño sigue”, explica. Ahora, mantiene la esperanza después de que la Guardia Civil haya enviado un atestado a la Audiencia Nacional señalando a dos posibles culpables y de que esto se vaya a investigar, porque “hasta ahora no se había identificado a nadie”. “La Guardia Civil está trabajando muchísimo, está haciendo un gran trabajo”, señala. “Confío en que pronto podamos cerrar un poco este duelo y, sobre todo, que la viuda y los hijos (del agente Beiro) sepan qué pasó y quién lo hizo. Los hijos tenían seis años entonces y no han podido disfrutar de su padre ni estar con él”, manifiesta.
López también asegura que las instituciones “te van dejando de lado a medida que pasa el tiempo” y critica que no se haya juzgado a los jefes de ETA en el momento que ocurrió el atentado porque “no eran los autores materiales” y ahora, cuando faltan menos de dos años para que prescriba el delito, subraya que los crímenes por terrorismo “no deberían prescribir”. “Todo esto te supone mucha rabia, mucha impotencia y una sensación de indefensión. Los etarras están siendo beneficiados con acercamientos, les están dando formularios de arrepentimiento que son un paripé y ahora ETA está en las instituciones con Bildu”, reprocha.
Ante estas críticas, fuentes del Ministerio del Interior subrayan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con la Gendarmería francesa, han detenido en los últimos diez años a 241 miembros de ETA, localizado 35 zulos e intervenido 362 armas y 900 kilos de explosivos, y que se mantienen las líneas de investigación abiertas bajo la autoridad judicial. Por otra parte, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo mantiene cinco líneas de acción: el Proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo enfocado a la educación en las aulas; subvenciones a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en defensa de las víctimas; labor de apoyo a las mismas mediante trabajadores sociales; el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo de Vitoria; y la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo en Madrid.
Una misión del Parlamento Europeo a España
La mayoría de crímenes que siguen sin resolver se produjeron durante los años 80, cuando ETA mataba de media cada tres días, y ya han prescrito para la Justicia.
“Por eso fuimos a Europa a denunciar un desamparo institucional”, señala el vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Valentín Cotobal, a RTVE.es. El mes que viene está previsto que llegue al País Vasco una misión de investigación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reunir información sobre los crímenes de ETA sin resolver. Una iniciativa que apoyaron el pasado mes de julio los eurodiputados de PP, Ciudadanos y Vox. "Las asociaciones están haciendo un trabajo de ingeniería jurídico y social", asegura: "No hay voluntad institucional. Tenemos una lista de 47 huidos de ETA que serían fundamentales para ayudar a resolver esos casos y la Audiencia Nacional no nos da respuesta sobre su situación procesal”.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, cree que esta comisión se trata de un “paripé político” porque, para esclarecer lo ocurrido, deberían “analizar cada sumario” como hacen las asociaciones y critica que los crímenes sin resolver son “muchos más” de los que se dicen: "Muchos de los que se han dado por resueltos son incompletos, en los que se ha condenado solo a un colaborador o a la mitad del total de los autores”. Y asegura que el “precio de la paz” que respira España desde hace diez años ha sido porque las víctimas han “pagado el precio de la impunidad”.
Para que los asesinatos no queden impunes una vez prescritos, Dignidad y Justicia ha apelado a la vía de los crímenes de lesa humanidad, indicada para aquellos delitos especialmente atroces y sistemáticos contra la población civil. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya ha respondido en varias ocasiones que solo se investigarán por esta vía lo ocurrido a partir de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad se incorporó al Código Penal español.
De hecho, solo existe un procedimiento abierto de estas características en España contra líderes de ETA, el que en 2015 imputó a Mikel Karrera 'Ata', Aitzol Iriondo 'Gurbitz', Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' y José Antonio Urrutikoetxea 'Josu Ternera' por asesinatos de la banda cometidos bajo su mando.
"En los 80 no había los medios para investigar que hay ahora"
Cotobal se queja también de fallos en el sistema, de que algunas diligencias se han cerrado apenas unos días después de abrirse y que algunas causas judiciales contra ETA fueron expurgadas (al menos seis relativas a ETA fueron eliminadas en amparo de la Ley del Expurgo, que permite hacerlo cuando pasa determinado tiempo sin avances y las causas han prescrito).
Ladrón, sin embargo, no coincide en hablar de fallos en el sistema porque “hay que tener en cuenta los medios y los protocolos que existen en el momento en que se hace el atentado”, y que no es lo mismo en los años 80, cuando “la Guardia Civil no tenía la especialización que hay ahora para investigar sino que tenía que protegerse para que no les asesinaran y la Policía no tenía los cuerpos de inteligencia que tienen ahora”. Ladrón explica que el atestado policial, "en un primer momento", se instruía en los juzgados del lugar donde se producía el atentado. "Se instruía hasta donde se podía y cuando ETA lo reivindicaba o se determinaba que era un atentado terrorista, se remitía a la Audiencia Nacional, que acababa cerrando las diligencias si no había más pruebas, huellas ni testigos ni nada que hacer”, expone.
De cualquier forma, las asociaciones coinciden en la necesidad de reparación a las víctimas con la resolución de estos crímenes: “Las víctimas tienen derecho a la verdad, incluso si los crímenes han prescrito ya que el dolor de las víctimas no prescribe nunca”.