Medio centenar de municipios en Castilla-La Mancha se encuentran en pie de guerra como rechazo a las macrogranjas. Un conflicto que se vive por igual en otras comunidades como Aragón, Extremadura, Cataluña o Castilla y León. En los últimos años la ganadería industrial se ha extendido como sistema de producción intensiva y ha elegido zonas de interior y municipios pequeños para asentarse.
Gamonal, San Clemente, Quintanar del Rey, Argamasón, Priego, Cañete, Villamalea… son algunos pueblos de la meseta sur donde los vecinos se han movilizado. Ecologistas, defensores de los animales y colectivos ciudadanos como “Stop Macrogranjas” se han echado a la calle con protestas y manifestaciones para mantener sus pueblos limpios y tranquilos.
“Estamos perdiendo calidad de vida“
“Estamos perdiendo calidad de vida”, dice desde su pueblo de Albacete Inma Lozano, portavoz de Stop Macrogranjas. Los argumentos se repiten en todos los casos: la ganadería industrial, especialmente de porcino, genera malos olores, contamina los suelos y el agua y altera el concepto de vida en el campo. “Además -dice Inma Lozano- las promesas de empleo no son reales y no han servido para frenar el despoblamiento”.
Protestas de la platafoma Stop Macrogranjas
La mayor granja de Europa
En el municipio conquense de San Clemente se proyecta la mayor granja avícola de toda Europa, con más de un millón de gallinas ponedoras. La empresa promotora, Rujamar, está a la espera de una autorización de la Confederación del Guadiana para poder consumir diariamente más de 100.000 litros de agua. Su responsable, Rubén Martínez asegura que será una granja limpia y ecológica que “consumirá lo mismo que si hubiera una plantación de cebollas en regadío”.
Pero en los pueblos y pedanías de la comarca hay desconfianza. Un millón de gallinas, más otros miles de pollitas, generan toneladas de desechos contaminantes que pueden alterar la composición de los suelos y llegar a los acuíferos. “Los nitratos se filtran fácilmente y contaminan las aguas del subsuelo y los manantiales y en algunos casos ponen en peligro el suministro humano”, dice Javier Lajusticia, de Ecologistas en Acción Cuenca. Martínez explica que recogerán la gallinaza “y se utilizará como abono natural para los cultivos de la comarca”.
Autorización medioambiental integrada
Es la expresión anhelada por las empresas, la que abre puertas a sus proyectos y justifica su actividad. Una autorización ambiental integrada es requisito imprescindible para instalar una ganadería industrial. Y la concede la administración regional. En los últimos tres años la consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha aprobado por esta vía la instalación de 68 macrogranjas de aves y cerdos.
“Todos los proyectos que se aprueban cumplen la legislación vigente en materia de aguas, residuos y contaminación“
“Todos los proyectos que se aprueban cumplen la legislación vigente en materia de aguas, residuos y contaminación”, dice Marta Gómez, directora general de Economía Circular. Los técnicos evalúan la gestión de los residuos, la protección de los sistemas hidrológicos, las emisiones a la atmósfera y la protección del patrimonio, de la fauna y de la flora.
En cualquier caso, se trata de una autorización previa a la puesta en marcha de un proyecto. Luego viene el paso final que es la licencia de obra, y ésta la conceden los ayuntamientos. En la mayoría de los casos aquí es donde surge el conflicto, ya que los vecinos descubren los detalles de la instalación y aparecen las voces de rechazo que, finalmente, se plasman en los plenos municipales.
Greenpeace pide una moratoria
La organización Greenpeace ha elaborado un informe en el que alerta de la “expansión descontrolada” de la ganadería industrial en todo el país. Explica que el año pasado se sacrificaron cinco millones de cerdos y ochenta millones de aves de corral en España. Alerta de los riesgos de contaminación ambiental y de los acuíferos y pide una moratoria de diez años para se dejen de conceder nuevas licencias.
El informe considera las macrogranjas un “veneno” que se extiende por todo el país, con especial gravedad por Cataluña y Aragón. Para Greenpeace es necesario cambiar este modelo productivo basado en la ganadería intensiva, que contribuye al cambio climático y amenaza la pervivencia de muchos pueblos. Y pide, además, un impuesto para las ganaderías industriales por contaminar: “el que la hace, que la pague”, dicen en Greenpeace.