El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a los exjefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo y de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño por el encargo al excomisario José Manuel Villarejo para espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero.
En el auto de procesamiento, el magistrado incluye también al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al policía Enrique García Castaño, así como al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.
El pasado mes de julio, el juez archivó provisionalmente la investigación contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y las dos empresas cotizadas como personas jurídicas.
Todo ello en el marco de la pieza número 21 del caso Tándem, en concreto por el presunto encargo de ambas compañías, que habrían recurrido al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Brufau.
Cohecho activo y pasivo y revelación de secretos
En su auto, el magistrado atribuye a los dos jefes de Seguridad y a Girona un delito de cohecho activo, al excomisario y su socio, un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el juez atribuye este último delito a Castaño.
En el año 2011 el Grupo Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol con información reservada y llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por Castaño, entonces jefe de la Unidad Central Operativa.
El Grupo Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedades de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700 a Caixabank.
Autonomía de los jefes de Seguridad
El magistrado destaca que Villarejo era entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía y no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.
Respecto a los dos directores de Seguridad, el juez explica que ambos disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual. Así “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”.
A partir de ahora, las acusaciones disponen de un plazo de diez días para pedir la apertura de juicio oral con un escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.