España ha aprobado ocho leyes educativas en 40 años de democracia. Cada gobierno, la suya, incluso a veces antes de que la anterior norma -de distinto signo político- se hubiera implementado del todo. Una sopa de siglas -desde la LOECE de 1980 hasta la LOMLOE o 'ley Celaá' con la que ha arrancado este curso 2021-2022- que repercute en la calidad de la enseñanza, según advierten los expertos en educación.
Detrás de esta incapacidad para llegar a un Pacto por la Educación que dé estabilidad al marco normativo está, según la opinión de los especialistas consultados, el uso que los partidos mayoritarios -PP y PSOE- hacen de la educación para diferenciarse del contrario y intentar atraer cada uno a su electorado; y una forma de hacer política que prima la confrontación por encima del diálogo y el consenso. El coste no solo es social, añaden, sino también económico y llaman a alcanzar un pacto aunque sea de mínimos.
Desde 1990, cuando la LOGSE sustituyó a la antigua EGB y el viejo BUP -que se implantaron cuando aún no había terminado la dictadura franquista- por Primaria, la ESO y el Bachillerato, la estructura de los cursos ha permanecido estable, pero se han ido modificando otros aspectos referentes a los centros concertados, las asignaturas de Religión y Educación para la Ciudadanía o similares, o el porcentaje de las materias que fija el Ministerio en las comunidades con lengua cooficial propia, que acaba de bajarse del 55 al 50 %.
Actualmente además de la ley Celaá están en vigor, aunque con cambios, otras dos aprobadas por el PSOE, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, y la Ley Orgánica de la Educación (LOE) de 2006. Las dos aprobadas por el PP en 2002 y 2013 están derogadas. Pero ha habido otras tres normas más en democracia:
Tras la aprobación de la Ley General de Educación, que estableció la obligatoriedad de estudiar hasta los 14 años y la EGB en 1970, la primera norma en democracia -la Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares (LOECE) de la UCD en 1980- fue de transición e introdujo el modelo democrático en la organización de los centros y reguló las asociaciones entonces llamadas solo de padres.
Las tres leyes educativas de Felipe González
Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996) aprobaron tres leyes educativas. La primera de ellas, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, mantuvo la estructura de EGB y BUP, creó los consejos escolares y sustituyó las subvenciones a los centros privados por el actual sistema de conciertos.
La LOGSE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, aprobada en 1990, supuso el fin de la EGB y el comienzo de la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria hasta los 16 años; y la sustitución de BUP y COU por dos años de Bachillerato. Se bajó la ratio por clase de 40 a 25 alumnos y la asignatura de Religión pasó a ser optativa, evaluable pero no computable para la nota.
En 1995, llegó la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), que obligaba a los centros concertados a admitir alumnado de minorías sociales.
De la LOCE de Aznar a la LOE de Zapatero
En su segunda legislatura, el 'popular' José María Aznar logró sacar adelante la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) en 2002, cuando la LOGSE llevaba apenas un curso completamente implantada. Entró en vigor en 2003, pero cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa un año después derogó los aspectos más polémicos: los itinerarios en la ESO y Bachillerato, la Prueba General de Bachillerato, que era una especie de reválida; y que la asignatura de Religión o su versión laica -Hecho Religioso- fueran asignaturas evaluables y computables para nota.
En 2006, Zapatero sacó adelante su propia norma educativa, la Ley Orgánica de Educación, que creó Educación para la Ciudadanía, convirtió la Religión en optativa, estableció tres itinerarios de Bachillerato (Artes, Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales), estableció que para pasar de curso había que aprobar todas las asignaturas o tener como mucho dos suspensos; introdujo evaluaciones de diagnóstico en Primaria y la ESO; y fijó en el 55 % las enseñanzas comunes en las autonomías con idioma propio y en el 65 % en el resto.
De la 'ley Wert' de Rajoy a la 'ley Celaá' de Sánchez
A finales de 2013, el 'popular' Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como 'ley Wert' por el entonces ministro. Eliminaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la Selectividad, que era sustituida por reválidas en cada una de las etapas educativas, aunque estas últimas no llegaron a implantarse. Uno de sus aspectos más polémicos es que abrió la puerta de los conciertos a centros que segregan a los alumnos por sexo.
La última ley educativa aprobada en España es la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o 'ley Celaá' por la entonces ministra. El castellano ha dejado de figurar como lengua vehicular y el mínimo de las enseñanzas comunes que debe fijar el Ministerio ha descendido al 50 % en el caso de las autonomías con lengua cooficial y al 60 % para el resto. Elimina la "demanda social" para la apertura de nuevos centros concertados y cierra la puerta de fondos públicos a los que separan a niños y niñas. La Religión vuelve a no contar para nota.
La educación, un terreno para marcar las diferencias
El catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia Juan Manuel Fernández Soria cree que la falta de un marco normativo estable se debe, en primer lugar, a que "la educación se ha convertido en terreno de la competición partidista" porque a través de ella las formaciones "pueden hacer más visibles sus señas de identidad, marcar unas líneas rojas que actuarían como faro para atraer a electores".
A ello se une, en segundo lugar, el "cortoplacismo" de una política sometida a los "ritmos electorales" cuando se sabe que las leyes educativas requieren mayor tiempo para ver resultados y; en tercer lugar, la "crisis de la política, de la palabra y el diálogo". "La política tiene que ser negociación, y parece que este partidismo y cortoplacismo son un signo del declive de la política, dificultan, oscurecen la negociación", señala a RTVE.es por teléfono.
“La importancia que tanto los partidos conservadores y progresistas le dan al tema quedó muy claro en la Constitución“
Diego Sevilla Merino, catedrático jubilado de la Universidad de Granada e investigador en el campo de las políticas y reformas educativas, apunta en la misma dirección: "La educación tiene para ambos [PP y PSOE] repercusiones electorales muy claras" en un mundo donde no tienen tanto margen para hacer políticas diferentes en otras materias como la economía, la política exterior o la agricultura. "Necesitan temas para que la gente visualice que ese partido quiere hacer cosas diferentes a este otro y entonces la educación se presta a ello", añade.
"La importancia que tanto los partidos conservadores y progresistas le dan al tema quedó muy claro en la Constitución del 78. Fue uno de los puntos donde más difícil fue alcanzar el consenso. Salió el artículo 27, que permite a cada partido aplazar el problema y desarrollar su propia política cuando llega al Gobierno" haciendo más hincapié en el "derecho a la educación" o a la "libertad de enseñanza", explica Sevilla Merino.
Repercusiones para la calidad de la educación
Este catedrático asegura que esta situación "sin lugar a dudas" afecta a la calidad de la educación. "Para los centros educativos y profesorados es mareante. ¿Qué valor le das a una ley que te están diciendo que si gana el otro partido la va a cambiar de arriba abajo? ¿Para qué me voy a esforzar en todo lo que habla de objetivos, contenidos, etc... si es una cosa totalmente aleatoria y transitoria que depende de quién esté en el Gobierno?".
Fernández Soria cree también que la consecuencia de no tener una reforma educativa estable es que "los profesores, la comunidad social, se desenganchan de su compromiso con la educación, al no comprender el porqué de estos vaivenes tan rápidos (...) Impide que profesores y la comunidad social comprendan y asuman también sus obligaciones". Otra de las consecuencias es el currículo. "El que no haya una reforma educativa estable impide acuerdos curriculares que son esenciales. Es necesario un acuerdo sobre el aprendizaje de las competencias clave".
“Hagamos un pacto de mínimos irrenunciables (...) es necesario, dando por sentado que no puede ser algo cerrado de una vez para siempre“
Todo ello, añade, "repercute en un déficit de igualdad de oportunidades, porque no nos engañemos, los repetidores y las tasas de abandono escolar inciden sobre todo en la población más desfavorecida social y económicamente hablando y esto tiene como consecuencia un déficit de cohesión social. Una democracia sana, que aspire a perdurar, necesita estar cohesionada socialmente y para eso necesitamos una reforma educativa estable".
El profesor de la Universidad de Valencia plantea blindar la financiación de la educación en los presupuestos y aprobar una reforma educativa estable que pase por un pacto por la educación. "Ya sé que no puede ser un pacto global, pero hagamos un pacto de mínimos irrenunciables, que serían aquellos que históricamente han sido fuente de confrontación (...). Es necesario, dando por sentado que no puede ser algo cerrado de una vez para siempre, por supuesto que no (...) Nos va en ello no solo los logros sociales y los económicos".