En plena quinta ola de la pandemia de coronavirus y mientras avanza la campaña de vacunación en España, ha surgido el debate sobre si debería ser obligatorio inocularse la vacuna, ya sea una imposición para todos los ciudadanos o solo para colectivos concretos.
Al menos cinco comunidades (Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia) ya plantean hacer la vacuna obligatoria para los trabajadores sanitarios y para aquellos que se ocupan del cuidado de mayores o de otras personas vulnerables ante el aumento de contagios en las residencias, donde en la última semana se han contabilizado 72 fallecimientos.
Esta opción se trata de una medida que ya se está adoptando en algunos países europeos. Ejemplo de ello es Francia, donde el Gobierno de Emmanuel Macron ha establecido la vacunación obligatoria para personal sanitario con el aval del Consejo Constitucional. En Grecia se obligará igualmente a partir del 16 de agosto a vacunarse a los trabajadores de residencias de mayores y a los sanitarios de centros públicos y privados.
También es el caso de Italia. Allí es obligatorio que los sanitarios se vacunen para poder ejercer su profesión, y desde este jueves se ha establecido que los profesores de todos los cursos educativos y los estudiantes universitarios deberán contar con el certificado sanitario de la COVID-19 -que demuestra haber recibido al menos una dosis de la vacuna, haber pasado la enfermedad o tener un test negativo- a partir del próximo mes de septiembre.
A debate en España
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que, aunque "no es posible" en este momento con la ley española y en un contexto marcado por la pandemia, la vacunación debería ser "obligatoria" en determinados supuestos. "Creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse", ha expresado, en una entrevista concedida a Europa Press.
Por otro lado, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado por obligar a la ciudadanía a vacunarse por ley, al igual que existe la "obligación de pagar impuestos".
"Si no hay una ley, que se haga. ¿No hay una ley que obliga a pagar impuestos? En un tema como este, con que haya un 5 % de negacionistas no es lógico que puedan poner en riesgo a los demás y anden por ahí contagiando", ha reprobado, para añadir que obligar a vacunar supone "un principio de solidaridad".
Frente a ellos, otras comunidades muestran ciertas reticencias: la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha rechazado establecer la obligatoriedad para el personal sanitario porque "el nivel de rechazo es muy marginal", con un 96% de los profesionales de la región que acceden a recibir las dosis.
Cataluña, Castilla-La Mancha o el País Vasco también se han mostrado en contra. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que en estos momentos "no existe ningún instrumento jurídico que permita una vacunación obligatoria" y ha destacado que en manos del Ejecutivo vasco solo queda "solicitar que llegue el mayor número posible de vacunas", hacer el "esfuerzo" para que la mayor parte de la población vasca pueda disponer de ellas y realizar "una labor pedagógica, que es necesaria desde las instituciones, para convencer al100 % de la población de la necesidad de vacunarse".
Varias CCAA, a favor de la vacunación obligatoria para sanitarios
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha recordado que esta posibilidad tendría que venir de la mano de una legislación nacional que afectara a todos los ciudadanos por igual y ha defendido la necesidad de "una ley orgánica de pandemias". "La Comunidad de Madrid no se ha posicionado a este respecto porque entendemos que es un aspecto que viene condicionado por la situación legal a nivel nacional", ha indicado en rueda de prensa, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Sanidad rechaza imponer la vacunación: "Acuden masivamente a vacunarse"
Por ahora, el Ministerio de Sanidad rechaza imponer la vacunación a sanitarios y sociosanitarios no solo porque en España no es obligatoria sino porque va contra la estrategia que las comunidades se han comprometido a cumplir, aunque estudia con ellas realizar traslados forzosos o dos PCR semanales a los que no quieran hacerlo, según indica la agencia EFE.
La ministra Carolina Darias ya se había mostrado en contra de esta idea el pasado 2 de agosto porque, tal y como indicó, "la gente acude masivamente a vacunarse". Aunque no consta el número de profesionales sanitarios que lo ha rechazado, la realidad es que respondieron en masa a la llamada que se les hizo a principios de año para ser inmunizados junto a los más vulnerables, sin que apenas se estén detectando ahora brotes en hospitales.
Por tanto, en el Ministerio apuntan que "la habilitación de posibles actuaciones autonómicas imponiendo la vacunación obligatoria" iría además en contra de una de las actuaciones coordinadas adoptadas en el CISNS por la que las autonomías se comprometieron a cumplir lo establecido en la estrategia de vacunación.
Una medida anticonstitucional
Desde la Sociedad de Medicina Preventiva (SEMPSPH) y los Colegios de Médicos recomiendan adoptar esta decisión por "responsabilidad". "Sería conveniente que estuvieran vacunadas para reducir el riesgo de transmisión a unas personas en las cuales la enfermedad puede hacer mucho daño", ha dicho en el Telediario el portavoz de SEMPSPH, Juan Antonio Sanz.
"Es una obligación ética como profesionales que somos vacunarnos. Esos sanitarios que no se han vacunado no deberían estar destinados en áreas asistenciales en las que hay riesgo de contagio", ha afirmado en la misma línea Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya tumbó el intento de Galicia de hacerla obligatoria para todos al suspender el apartado de la Ley de Salud que lo contemplaba. El alto tribunal se pronunció así tras el informe del Consejo de Estado en el que se señalaba que esta circunstancia "establece una ruptura de la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos" españoles incluidos en la Constitución.
En cuanto a la aplicación en ciertos colectivos, expertos jurídicos han subrayado a la agencia Europa Press que también es inconstitucional en España con la legislación actual y han abogado por proponer un marco normativo que contemple de manera indirecta como se ha hecho en otros países como Francia.
Entre otras cuestiones, el informe del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, también sugirió al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.