Tres miembros de la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) dimitieron antes de que el organismo sometiera a votación su papel en los avales de 5,4 millones de euros que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat.
Según ha podido confirmar RNE, se trata de Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, todos ellos independientes, quienes dimitieron después de conocer que el Govern usaría finalmente al ICF para avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas. Estos tres vocales ya no aparecen en la web del ICF, cuya dirección tenía que renovarse en los próximos días.
Tras hacerse público, el departamento de Economía de la Generalitat ha confirmado la noticia, señalado que estos tres miembros independientes de la Junta tenían el mandato agotado desde el 1 de julio, pero que seguían siendo miembros de la misma, a la espera de renovación. "Una renovación con que se está trabajando desde hace algunas semanas", ha recalcado.
Aunque en un primer momento la Generalitat descartó utilizar a este organismo para avalar las fianzas, el pasado miércoles el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, anunció un giro en su decisión tras reunirse con el presidente catalán, Pere Aragonès, en el Parlament: "He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos", aseguró.
Una votación ajustada
Tras estas tres dimisiones, la Junta de Gobierno cuenta ahora con seis vocales, tres de ellos independientes (Rafael Abella, José Luis Peydró y Abert Vilumara) y otros tres dominicales (Lluís Juncà, Meritxell Masó y Matilde Villarroya), es decir, propuestos por la Generalitat.
El resto de miembros que quedaron en la Junta de Gobierno protagonizaron una reunión a lo largo del miércoles por la tarde, día en el que se sometió a votación para avalar la fianza de 5,4 millones que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat. Finalmente, esta opción fue aprobada por la Junta del ICF el mismo miércoles, si bien se aprobó con un ICF dividido, según ha podido confirmar Ràdio 4.
El Tribunal de Cuentas reclamó el pasado mes de junio un total de 5.422.879,48 euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo. La cantidad más importante recae en el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros. Le siguen el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.
El IFC inició los trámites cuando vencía el plazo
Aunque el plazo fijado por el Tribunal de Cuentas para las fianzas vencía este miércoles, el ICF no había iniciado los trámites para formalizarlos hasta entonces, cuando el Govern rectificó y decidió emplear este mecanismo. De los 34 ex altos cargos a los que se exige depositar fianza, cuatro han desestimado recurrir al Fondo del Govern y han optado por pagar las sumas reclamadas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.
Una vez se presenten los avales, el Tribunal de Cuentas debe decidir si los acepta. En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ya advirtió el miércoles de las "altísimas probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas rechace esa opción con la "excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, esta no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas.