El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el Real Decreto-ley que rebaja al 10 % el IVA aplicado en la factura de la luz hasta final de año y suspende el impuesto del 7 % a la generación que pagan las compañías eléctricas durante tres meses, justo el día en el que el precio medio de la luz tocará un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, lo que ha provocado las críticas de la oposición al Gobierno, que tachan estas medidas de "insuficientes" y de ser un "parche" a un problema que requiere una reforma en profundidad.
La norma, que ha salido adelante con 193 votos a favor, 3 en contra y 152 abstenciones, beneficiará al 97 % de los consumidores domésticos, a 2,8 millones de empresas y autónomos y a 612.000 hogares vulnerables, tal como ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Responde a un periodo extraordinario de precios altos de la energía imputables a un contexto complejo al que hay que prestar especial atención", ha recalcado.
La vicepresidenta se refería así al aumento sostenido del precio de la luz, que este miércoles marcará un nuevo máximo histórico tras superar los 106 euros/MWh. Lejos de suponer un punto de inflexión, la luz seguirá al alza durante los próximos meses, ha destacado Ribera, una "disfunción" que está "íntimamente asociada" al diseño del mercado mayorista con arreglo a las reglas de la Unión Europea (UE), por lo que desde el Gobierno ya han trasladado a la Comisión Europea, con el objetivo de facilitar cambios en el diseño de su mecanismo.
En este sentido, la ministra ha abogado por poner en marcha un "debate profundo sobre el funcionamiento del mercado actual" en la UE, aunque ha reconocido que "puede tardar tiempo". Por ello, ha defendido buscar "fórmulas que alivien" al consumidor de esta escalada alcista y "apurar todo el margen de regulación doméstica para evitar este impacto en los ciudadanos" y "trabajar en todos los márgenes disponibles", a saber, "funcionamiento del mercado, cargos y peajes y fiscalidad" para "un reparto más equitativo de los costes del sistema".
Medidas "insuficientes" para la oposición
En el turno de fijación de posiciones, la oposición se ha mostrado partidaria de poner en marcha estas medidas, si bien han cargado en conjunto contra el Gobierno por su temporalidad y porque suponen a su juicio "un parche" a un problema que requiere una reforma en profundidad. En concreto, la bajada del IVA del 21 % al 10 % será hasta final de año y la suspensión del impuesto a las eléctricas durará tres meses.
Uno de los más críticos con el Ejecutivo ha sido el PP, que ha optado por la abstención. Según su diputado Juan Diego Requena las medidas que prepara el Gobierno para el mercado eléctrico son "una reforma encubierta del sistema poco transparente", mientras que las aprobadas este miércoles son -ha dicho- "limitadas y tienen un componente de engaño". "Las medidas son un parche, a la desesperada", ha recalcado. Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona, tras anunciar su voto en contra, ha calificado a la vicepresidenta tercera como "ministra de la ruina energética", al tiempo que ha señalado que la norma se trata de "un bodrio que antes de ser convalidado ya ha demostrado su ineficacia".
El Ejecutivo calcula que la rebaja del IVA representará un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, mientras que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica permitirá una rebaja de entre un 2 % y un 6 % para las pymes y el resto de empresas. En este sentido, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha señalado que son medidas "insuficientes", "cuidados paliativos para una realidad dolorosa más dura", a la vez que ha lamentado que el Estado recaudará más de 1.000 millones menos.
"'Rock'n roll', señora ministra o iremos de parche en parche con la derecha aullando como mariachis ", ha apostado el diputado de Esquerra Republicana Joan Capdevila, en una llamada a hacer permanente la rebaja del IVA y "poner fin a las sobrerretribuciones millonarias de las eléctricas". En este sentido, y respecto a las declaraciones de Ribera que señalaban a la normativa comunitaria, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal le ha señalado que en la mayoría de países el precio no se ha disparado porque solo entra "una parte muy pequeña" y en España toda la electricidad generada. "A lo mejor hay que cambiar su aplicación", ha incidido.
Mientras que para Unidas Podemos esta situación diferencial respecto a otros países europeos se debe a que "no hay ni la más mínima participación pública", tal y como ha defendido Juantxo López Uralde, que cree que "el Estado puede actuar y debe hacerlo de forma urgente". Concretamente, con una empresa pública y acelerando la tramitación de las reformas para compensar los llamados 'beneficios caídos del cielo' en centrales nucleares e hidroeléctricas, con "topes máximos" a estas tecnologías.
La eficiencia, clave para ahorrar en la factura de la luz
La subida "no responde a decisiones del Gobierno"
Las subidas de los precios, ha dicho Ribera, "no responden a decisiones del Gobierno" y no son "exclusivos de España". Según ha explicado, la evolución del precio del gas en los mercados internacionales y la subida de los precios de los derechos de emisión de CO2 están en el origen del aumento de la factura eléctrica.
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En concreto, la vicepresidenta ha afirmado que la evolución de los precios de las emisiones de CO2 no estaba considerada como probable "en ninguno de los análisis de impacto", que calculaban 25 euros por tonelada para 2025 y 50 euros en 2030. Si bien en estas últimas semanas se ha movido entre 50 y 58 euros. "La señal de precios del CO2 no puede ser una guillotina para los consumidores domésticos e industriales", ha destacado, al tiempo que ha instado a hablar de ello en el ámbito europeo.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la rebaja del IVA supondrá un ahorro para hogares y pymes de unos 650 millones de euros durante este año y Hacienda eleva el impacto recaudatorio hasta los 900-1.100 millones.