La Generalitat ha anunciado este martes la creación de un fondo de 10 millones de euros para hacer frente a las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a los líderes independentistas por promocionar en el extranjero el referéndum ilegal del 1-O usando, supuestamente, dinero público. Una medida que ha motivado que el Partido Popular, Ciudadanos y la organización Convivencia Cívica Catalana hayan decidido tomar acciones legales contra el Govern de Cataluña.
En un vídeo remitido a los medios, el líder del PP Pablo Casado ha denunciado "graves irregularidades" que a su juicio se están competiendo en esta ocasión con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha pedido que aclare si va a hacer algo por evitarlo.
"Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque se siguen incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales", ha recalcado el presidente del PP.
El PP denunciará por malversación y prevaricación al Govern
De este modo, tras asegurar que se trata de un "fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado", ha anunciado que el PP denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.
Poco después, el PP ha difundido un audio con unas declaraciones de Casado en las que ha denunciado que la Generalitat pretenda "crear un fondo de reptiles de 10 millones de euros para que aquellos que dieron un golpe al Estado con el dinero de los españoles, encima no tengan que pagar lo que el Tribunal de Cuentas ha estimado que tienen que devolver".
Considera Casado que tras indultar penalmente a los nueve políticos que dieron "un golpe a la legalidad", ahora "pretenden que todos los españoles paguemos el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir". "Es absolutamente intolerable", ha censurado.
En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien considera que el fondo de la Generalitat supone "malversación al cuadrado".
Así, ha recordado que los líderes independentistas indultados "ya dijeron que no se arrepentían" y "vuelven a las andadas con el dinero de todos". "¿Avalar con fondos públicos la malversación? Malversación al cuadrado", ha afirmado en Twitter.
Ciudadanos también denunciará aunque en su caso ante la Comisión Europea. A través de un mensaje en Twitter, el eurodiputado Jordi Cañas ha avanzado que llevará a Bruselas este asunto para advertir de que "una administración pública europea ha creado un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público", ofreciendo "la fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes".
El eurodiputado y miembro del Comité Permanente de Cs considera "una burla" que "acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público" y sostiene que la creación de este fondo constituye "una nueva malversación de dinero público que el Tribunal de Cuentas y la propia Fiscalía deben investigar".
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha sumado a las críticas a la decisión de la Generalitat. "Políticos separatistas haciendo que los catalanes acaben pagando lo que previamente les han defraudado. La doble imposición. Como si no tuviesen bastante con ser los españoles con los impuestos más altos", ha dicho a través de su cuenta de Twitter.
Convivencia Cívica Catalana: "Constituye malversación de caudales públicos"
La organización Convivencia Cívica Catalana también ha comunicado que ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia
de Barcelona contra todos los consejeros del Govern por "asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas".
En un comunicado al que ha tenido acceso RTVE, Convivencia Cívica Catalana dice considerar que dichos gastos "no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat", toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos. "A juicio de la organización constituye malversación de caudales públicos y prevaricación", afirma.
Es por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia e instará el correspondiente procedimiento ante el Tribunal de Cuentas una vez se confirme que el dinero ha sido depositado en dicho tribunal.
14 horas - Los juristas dudan de la legalidad del fondo creado por el Govern - Escuchar ahora
Algunos juristas también dudan de la legalidad del fondo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Díez Robledo, ha expresado en RNE que cree que no existe una base legal que permita a la Generalitat asumir una deuda contraída por un particular y "más si esa deuda viene por el ejercicio incorrecto de sus propias competencias".
Díez Robledo ha explicado que para crear ese fondo es necesario aprobar un decreto ley que lo permita, pero esa norma podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional porque las responsabilidades son individuales y no pueden ser trasladados a un órgano colectivo.
El Gobierno revisará la legalidad del fondo
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que revisará la legalidad del fondo. El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno siempre ha defendido que todas las acciones de los gobiernos autonómicos han de estar sujetas a derecho. Por ello, ha señalado que estudiarán la decisión y a partir de ahí "si está sujeto a derecho nada que objetar y, si no está sujeto a derecho, -ha precisado-, evidentemente tendremos que recurrirlo".
La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que aunque no conoce exactamente la norma aprobada por el Gobierno de la Generalitat "evidentemente el Gobierno de España vela por la legalidad existente". "Todas las normas son pasadas por ese filtro de la legalidad y una vez visto y estudiado el texto haremos llegar la consideración oportuna", ha puntualizado Montero.
La ministra portavoz también ha recordado que el Tribunal de Cuentas aún continúa investigando el tipo de delito que pudieran haber cometido los encausados por el procés y ha expresado su respeto absoluto, ya que "todavía no ha llegado a sus conclusiones definitivas".
Ha señalado que lo importante es "que esa investigación culmine lo antes posible" y ha incidido en que el tipo de delito que pudiera haber no le corresponde al Gobierno. "Si eso es un delito de malversación de fondos públicos, para eso están los tribunales", ha incidido Montero.
El primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no cree que el fondo pueda afectar al proceso diálogo sobre Cataluña, siempre que sea legal. "Lo que podría ser un problema si eventualmente no se ajusta a la legalidad", ha admitido.
En todo caso, no le parece mal que el PP vaya a recurrir el fondo ante los tribunales, pues se muestra partidario de que "todo el mundo pueda utilizar todos los instrumentos a su alcance para defender sus ideas o para denunciar cualquier aspecto que consideren que no se ajuste a la legalidad". "Plena normalidad, y si recurren, la Justicia nos aclarará el tema", ha señalado.