La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que será necesario prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, ya que a su juicio "no tiene sentido dejarlo caer" en estos momentos, cuando ya se vislumbra la recuperación, al tiempo que ha pedido "valentía" para subir el salario mínimo este año, la misma -ha dicho- que se ha tenido con el despliegue de los indultos.
"Hablamos de trabajadores y trabajadoras que son el eslabón más débil de la cadena. Y me duele mucho", ha señalado la vicepresidenta en una entrevista en RNE, donde también se ha referido a la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno con los agentes sociales, un tema "de máxima delicadeza", ha recalcado, que se lleva negociando meses y que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre porque es el plazo que "se ha autoimpuesto".
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Tras cerrar la semana pasada la primera parte de la reforma de las pensiones, que en palabras de la vicepresidenta significa "derogar la reforma del PP" de 2013, el ministerio de Trabajo ya tiene la vista puesta en la próxima renovación de los ERTE, la que sería la sexta desde su puesta en marcha a raíz de la irrupción de la pandemia. Según Díaz, "no tiene sentido dejar caer este sistema ahora, cuando estamos saliendo de esta enorme crisis", por lo que "sin lugar a dudas" habrá un nuevo acuerdo y ha confirmado que, antes de que finalice septiembre, la comisión tripartita se volverá a reunir.
El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han mantenido encuentros semanales durante los últimos meses en la comisión tripartita que evalúa el funcionamiento de los ERTE, en el que, según anunció el Gobierno este jueves, hay todavía 447.800 trabajadores acogidos, lo que supone que se ha activado casi el 90 % de las personas que estuvieron en esta situación en el pico de expedientes. En este sentido, la ministra ha destacado que se trata de un mecanismo que "se va a quedar" y se ha mostrado confiada en que los trabajadores que aún continúan en esta situación se reincorporen de manera progresiva, según evolucione la situación sanitaria.
Sobre los ERTE se ha pronunciado también la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, quien apuesta por "dejar a la empresa que cierre o se renueve", ya que Wtenerla suspendida es un alto coste para las finanzas públicas”, ha señalado en los micrófonos de RNE. Por eso cree que hay que ir pensando en otro tipo de medidas más allá de la renovación de este instrumento. “Hay que analizar cuál es la situación de las empresas que aún están suspendidas y tomar decisiones serias en ese sentido. Necesitamos un tejido empresarial sano para crecer y crear empleo estable. Si no, eso no nos llevará a ninguna parte”, ha sentenciado.
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Pide "valentía" para subir el salario mínimo
Respecto al salario mínimo, la vicepresidenta ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros del Ejecutivo que tengan "valentía", "la misma" que se ha tenido con el despliegue de los indultos. "Creo que la misma valentía que tuvimos en el Gobierno por ejemplo con los indultos, toca ahora con la gente que lo está pasando mal", ha señalado, para después destacar que "no es tan importante cuánto se suba el SMI este año, sino que suba", pues sus perceptores, que están fuera de convenio colectivo, están perdiendo poder adquisitivo con un IPC del 2,7 % y con unos precios de la gasolina y de la luz "que no paran de subir".
A su juicio, vincular la pérdida de puestos de trabajo con el alza del salario mínimo "es un enorme error" y "pura ideología". La vicepresidenta ha recordado que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5 % y un 1,8 % y "le duele" que sean sus perceptores los que estén perdiendo poder adquisitivo porque "son los que más necesitan" que se les ayude. "En 2023 no se nos vamos a juzgar por los indultos, se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde hay que estar", ha añadido.
Posteriormente, la ministra ha participado en Las Cosas Claras de TVE, donde se ha referido al acuerdo de pensiones alcanzado la pasada semana por el Gobierno y los agentes sociales. A su juicio, el sistema de pensiones en España tiene “un problema de ingresos”, no de gasto, ya que todas las reformas que se han llevado a cabo han sido en ese sentido. Según ha destacado, existen 9,7 millones de pensionistas en nuestro país, una cantidad “ingente de personas”, de los cuales 5 millones tienen pensiones “muy bajas de 600 y 700 euros”, por lo que ha apostado por atajar el problema por los ingresos. “Nuestro país no admite recortes”, ha enfatizado.
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Dice que Puigdemont "no puede ser un obstáculo" para la mesa de diálogo
La ministra también se ha referido a la mesa de diálogo en Cataluña, donde ha confirmado que estará presente y que su partido hará llegar una propuesta para "recolocar este conflicto en la política, lugar del que no tuvo que salir". "Necesitamos a Cataluña, llevamos más de 10 años fracturados", ha recalcado.
En este sentido, Díaz ha defendido que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no puede ser un obstáculo" para la mesa de diálogo, ni ningún otro nombre propio. "Puigdemont no debe ser un problema y todo debe sustanciarse en esa mesa de diálogo. Nadie puede ser un problema", ha insistido. Para la titular de Trabajo, lo "más relevante" es "generar canales de confianza". De hecho, en su opinión el "simple hecho" de convocar una mesa en torno a las relaciones entre Ejecutivo central y autonómico ya es "importante". "Reconocernos como interlocutores válidos, esto es clave. Son los pequeños matices y las cosas delicadas las que permiten que se avance en el diálogo o no", ha añadido.
Cataluña, en el debate político
Preguntada sobre si la solución en Cataluña puede pasar por la celebración de un referéndum no consultivo, la vicepresidenta ha asegurado tras haber escuchado "propuestas" que "no se puede ir a mesas con posiciones prefijadas". "Es así, y hay que escuchar mucho, tener voluntad de arreglar el principal problema. Lo que ha pasado con Cataluña, no somos conscientes de valorar las consecuencias que ha tenido", ha afirmado.
La entrevista en RNE ha concluido con una defensa al silencio que ha decidido guardar tras su marcha Pablo Iglesias y con la confirmación de que, en lo inmediato, no tiene previsto decidir si será o no la candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno.