La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que la reforma de la contratación que negocia con los agentes sociales, para modificar la reforma laboral de 2012, fijará como tipo de contrato ordinario el indefinido e impulsará el fijo discontinuo para circunstancias que ahora se cubren con contratos temporales, pese a las críticas de la CEOE, a las que enmarca dentro de "la lógica de la dinámica negociadora".
Así lo ha destacado Díaz durante una rueda de prensa para valorar los datos de empleo de junio, cuando el número de parados ha registrado su mayor descenso mensual de la historia, con 166.911 desempleados menos. No obstante, la temporalidad en el mercado laboral sigue siendo elevada, ya que de los casi 1,8 millones de contratos que se firmaron durante el pasado mes, solo un 9,61 % fueron indefinidos.
La ministra ha puesto de relieve que la elevada temporalidad del mercado laboral español es una anomalía que hay que corregir y que la Unión Europea así lo demanda. Asimismo, ha reivindicado que por primera un Gobierno va a abordar la excesiva temporalidad y ha asegurado que lo importante es que todos los agentes sociales "saben que es una anomalía en nuestro país".
Por su parte, respecto a las críticas de los empresarios, que reclaman una mayor flexibilidad para las empresas, Díaz lo ha enmarcado en "la lógica de la dinámica negociadora". A su juicio, esto no está reñido con cubrir las tareas productivas temporales con contratos fijos discontinuos y ha puesto como ejemplo el sector turístico de Baleares, donde se recurre mayoritariamente a esta figura.
El Gobierno plantea que los contratos temporales sean como máximo de un año
Díaz se refería así a su última propuesta para modificar la reforma laboral de 2012, enviada a los agentes sociales, con la que pretende atajar la temporalidad regulando la duración de estos contratos a seis meses, ampliable a un año en el caso de contratos por razones productivas. Se trata de un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo que está siendo objeto de debate en la mesa de negociación con patronal y sindicatos, que continúa prácticamente sin avances tras un año de parón por la pandemia.
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Según el borrador, el Ejecutivo intentará dificultar que las empresas contraten a trabajadores eventuales por costumbre, y que solo lo hagan por razones productivas, cuando se dé "un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial". De esta manera, las compañías que contratan a personal durante picos de actividad, como el verano o la campaña de Navidad, deberán hacerlo a través de "las modalidades indefinidas específicamente previstas para tal fin". Tampoco se podría utilizar este tipo de contratos para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.
Así, la duración de los contratos temporales no podrá ser superior a seis meses, que, excepcionalmente, por convenio colectivo de ámbito sectorial, se podrán ampliar hasta un año como máximo. A efectos prácticos, supone acabar con los contratos por obra y servicio, que actualmente tienen una duración de tres años, ampliable mediante convenio colectivo sectorial estatal a 12 meses más.
La reforma laboral de 2012 sigue dando que hablar nueve años después de su aprobación por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla su derogación, si bien en los últimos meses han surgido discrepancias en el seno del Gobierno sobre si se hará de forma íntegra o solo incluirá los aspectos más lesivos.