El Gobierno etíope ha ordenado este lunes un alto el fuego en la región rebelde de Tigray - la más septentrional del país- tras casi ocho meses de combates, después de que la administración interina regional pidiera un cese de las hostilidades. De esta forma, el ejército federal le ha permitido a las fuerzas leales a las antiguas autoridades disidentes de la región entrar en su ciudad principal, Mekele.
La ciudad había sido tomada por el ejército federal el 28 de noviembre, tres semanas después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, lanzara una ofensiva para derrocar a las autoridades locales disidentes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), que ha dominado durante mucho tiempo la política etíope.
Una fuente diplomática que quiso permanecer en el anonimato le ha asegurado a Efe que, durante esta semana, el Ejecutivo etíope había entablado un diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido para pedirles que gestionaran una negociación secreta con el TPLF. La retirada de las fuerzas federales de la capital regional era una condición establecida por los gobiernos occidentales contactados por las autoridades etíopes, ha explicado esta fuente diplomática.
La entrada del TPLF en Mekele ha provocado escenas de júbilo, con soldados disparando al aire en señal de celebración, y los residentes saliendo a la calle ondeando la bandera tigresa. "La ciudad está de fiesta, todo el mundo está bailando", ha confirmado el miembro interino de la administración. "Todo el mundo está entusiasmado, hay música en las calles. Todo el mundo tiene sus banderas fuera y la música está sonando. No sé cómo los han conseguido, pero todo el mundo tiene fuegos artificiales", detalló un residente, contactado por la AFP.
Abuso de las fuerzas armadas
Mientras avanzabas los rebeldes, varios funcionarios de las fuerzas armadas etíopes comenzaron a desmantelar los equipos satélite de varias agencias de la ONU en Mekele, como ha denunciado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Este acto viola los privilegios e inmunidades de la ONU y las reglas del Derecho Internacional Humanitario con respecto al respeto de los objetos de la ayuda humanitaria", dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, en un breve comunicado en el que ha condenado lo ocurrido "en los términos más enérgicos".
Esta condena se una a la del asesinato de tres de cooperantes -una espalola- de Médicos Sin Fronteras la semana pasada cuando viajaban hacia una misión humanitaria en la ciudad de Abi Adi, en el centro de Tigray. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lo calificó de "espantosa violación de la ley humanitaria internacional".
Guterres ha asegurado este lunes que tiene esperanzas de que el alto el fuego unilateral decretado por el Gobierno sea efectivo. En un breve comunicado, el secretario general también ha mostrado su "extrema preocupación" por los recientes sucesos ocurridos en Tigray y agregó que demuestran "una vez más, que no hay una solución militar a la crisis".
Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido han pedido una reunión pública de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Tigray, según fuentes diplomáticas, que podría celebrarse el viernes.
Ocho meses de crueldad
El conflicto en Tigray estalló el pasado 4 de noviembre después de que el Gobierno central atacara al FPLT, entonces partido gobernante en la región, en represalia por una presunta agresión previa de fuerzas tigriñas a una base del Ejército federal.
A pesar de la victoria proclamada tras la caída de Mekele, los combates nunca cesaron entre las fuerzas pro-TPLF -que se autodenominan Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF)- y el ejército federal etíope, respaldado por tropas de las autoridades regionales vecinas de Amhara y el ejército de Eritrea, país fronterizo de Tigray.
El TDF lanzó una ofensiva la semana pasada, mientras en gran parte del resto del país se celebraban las esperadas elecciones nacionales, cuyos resultados aún no se han anunciado. Desde el inicio del conflicto, miles de personas han muerto, cerca de dos millones se han visto desplazadas internamente en la región y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con Tigray, según datos oficiales.
Se han documentado violaciones de derechos humanos en la región, incluyendo una estrategia organizada de violencia sexual y saqueo contra la población civil y las infraestructuras de la región, según testimonios médicos y organizaciones humanitarias.