El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, tras meses de bloqueo y debate interno, el anteproyecto de 'ley trans' y LGTBI, , la posibilidad de que una persona trans pueda cambiar de sexo y nombre en el DNI mediante la expresión de su voluntad, sin necesidad de un diagnóstico ni un tratamiento médico, como ocurre actualmente.
El proyecto de 'ley trans', uno de los acuerdos de coalición del Gobierno, ha elevado al máximo la tensión entre PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, principal defensora de la ley, ha defendido el reconocimiento de la autodeterminación frente a la oposición de parte de los socialistas, encabezados por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien aseguró que se crearía inseguridad jurídica: "Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad", afirmó en febrero.
"Este tipo de leyes son las que hacen historia y las que cambian de verdad un país, porque son las que permiten que haya muchísima gente que pueda vivir feliz, sin miedo, sin culpa y con todos sus derechos garantizados, sin ninguna discriminación", ha defendido este martes Montero en TVE.
Las personas trans "no están solas y serán reconocidas en las administraciones por lo que son y como son", ha añadido la ministra en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Reconocemos la libre autodeterminación de género y acometemos la despatologización: las personas trans ya no van a ser considerada enfermas en nuestro país", ha añadido Montero, al tiempo que ha señalado que esta legislación sitúa a España "a la vanguardia de Europa".
El proyecto sustituye los requisitos obligatorios de un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal de al menos dos años, requisitos que Montero ha criticado que "estaban suponiendo vulneración de derechos fundamentales de las personas trans", por un trámite administrativo en el Registro Civil mediante el sistema de "doble comparecencia". La persona interesada acudirá en un primer momento a solicitar la rectificación registral ante un funcionario, que le informará de sus derechos y los detales del proceso.
En un plazo máximo de tres meses deberá volver a confirmar que quiere realizar ese cambio, y tras ello, antes de que transcurra otro mes, se hará efectivo. No deberá presentar pruebas ni testigos, una de las propuestas que estuvo encima de la mesa durante la negociación, pero que finalmente no se ha incluido.
Se podrá cambiar de sexo en el Registro desde los 12 años
"Reconocemos el derecho de los niños, niñas y niñes a ser escuchados", ha señalado Montero. Para ello, el anteproyecto de ley contempla tres franjas de edad para los menores. Entre los 16 y 18 años, al igual que ocurrirá con los adultos, el cambio de sexo se podrá realizar de manera autónoma en el Registro Civil.
Entre los 14 y 16 también se realizará un trámite administrativo, pero el menor deberá acudir acompañado de sus padres, o si estos no están de acuerdos, de la figura de un "defensor". Por último, entre los 12 y los 14, el proceso tendrá lugar por vía judicial y no administrativa, mediante un expediente de jurisdicción voluntaria.
Se prevé también la posibilidad de un proceso de reversión del cambio de sexo, para el cual el menor deberá esperar seis meses. Según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el objetivo de ampliar a estas edades la ley es adecuarla a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que consideró inconstitucional la ley anterior por no incluir a menores.
La Ley Trans exigirá una resolución judicial para la determinación de género de los menores de 14 años - Ver ahora
El PP presentará enmiendas contra la autodeterminación de género
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que esta ley "invisibiliza a las mujeres" y "genera inseguridad jurídica y desprotección a los menores", por lo que ha anunciado que presentará enmiendas contra la autodeterminación de género durante la tramitación parlamentaria.
No descarta tampoco, al final del proceso legislativo, llevar el texto al Tribunal Constitucional. Gamarra ha asegurado que "esta ley vuelve a mostrar que Pedro Sánchez depende de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa".
Las críticas del PP van en la línea de parte del movimiento feminista, representado por académicas como Amelia Valcárcel o Laura Freixas, que denuncia que introducir la autodeterminación de género menoscaba los derechos logrados por las mujeres.
Por parte de colectivos trans y LGTBI celebran la ley, pero la ven "insuficiente", ya que no contempla a los menores de 14 años, a las personas no binarias y a los migrantes. Montero ha recogido el guante y ha admitido que "hay cuestiones en las que podemos establecer mejoras, en los derechos de las personas no binarias o migrantes", pero ha insistido en que la ley "supone un paso de gigante en el reconocimiento de los derechos LGTBI y trans".
"Estamos contentas, puesto que hemos conseguido desbloquear la situación y que se presente un texto que recoge las principales líneas rojas de los colectivos", ha afirmado Uge Sangil, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), una de las asociaciones que se han reunido con el Gobierno durante la negociación del proyecto. Tanto FELGTB como Chrysallis, otra organización que participó en la tramitacin, esperan que el texto "crezca durante el trámite parlamentario"
Más críticos aún se han mostrado desde la organización de presidenta de la asociación de familias de menores trans, Euforia, que creen que el texto es "una mala ley LGTBI con ocho artículos dedicados a las personas trans, peores aún".
Prohibición de las terapias de conversión
Además de los apartados dedicados a las personas trans, la ley, que sale adelante en plena semana del Orgullo, también se refiere a los derechos LGTBI. Se prohíben las terapias de conversión, una "gravísima violación de los derechos humanos", según ha afirmado Montero.
Las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja, así como las mujeres trans "con capacidad de gestar" tendrán derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida. Además, se reconocerá como madres a las mujeres lesbianas o bisexuales que no estuvieran casadas.
El texto se enfrenta ahora a un largo proceso legislativo. Debe pasar por el Congreso y el Senado, donde podrá sufrir modificaciones, y volver al Consejo de Ministros para ser aprobado definitivamente.