El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas entre ellas su exmujer, Mercé Gironés. Pedraz les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución. También están imputados los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí.
El magistrado requiere en su auto a Jordi Pujol Ferrusola para que en el plazo de diez días deposite siete millones y medio de euros y a Mercé Gironés 400.000 para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en este procedimiento por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan.
El juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que "no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral" con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.
El auto concede un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA, en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.
La Fiscalía pide 9 años para el 'expresident' y 29 para Pujol Ferrusola
La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama al primogénito de la familia, Jordi Pujol Perrusola. La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito reclama 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.
El 16 de junio de 2020 el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba De la Mata en su auto, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos esos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc.