Ocho comunidades autónomas permiten este curso que los alumnos que tengan alguna asignatura suspensa obtengan el título de Bachillerato y puedan así presentarse a la prueba de acceso a la universidad, aunque siempre en casos excepcionales y avalados por el equipo docente del centro educativo. Así se desprende del recuento efectuado por DatosRTVE sobre una flexibilidad que el Gobierno introdujo en plena pandemia, como medida circunstancial, pero que se ha prolongado este año y se consolidará con la nueva ley educativa.
En 2020, cuando el confinamiento afectó a los meses finales del curso, hasta siete regiones flexibilizaron los requisitos para la obtención del título de bachiller; de ellas, Aragón y Castilla-La Mancha han dado marcha atrás y este año vuelven a exigir que se aprueben todas las materias. Por el contrario, Navarra, País Vasco y Canarias incorporan este año la posibilidad de conceder el título con alguna materia suspensa, aunque esta última región solo lo permite una vez agotada la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Por su parte, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y La Rioja mantienen la decisión que ya adoptaron hace un año. "Va en la misma línea que la evaluación del curso pasado, donde se puso de manifiesto que eran necesarios unos criterios de evaluación adecuados a las nuevas circunstancias y situación. Y que todo siempre fuera a favor de los alumnos, no penalizarlos", explican desde el Departamento de Educación de Cataluña.
Una modificación coyuntural que se consolida
La posibilidad de hacer avanzar a un alumno que no ha completado alguno de los cursos de bachillerato se introdujo en abril del año pasado, en pleno confinamiento, cuando los estudiantes acumulaban semanas de educación a distancia improvisada. Era una medida excepcional para un momento excepcional que, sin embargo, se prolongó este curso con un Real Decreto publicado por el Ministerio de Educación en septiembre.
"La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar", señala la norma, que, en cualquier caso, establece que "para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia".
Y de cara al futuro, la flexibilización de los requisitos se consagra en la conocida como 'Ley Celáa': en su artículo 37.1, permite que "el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". Es una parte de la ley que aún no está en vigor, pero que las ocho comunidades indicadas han decidido adelantar bajo el paraguas del decreto de septiembre.
Una media global de aprobado y aval del equipo docente
Todas ellas recalcan que la concesión a un alumno del título de bachiller sin haber aprobado alguna asignatura responde a casos excepcionales, así como que tiene que superar dos filtros: la media global del curso debe ser superior al cinco que marca el aprobado y el equipo docente debe dar el visto bueno a la decisión. A partir de ahí, País Vasco y Canarias fijan en una el máximo de asignaturas suspensas permitidas para obtener el título por la vía excepcional, La Rioja lo amplía a dos y el resto no precisan un número concreto, según la información recabada por DatosRTVE comunidad a comunidad.
Esta flexibilidad ha suscitado las críticas de otras regiones que no permiten hacer la prueba de acceso a la universidad a menos que se hayan aprobado todas las asignaturas, con el argumento de que, al competir todos los estudiantes por las mismas plazas universitarias en un distrito único, sus alumnos están en desventaja.
"Esto ahonda todavía más en la injusticia de que va a haber alumnos con suspensos que se van a presentar a la EBAU en otras comunidades y van a poder acceder a las universidades madrileñas", se quejaba este miércoles en rueda de prensa, según recogía Europa Press, el consejero en funciones de Educación y Juventud de Madrid, Enrique Ossorio.
Una desigualdad de menor entidad
“Lo único que se ha hecho es formalizar algo que, de facto, ya se hacía“
Los expertos consultados por DatosRTVE, en cualquier caso, restan importancia a la posibilidad de avanzar con alguna asignatura pendiente: "Diga lo que diga la norma, no nos engañemos: si había algún estudiante al que le quedaba alguna asignatura pendiente, con un cero no se aprobaba, pero con un cuatro, sí. Lo único que se ha hecho es formalizar algo que, de facto, ya se hacía", asegura Jordi Perales, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y especialista en dificultades del aprendizaje.
Tampoco cree que haya desigualdades significativas por este motivo Javier Murillo, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid: "Las diferencias generadas por examinarse en una comunidad u otra son infinitamente menores que otras desigualdades que tiene el sistema educativo, por ejemplo, por el nivel socioeconómico y cultural de las familias de los estudiantes, por su origen nacional o por su pertenencia a un grupo cultural minoritario".
Los requisitos para presentarse a la selectividad, en cualquier caso, no es lo único que diferencia a las comunidades autónomas, que, por ejemplo, este año pueden incluir en el examen el número de preguntas que consideren, cuando antes se fijaba una horquilla. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en que se trata de aspectos menores y que las desigualdades más relevantes hunden sus raíces en el propio bachillerato y sus deficiencias: "Los centros educativos, en segundo de Bachillerato, se olvidan en gran medida la formación integral de sus estudiantes y se centran casi en exclusiva en enseñarles a superar la prueba", indica Murillo.
Repensar el sistema de acceso a la universidad
"Las diferencias no son solo de esas pruebas, son de la organización de los centros, del salario de los profesionales, de la formación permanente del profesorado, del currículum que estudien los estudiantes o del porcentaje de dinero dedicado a la educación por estudiante", añade este experto, que cree que descentralización de la EvAU es positiva y apunta a un "replanteamiento global para que realmente contribuya a un acceso a la universidad justo".
En este sentido, Jordi Perales subraya que las pruebas de acceso, a las que se presentan cada año más de 225.000 personas, "evalúan, en términos muy generales, la madurez del estudiante para acceder a la universidad, y cada comunidad autónoma acaba determinando sus condiciones. Solo es un criterio de ordenación, para cuantificar qué es lo que el alumno sabe, y yo no creo que haya diferencias sustanciales".
El experto de la UOC, de hecho, cree que se avanzará hacia pruebas individualizadas y pruebas específicas de las facultades: "Hay algunos estudios que, además de la selectividad, exigen ya una prueba de aptitud personal, como en las carreras de Magisterio de Cataluña, que evalúan la competencia lingüística y matemática". Y tranquiliza a los alumnos sobre sus oportunidades: "Un buen estudiante de cualquier lugar de España va a entrar en cualquier buen estudio de cualquier universidad".