Renovarse o morir, ese parece haber sido el designio impuesto en el seno del Gobierno para contrarrestar el preocupante envejecimiento de la plantilla registrado en la Administración General del Estado (AGE). Una amenaza que, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, arrojará la jubilación del 50% del personal en la próxima década y contra la que el Ejecutivo ha presentado una propuesta para revitalizar el empleo público y modificar el actual formato de las pruebas selectivas.
Un texto que, con horizonte final en 2025 y una aplicación gradual hasta entonces, pretende acortar los procesos que culminan con la incorporación del funcionario a su plaza, unificar las pruebas compatibles reduciendo fechas y aumentar la importancia de los ejercicios basados en las competencias a desarrollar por el futuro trabajador quitando peso a la carga memorística.
La pandemia paraliza la incorporación laboral de funcionarios
Líneas maestras, valoradas con prudencia por sindicatos y academias de formación, que incluyen un nuevo calendario de oposiciones que se renueve cada enero desde el próximo año o la puesta en marcha de 19 puntos de examen en todo el país. El recetario, no obstante, deja dudas en opositores que, a falta de la consolidación de acuerdos, empezarán ya a notar algunos de sus puntos en la convocatoria de 10.254 plazas para puestos dependientes de la cartera que dirige Miguel Iceta. A estos interrogantes se suma una cierta preocupación en los cuerpos superiores de la Administración que consideran que la reforma planteada debe acometer otras importantes mejoras que velen por un correcto desarrollo laboral.
Una declaración de intenciones que tendrá que pasar del papel a los hechos
Fruto del trabajo conjunto durante seis meses con expertos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), el informe ha sido defendido por el ministro Miquel Iceta que asegura que la intención es que la propuesta definitiva quede concretada antes de final de año. Para que esto ocurra y más allá del estudio con el resto de ministerios, el Gobierno abordará la reforma con los sindicatos. CSIF, UGT y CCOO aseguran que la medida es buena, pero que será necesario saber qué puntos forman definitivamente de la hoja de ruta a seguir.
“Nos gusta la música, pero hay que ver la letra“
"Nos gusta la música, pero hay que ver la letra", asegura Carlos Martínez Navarrete, presidente del sector nacional de la AGE de CSIF. En su opinión ha llegado el momento de avanzar con cambios "que no se queden en declaraciones y palabras". Una idea en la que también incide el responsable de AGE en UGT, Carlos Álvarez: "El documento toca todos los palos que debe tocar, aunque no hay que olvidar que en estos momentos esto solo es un desiderátum y hay que sentarse para ver en qué se traduce".
Hacia ese debate mira ya CC.OO. que asegura que pese a que el anuncio responde a las reivindicaciones mayoritarias, necesita de una mayor concreción. "Hay que profundizar en el sistema de ayudas para garantizar que todo aquel que quiera prepararse una oposición puede hacerlo", indica su secretario de empleo y retribuciones de la AGE, Javier Martínez. Este es un tema capital para las organizaciones sindicales, como lo es conocer cómo será el desarrollo de las pruebas en las que se reduce la carga teórica y se apostará por más práctica.
"Esto permitirá que la selección sea mucho mejor porque vendrá a dotar no solo de conocimiento, sino de aptitudes y capacidad de resolver problemas", prosigue Martínez. La fórmula permite, en palabras de Martínez Navarrete de CSIF mirar al futuro: "Tenemos que preservar los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad pero adaptarlo a la situación actual y a los nuevos perfiles demandados. Un redibujo para el que el Ministerio ha descatado que necesitará de la profesionalización de los tribunales de oposición y que "debería permitir la adaptación de la AGE al siglo XXI con toda la digitalización que tenemos por delante", apunta Álvarez desde UGT.
Academias preparadas y opositores 'entre dos aguas'
En este futuro tablero de juego, las academias y centros de formación de oposiciones destacan estar ya capacitadas para asumir el reto de las nuevas pruebas selectivas y confluyen en la buena noticia que supone agilizar los procesos para revertir la fotografía actual del empleo público.
Respecto a la mencionada inclusión de competencias, la llamada a la calma marca los mensajes. "La UE lleva examinando con este componente desde hace una década y nosotros estamos preparando este tipo de oposiciones desde entonces", señala Cristina Villanua de la dirección docente de Master D, para la que este híbrido "formará a funcionarios mucho más íntegros y con una visión más global".
Desde la academia Adams fijan la atención en la corrección de estos ejercicios: "Valorar competencias parece también muy razonable, siempre y cuando el formato de esas pruebas pueda ser evaluado de forma objetiva", opina Gloria Oliveros, directora de Empleo Público en Adams, que añade que "el éxito estará en plantear exámenes que recreen situaciones relacionadas con el futuro desempeño profesional de los aspirantes".
El Gobierno planea un rediseño de las oposiciones a la Administración General del Estado
Precisamente y como parte más sensible de la ecuación, los opositores muestran una doble visión ante este giro de guion del itinerario que preveían. "Pese a que la idea puede ser buena, en mi caso el ajuste de fechas ha incrementado la teoría", expresa Sara, cuya oposición al Cuerpo General Administrativo sí registrará el próximo mes de noviembre varias novedades que dejan una curiosa paradoja aunando el segundo examen práctico sobre habilidades ofimáticas como añadido teórico al temario de la primera prueba. "Nos hemos encontrado ante un programa mucho más extenso que el que ha sido objeto de examen en otras convocatorias", lamenta.
“Es una oportunidad para renovar algo que se había quedado obsoleto“
La apreciación, no obstante, no mina sus expectativas de sacar adelante la convocatoria porque, afirma, "no hay tiempo que perder". Ese mismo ejercicio de autoconfianza, inherente al carácter del opositor, se repite en Vicente. En su condición de doble aspirante a dos cuerpos de funcionarios, el de la UE y el de Agente de Hacienda en España, la aplicación de un nuevo sistema de oposiciones "es una oportunidad para renovar algo que se había quedado obsoleto". A falta de definir cómo afectará a sus exámenes esta modernización en el acceso, tiene claro que "todas las capacidades se pueden entrenar con clases, casos y simulacros". Algo que explica estar ya viviendo con las pruebas europeas en las que "la presencia de varios evaluadores elimina la carga de subjetividad que pueden tener algunos ejercicios".
Ambos, Sara y Vicente, coinciden en que la confluencia bajo las mismas reglas del juego para todos garantiza un plano de igualdad al que habrá que amoldarse.
La controvertida captación de talento
La transición hacia un nuevo tiempo en las oposiciones es solo una parte más del plan del Ejecutivo para la captación de talento en la Administración. Un proyecto que, según los sindicatos, todavía no ha sido definido y que ya ha despertado cierta polémica entre funcionarios estatales.
Elisa de la Nuez, abogada del Estado actualmente en el sector privado asegura que no se debe tratar solo de reacondicionar las pruebas, "sino que hay que aprovechar para despolitizar las Administraciones evitando sistemas de accesos blandos que beneficien a alguien que tal vez no reúna las condiciones necesarias", dice.
Autora del estudio Acceso a la función pública: atraer talento y cambiar el modelo (2018), defiende la introducción de pruebas que valoren destrezas junto a ejercicios teóricos de cara a "lograr atraer nuevos perfiles que previamente deben estar bien definidos". No obstante y sobre la evaluación de esos exámenes aboga por la necesidad de apostar por organismos independientes que "no arrojen dudas sobre posibles influencias".
Más crítico es Ignacio Barrada, ingeniero industrial del Estado y preparador de oposiciones, que asegura que "se está magnificando lo malo o bueno que es el proceso para seleccionar a la gente, cuando hay cosas más relevantes como saber qué hace la Administración para que el funcionario sea productivo hasta su jubilación".
La puesta en marcha de herramientas que sean capaces de evaluar el desempeño del funcionario es clave, según Barrada, para resolver "el gran problema que es la gestión de los recursos humanos". Además, para este empleado público es llamativo el uso "grandilocuente", expresa, del término 'captación de talento' cuando "en determinados ámbitos la Administración actúa como empleador de último recurso", recalca el ingeniero.