Los funcionarios podrán teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial, según un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).
Un total de 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, podrán acogerse a este acuerdo, firmado este lunes tras cinco meses de negociación.
El teletrabajo en la AGE tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado a que se garanticen los servicios a la ciudadanía. El texto recoge que se podrá autorizar de forma "forzosa" en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.
Una vez que entre en vigor, cada departamento, previa negociación con los sindicatos, realizará un estudio previo de los puestos cuyas tareas puedan desempeñarse a distancia. Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, con un horario fijo de disponibilidad y localización.
La jornada de teletrabajo será la que corresponda a cada empleado público de acuerdo con el calendario laboral y las instrucciones de jornada y horarios, y se podrá fijar un horario de disponibilidad y localización dentro de la jornada laboral, así como mecanismos de control, como el fichaje, y el seguimiento de la gestión y trabajos encomendados.
No se aplica en militares, policías, sanitarios, docentes y en los juzgados
El personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia no podrá acogerse a esta modalidad. Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica de teletrabajo.
Por primera vez en la historia de la AGE, se establecerá un sistema de acceso al teletrabajo mediante convocatoria pública al menos una vez al año. También se podrá acceder con un sistema de gestión permanente de solicitudes.
Los interesados deberán estar en servicio activo y acreditar un año mínimo de antigüedad en el puesto y unidad, sin perjuicio de los requisitos que deban cumplir para teletrabajar, que serán públicos. La autorización requerirá el informe previo del superior jerárquico y su denegación habrá de ser motivada, sin que cumplir los requisitos presuponga la concesión automática.
Mejorar los servicios en la España vaciada
Una de las principales novedades es el impulso del trabajo a distancia para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida. En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10 % mensual, de forma que se podrá trabajar a distancia 20 de 22 días laborables.
Un acuerdo de teletrabajo deberá incluir las condiciones de la prestación del servicio: jornadas de teletrabajo y presencial; horario de disponibilidad, tareas, objetivos, criterios de evaluación, ubicación o duración de la autorización, referencia a las causas de suspensión y revocación, así como las condiciones para su prórroga, que no superará en total un tiempo máximo de dos años para la modalidad general.
El acuerdo de teletrabajo podrá ser objeto de renuncia o de revocación y objeto de modificación, previo acuerdo de las partes. En todo caso, el empleado público deberá comunicar cualquier modificación que se produzca en su situación laboral.
La Administración proporciona los equipos
La Administración tendrá que proporcionar los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad del trabajo a distancia, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos.
El pacto garantiza la igualdad de derechos para el funcionario teletrabajador lo que incluye la retribución, el tiempo de trabajo, la formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital.
En el acceso al teletrabajo en la AGE se tendrán en cuenta además a las víctimas de violencia de género, discapacidad, otras razones de salud, o terrorismo.
Desde CSIF, valoran de manera positiva este acuerdo porque supone "una mejora considerable en las condiciones laborales de la plantilla, garantiza la igualdad en el acceso, la objetividad de los criterios a aplicar y la transparencia en la gestión, la reducción del tiempo en desplazamientos o el ahorro energético o la mejora en la organización".
El ministro de Función Pública, Miquel Iceta, ha destacado “el paso firme dado hacia un futuro que ya está aquí”, con un acuerdo “fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales”. Iceta ha subrayado entre sus objetivos: “Fomentar la presencia de la AGE en el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico, modernizar la organización del trabajo (...) y contribuir a la sostenibilidad medioambiental”.