Las ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras no pagar un crédito, aumentaron un 84,1 % interanual en el primer trimestre en las viviendas habituales y alcanzaron las 3.207, la cifra más elevada en cuatro años, tras cerrar al alza en 2020.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que las ejecuciones hipotecarias de personas físicas también crecen en el caso de las segundas residencias, así se registraron 682 (un 22,3 % más). Al cabo de unos meses de la ejecución hipotecaria se produce el lanzamiento, más conocido como desahucio.
El total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad fue de 8.257, lo que supone un 17,5 % menos que el trimestre anterior y un 23,7 % inferior a enero de 2020. De esos más de 8.200 embargos, 7.906 correspondieron a fincas urbanas, y 351, a fincas rústicas.
Nueve de cada diez son pisos de segunda mano
Dentro de las fincas urbanas, se embargaron 5.178 viviendas, un 6,7 % menos interanual; hubo 244 embargos de solares, un 45,2 % menos que un año antes, y 2.484 embargos de otras fincas urbanas, un 41,7 % menos.
Los embargos de locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos suponen el 30,1 % del total.
Atendiendo al estado de la vivienda en el momento del embargo, el 10,5 % de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre se produjo sobre nuevas, y el 89,5 % sobre usadas. En el primer caso se redujeron un 45,1 % en tasa anual, mientras que el de usadas aumentó un 1,7 %.
Más viviendas embargadas en Andalucía
Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que mostraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron la Comunidad Valenciana (1.731), Andalucía (1.526) y Cataluña (1.426).
El menor número se registró en Navarra (16), La Rioja (50) y Extremadura (68).
Con los datos de los embargos sobre viviendas, Andalucía (1.094), la Comunidad Valenciana (1.093) y Cataluña (1.011) presentaron el mayor número de ejecuciones, y Navarra (14), La Rioja (41) y Extremadura (43), los más bajos.