Si cada asesinato machista representa un fallo del sistema, como coinciden en señalar algunos expertos en violencia de género, solo la semana pasada se produjeron seis. Para cinco mujeres y el hijo de una de ellas, las instituciones no lograron llegar a tiempo, lo que hace aún más profunda la herida social y más necesaria una revisión urgente de los protocolos vigentes.
A esto último se ha comprometido en las últimas horas el Ministerio de Igualdad, que impulsó el pasado viernes un plan para diagnosticar lo que puede estar fallando en la protección a las víctimas de violencia machista y mejorar los instrumentos que están en marcha. Mientras tanto, un primer análisis sobre la semana negra que acaba de vivir Españaapunta a la posibilidad de que las circunstancias sociales tras la caída de restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19 haya influido en el repunte de crímenes.
Así lo ha expresado este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, y también la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, si bien precisa que será necesario esperar a que acabe el año para elaborar una estadística detallada.
“La vuelta a la normalidad puede estar incrementando el miedo del maltratador a perder el control sobre sus víctimas“
“Sin perjuicio de que requiere un estudio mucho más detenido y profundo, desde luego estamos ante una escalada que podría deberse al fin de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria (…) Entendemos que la vuelta a la normalidad de la vida cotidiana, después de esta crisis sanitaria, puede estar incrementando el miedo del maltratador a perder el control sobre sus víctimas”, explica a RTVE Carmona, que recalca que “todos los asesinatos son fallos del sistema, tanto si ha habido denuncia previa como si no la había”.
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El cambio de escenario social aumenta el riesgo
Los maltratadores, añade Carmona, se habrían “aprovechado” en el último año de las circunstancias del confinamiento y de las medidas sanitarias para “controlar de una manera mucho más exhaustiva a las víctimas”, y es posible que el cambio de escenario haya hecho que la percepción cambie en los agresores y que el riesgo aumente para ellas.
“Según los expertos, es cierto que puede haber una relación. Hemos visto que en el año 2020 y sobre todo en los meses de confinamiento absoluto hubo un número de asesinatos muy inferior al de otros años anteriores. En ese sentido, el hecho de que las mujeres estaban más controladas dentro de sus domicilios, en muchas ocasiones viviendo situaciones de violencia dentro del domicilio familiar, que han tenido imposibilidad de salir de ahí o de pedir ayuda, ha podido provocar que ahora con esa desescalada y mayor libertad de movimiento el control del maltratador sobre la víctima sea más difícil y, por tanto, se incrementen las situaciones violentas”, agrega la presidenta del Observatorio.
Su apreciación concuerda con la que expresa la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, que considera probable la relación entre el elevado número de crímenes en un corto periodo de tiempo y la “salida de la pandemia”, y apunta que en estas circunstancias se pueden estar tomando decisiones como separaciones y divorcios que ponen a las víctimas en mayor riesgo.
También hubo un repunte tras el fin del primer estado de alarma
También ve ese vínculo con el fin del estado de alarma el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente, quien también alude en su argumentación al control que aspiran a ejercer en todo momento los agresores y que en esas circunstancias concretas puede aumentar.
“Es terrible es que el factor que protege la vida de las mujeres sea una crisis económica y social“
“Lo que es terrible es que el factor que protege la vida de las mujeres sea una crisis económica y social, y que el bienestar y la normalidad se traduzca en riesgos. Es absolutamente terrible”, subraya el también profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, que trabaja en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, revela que en ese juzgado han recibido en los últimos días “un número de denuncias muy alto en comparación con las semanas anteriores”, lo que ha hecho a los profesionales que trabajan en él “levantar todas las alertas”.
También han aumentado en ese juzgado, dice Carmona, las solicitudes de órdenes de protección y el número de detenidos, ante lo que hace un llamamiento a “no bajar la guardia en ningún momento”, tanto en las instituciones como en el entorno de la víctima.
“El año pasado se dio una situación parecida en agosto, cuando se produjo el fin del confinamiento. Esa sensación de recuperación hizo que en agosto, después del trimestre con menos homicidios de toda la serie histórica (4) pasáramos a 8 homicidios de repente, justo cuando se recuperó la normalidad. Luego, en la segunda ola todo volvió a cambiar de nuevo”, argumenta Lorente, quien cree que, teniendo este precedente tan cerca, “se tenía que haber previsto” lo que podía ocurrir ahora.
Revisar el sistema de detección: ¿implicar a la Sanidad?
Concretamente, entre el 17 y el 23 de mayo se han contabilizado seis asesinatos por esta lacra: cinco mujeres y un menor de 7 años. Estos casos dejan, además, seis huérfanos menores de edad.
Las dramáticas cifras llevaron a la ministra de Igualdad a convocar una reunión de urgencia el pasado viernes con los agentes implicados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de detectar los posibles fallos existentes en materia de prevención y atención a estas víctimas, y mejorar los instrumentos vigentes. Esto último lo ven necesario también los expertos consultados.
“Estamos cansadas ya de decir palabras de condena, de decir palabras de ‘basta ya’, de ‘no podemos más. Esto ha de sentirlo toda la sociedad y con más responsabilidad desde luego que la tienen, el poder político y el poder judicial”, señala Altamira, quien dice que “evidentemente” han “fallado” los mecanismos existentes para evitar estos asesinatos machistas.
“Hemos de ser capaces de dar esa confianza para denunciar y de valorar el riesgo que padecen“
“Primero, porque no han sido capaces de dar confianza para denunciar, porque de todas las mujeres asesinadas este año, ni tan siquiera ni tan siquiera el 20 % habían denunciado. Hemos de ser capaces de dar esa confianza para denunciar y si denuncian y piden protección tenemos la obligación de valorar adecuadamente el riesgo que padecen y la obligación de proteger a esas mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Y cuando eso no ocurra tenemos obligación de pedir responsabilidades, pero incluso personales porque existen”, opina Altamira.
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Lorente afirma que conseguir que las víctimas denunciaran sería “lo ideal”, pero ve poco ajustado a la realidad que esto se produzca de manera generalizada porque, dice, hay infinidad de mujeres que están “atrapadas” en una “normalidad” machista que les impide considerar que lo que sufren es algo grave.
En este sentido, lo que este médico forense propone es poner el foco en la detección a través de la línea sanitaria.
“Donde están estas mujeres es en las consultas sanitarias, no están ni van a estar en los juzgados. Por mucho que queramos que todas denuncien, no va a ocurrir (...) la clave está en la linea sanitaria”, explica Lorente, que señala que las mujeres que sufren violencia machista están en las consultas médicas en un 20 % más que quienes no la padecen.
Su propuesta pasa por implementar una estrategia de “cribado universal” a través de la que, sistemáticamente, se le pregunte a cada mujer que acuda a consulta por su situación de pareja. No basta solo con preguntar, precisa; este proceso debe enfocarse tanto en la la detección como en la atención y en la asistencia.
Reforzar la protección a partir de una valoración de riesgo eficaz
Por otro lado, tanto Altamira como Lorente apuntan a la importancia de mejorar la protección de las víctimas, cuando ya se tiene conocimiento de su situación. De hecho, dos de las seis mujeres que fueron asesinadas por violencia machista la semana pasada habían interpuesto denuncia contra su presunto agresor, según los datos actualizados este lunes por el Ministerio de Igualdad. Solo una de ellas, sin embargo, (la mujer de Zaragoza que fue asesinada este domingo) tenía una orden de protección en vigor.
La ministra de Igualdad había llamado ya a "reflexionar" sobre esto después del asesinato de una mujer de 60 años en Sagunto (Valencia), el pasado 9 de mayo, que había denunciado su situación ocho días antes del suceso. Desde entonces, pesaba sobre su presunto agresor una orden de alejamiento que no cumplió.
Lo mismo ha pasado dos semanas después, este domingo 23 de mayo, en el caso registrado en Zaragoza. El presunto agresor de Katia, una mujer de origen nicaragüense de 35 años, también tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima tras varias denuncias interpuestas por ella, además de antecedentes por violencia de género.
También la víctima de Sa Pobla (Mallorca), una mujer de 28 años asesinada el 17 de mayo junto a su hijo de 7, había denunciado en dos ocasiones a su presunto agresor: en 2012 y en 2018, según ha informado la delegada de Gobierno en Baleares, Aina Calvo. Según ha explicado, tras la primera denuncia pesaba sobre este hombre una orden de alejamiento. Sin embargo, el cese de las amenazas y la "desaparición" del agresor provocó su levantamiento.
La víctima volvió al programa Viogén cuando puso la segunda denuncia, aunque en 2019 el protocolo "siguió los cauces previstos" cuando la mujer declaró el regreso a "una supuesta normalidad" en la relación.
Estas tres mujeres, las víctimas de Valencia, Baleares y Zaragoza, son las únicas víctimas que habían presentado denuncia previa de las 14 asesinadas por violencia de género en lo que va de 2021.
“Creo que es momento de que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial cambien su manera de recibir, de atender, de creer a esas mujeres que acuden pidiendo ayuda y ejerciendo un derecho, tienen que cambiar el paradigma del trato y de recepción para resolver un derecho y para hacer posible el ejercicio de ese derecho que tienen esa mujeres”, comenta Altamira, que cree que la valoración del riesgo es algo que en ocasiones está fallando.
Lorente también cree que es crucial reforzar los instrumentos de seguimiento del agresor y menciona que España cuenta con unos 2.000 dispositivos GPS que se adquirieron hace unos 11 años y de los que solo se han usado unos 900. “Se usan de manera muy ocasional y muy puntual. Tenemos instrumentos para protegerlas y están asesinándolas en situaciones que deberían ser cubiertas por estos instrumentos”, critica el forense.
Desde 2003 han sido asesinadas 1.092 mujeres por violencia de género. Según la última actualización, la mitad de las víctimas mortales de este año lo fueron a manos de sus cónyuges y la otra mitad a manos de su expareja o en fase de ruptura.
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