El juicio por la llamada ‘caja B’ del PP ha llegado a su fin y queda visto para sentencia. Han sido más de tres meses de intensas sesiones en la Audiencia Nacional por las que ha pasado como imputado extesorero del partido Luis Bárcenas y como testigos quienes fueran los máximos dirigentes del Partido Popular, entre ellos dos expresidentes: Mariano Rajoy y José María Aznar.
Unas sesiones en las que Bárcenas ha puesto en jaque a todo un partido, defendiendo unos papeles que llevan ocho años señalando a quienes fueran los máximos responsables del PP y a algunos empresarios. El extesorero ha acusado a Rajoy de destruir pruebas que acreditaban la ‘caja B’ y al exvicepresidente y ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos de ordenar ese sistema corrupto, así como al partido de enviarle a un abogado para que modificara sus papeles.
Pero tanto los demás acusados como el resto de testigos del partido han negado en todo momento su versión y la existencia de una 'caja B', que la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo dieron por acreditada. También un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (perteneciente a Hacienda) ha calificado los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como “chapuceros” y ha dicho que están “llenos de errores”. La Fiscalía, aunque cuestiona algunas de las revelaciones de Bárcenas y señala las contradicciones en sus declaraciones desde 2013, sí cree veraces algunas de las anotaciones.
Las obras de Génova, acciones de Libertad Digital y las donaciones a la ‘caja B’
Ahora, una vez todas las partes han presentado sus conclusiones finales, los magistrados deberán deliberar, principalmente, si las obras de la reforma de la sede del PP en Génova entre 2006 y 2008 fueron pagadas con millón y medio de euros en ‘negro’ a la empresa de reformas Unifica.
También decidirán sobre la compra de acciones del diario Libertad Digital por parte del extesorero del PP fallecido Álvaro Lapuerta y con la participación activa de Bárcenas. Anticorrupción atribuye a Bárcenas un delito de apropiación indebida por ‘prestar’ 139.700 de la caja fuerte del partido dinero a Lapuerta para comprar en 2004 1.270 acciones de este diario para cubrir una ampliación de capital de la compañía. Todo, en una acción coordinada y planeada por ambos extesoreros para aumentar su capital. En 2007, Lapuerta vendió esas acciones a un precio de 209.550 euros, sin reponerlos a la caja fuerte del partido.
Y respecto a los llamados ‘papeles de Bárcenas’ y la ‘caja B’, los magistrados no se centrarán los presuntos sobresueldos a los dirigentes del partido. En realidad, tratarán de esclarecer si las donaciones al PP por parte de empresarios con las que se pagaron dichos sobresueldos fueron a cambio de adjudicaciones públicas durante el Gobierno de José María Aznar, con varios ministerios implicados y por valor de 570 millones.
Por todo ello, la Fiscalía pide para Bárcenas, que ya cumple una condena de 29 años por la la primera etapa del caso Gürtel, cinco años de prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y falsedad documental; para su sustituto como gerente del PP, Cristobal Páez, 18 meses de cárcel y, para los responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García (no así para Laura Montero, que ha quedado fuera del procedimiento). También está imputado el PP como presunto responsable civil subsidiario.
Las acusaciones de Bárcenas contra Rajoy y contra el antiguo PP
Bárcenas mostró su completa disposición a colaborar con la justicia a raíz de la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, por el caso Gürtel. Seis días antes de comenzar el juicio en la Audiencia nacional, el extesorero envió una demoledora confesión a la Fiscalía en la que aseguró que llegó a mostrar en 2009 a Rajoy documentos que probaban la llamada ‘caja B’ y que el entonces presidente del Gobierno y líder del partido destruyó, aunque Bárcenas guardó una copia.
Ya sentado en el banquillo, Bárcenas se reafirmó en su confesión. Aseguró también que, desde el PP, a través de un abogado, se le planteó alterar los conceptos y las cantidades registrados en sus papeles de la 'caja B' del partido para crear dudas respecto de su veracidad y que además le ofrecieron 500.000 euros en efectivo que aportarían empresarios para zanjar el litigio que tenia con el PP, pero él reclamó 975.000 euros porque, según dijo, era lo que le correspondía como indemnización.
También defendió la veracidad de los sobresueldos registrados en sus apuntes y defendió que esos llamados ‘papeles de Bárcenas' son "los papeles del PP". Se trata, dijo, de un sistema de contabilidad que nació porque el partido recibía donativos, generalmente superiores al límite de gasto, y "había una serie de compromisos que había que satisfacer de forma no oficial". Justificó así que se necesitaba "dinero de esas características" para atender pagos como retribuciones a cargos electos. Un sistema, según él, que fue ideado por Cascos, quien dio la instrucción a Álvaro Lapuerta para proceder así. De ese sistema, aseguró, recibieron sobresueldos por su cargo los siguientes secretarios generales.
Rajoy, Aznar y el resto de testigos le desmienten
Los testigos que estaban llamados al juicio y que fueron los máximos dirigentes del PP durante décadas desmintieron a Bárcenas con la misma versión: que nunca han recibido sobresueldos, que las acusaciones vertidas por su antiguo compañero son “falsas”, que la ‘Caja B’ no era del PP, sino del extesorero y que es él quien debe dar explicaciones por ella. Quienes, además, fueron en algún momento secretarios generales del partido, han insistido en desvincular la contabilidad del mismo con sus funciones.
Rajoy negó de lleno, además, haberse deshecho de pruebas sobre la contabilidad paralela del PP: “Nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos”. Aznar, por su parte, rechazó haber autorizado “ninguna compensación” económica “a nadie” del partido, después de que el exdiputado Juan Ignacio del Burgo insinuara durante el juicio que el expresidente del Gobierno fue la persona que autorizó una compensación económica de 3,9 millones de pesetas para el exconsejero navarro Calixto Ayesa por el pago de un crédito relacionado con UCD.
Otros ex secretarios generales del PP, Álvarez Cascos y Javier Arenas, rechazaron también haber ordenado pagos a modo de compensación a dirigentes del PP. El primero negó haber ordenado un sistema de contabilidad paralela y, el segundo, sí reconoció que le pidieron ayuda tanto el expresidente Balear Jaume Matas como el expresidente del Senado Pío García Escudero por sus respectivos problemas económicos pero aseguró que él derivó a ambos a Lapuerta.
María Dolores de Cospedal, por su parte, negó que Bárcenas le diese 50.000 euros y otros tantos a Rajoy procedentes de la devolución de un embargo que afectaba al PP de Pontevedra, tal y como había dicho el extesorero. También rechazó que en el verano de 2009 les entregase a cada uno 20.000 euros procedentes del saldo de la presunta contabilidad B del partido. Sobre el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP en la calle Génova, en Madrid, sostuvo que se abonó mediante transferencias y facturas ordinarias, conforme a la ley. "La cantidad es lo suficientemente abultada para que no tenga que haber otro pago. Esa teoría me parece bastante inverosímil", zanjó. Durante su testifical, Cospedal admitió sentir “desprecio” hacia Bárcenas.
Otros testigos como el exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro Federico Trillo dijeron no reconocer la "veracidad" de los llamados 'papeles de Bárcenas' durante el juicio y negaron haber recibido dinero alguno. Y en las sesiones también han declarado reconocidos empresarios como Juan Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, quien también negó hecho donaciones al partido.
La defensa de Bárcenas pide un atenuante y, el resto, la absolución
La defensa de Bárcenas ha pedido un atenuante al tribunal después de que el extesorero del PP haya colaborado por "arrepentimiento" y tras reflexionar en prisión. También ha afirmado que el exdirigente 'popular' se "achaca las culpas" de que su mujer esté en la cárcel y ha defendido la veracidad de sus apuntes.
Respecto a Unifica, las defensas de Urquijo y García han pedido la absolución en el caso y han presentado a sus clientes como “víctimas” de la vertiente política del mismo. Han negado que recibieran dinero en negro y han puesto el foco en Bárcenas. También ha negado que los ingresos en B estén acreditados y ha cuestionado "la fantasiosa tesis" de la UDEF, que investigó los hechos.
Igualmente pide la absolución la defensa de Páez, quien durante el juicio se desvinculó de toda la responsabilidad económica del partido, que atribuyó al extesorero. Respecto a los ‘papeles de Bárcenas’, dijo que era Bárcenas "quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo" porque él "ni lo sabía ni lo quería saber".
La Fiscalía cree en la veracidad de los papeles
En la exposición de su informe final, el fiscal Antonio Romeral ha dicho tener la "convicción" de que los llamados papeles de Bárcenas son "reales" y ha asegurado que algunas de sus anotaciones contienen "información veraz", pero ha admitido que el testimonio del extesorero le genera "dudas" por sus contradicciones. La Fiscalía ya dudó en su día de las revelaciones hechas por Bárcenas en su confesión y negó haber hecho pacto alguno con el extesorero para su colaboración.
Por su parte, la Abogacía del Estado ha concluido que el PP y Unifica acordaron que parte de las obras de la sede nacional del partido se pagara en negro para ocultar estos ingresos a Hacienda. La abogada del Estado ha señalado dos delitos fiscales, uno por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2007 y otro por el IVA de 2010 debidos, por un lado, por la ocultación de ingresos y por otro por no declararlos en el ejercicio correspondiente.
Además, la jefa del área Penal de los servicios jurídicos del Estado, Rosa María Seoane, ha incidido en la responsabilidad de Urquijo y García, a los que ha calificado como "defraudadores por partida doble" y a Unifica como una "máquina defraudatoria generalizada". Según ha recordado, los socios de Unifica se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y presentaron una declaración tributaria especial para "aflorar una cantidad superior a un millón de euros cada uno de ellos" por el IRPF.
Por último, las acusaciones populares se han remitido a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) para insistir en que la existencia de una contabilidad paralela en la formación política ya se ha dado por acreditada.
Concluido el juicio, la sentencia se espera para dentro de varios meses.