Cada vez se realizan más actividades en línea: leer la prensa, consultar la cuenta del banco, el correo, etc. Sin embargo, no todas pueden afrontarse de la misma forma porque pesa, y mucho, desde dónde las hagas. Y es que el teletrabajo, con todas sus flexibilidades, no ha ayudado a paliar los problemas de conexión.
Un año después del estallido de la pandemia de COVID-19, continúan en el aire muchas incógnitas. Por ejemplo, con la ley del teletrabajo la presencialidad podría no ser ya la opción favorita de las empresas. Y es que pasar tiempo en casa promovió que muchos se cuestionaran su vida y aprovecharan el fin del estado de alarma.
David, por ejemplo, abandonó Madrid y se fue a La Adrada, en Ávila. Mantiene su empleo en la capital mientras oposita, por lo que en su caso la deficiencia de internet no es un problema para la vida laboral. Sin embargo, tampoco puede disfrutar plenamente de su tiempo de ocio en la España rural: los cortes hacen imposible ver cómodamente una serie.
El suyo es un ejemplo de una situación medianamente asumible. No obstante, esa falta de conexión sigue siendo un lastre en el día a día en distintos puntos de la geografía española, de ahí que reclamen un servicio que desde 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera un derecho humano básico.
La (des)conexión en España, en un mapa: las zonas blancas y grises del país
Quedarse sin Internet, o que la red sea insuficiente para trámites personales y profesionales, por tanto, no es algo del pasado. Tener una infraestructura decente es lo que reclaman los habitantes de las áreas con conectividad limitada -o inexistente-.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, elabora desde 2010 un mapa de las zonas blancas y grises. Con él, operadores y Administración trabajan para mejorar la conexión con el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA‐NGA).
Con esto, el Gobierno prevé un 100 % de cobertura de banda ancha en 2025. A medio plazo tienen otro hito intermedio "bastante realizable": alcanzar 30 Mb -velocidad "ultrarrápida"- en 2023. Al margen de estos objetivos, en la nueva Ley General de Telecomunicaciones figurarán hasta 11 actividades que deberán estar garantizadas para todos, "con independencia de su localización geográfica".
Acabado 2021, la Secretaría estima que la banda ancha fija esté disponible en el 91 % del territorio. ¿Qué impide llegar al otro 9 %, tras más de 50.000 millones de euros invertidos. "No es lo mismo tener un país muy llanito, como puede ser Estonia, a tener montañas como los Pirineos". Pese a ello, España es el quinto país de Europa, según el Índice y Economía de Sociedad Digital de la Comisión Europea.
La conectividad, un 'must' de este siglo aún vetado en algunos municipios...
Si se tiene en cuenta el acceso por banda ancha tanto fija como móvil -con menos requisitos para su instalación- el 95,3 % de los hogares disponía de acceso a Internet en 2020, cuatro puntos más que en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo advierte de que el porcentaje "aumenta cuanto mayor es el tamaño del municipio", pero también estima que más de un millón de hogares no tienen conexión.
Entre los motivos recopilados en 2019, tres de cada cuatro afirmaban no necesitarlo (no les era útil, contaban con otro entorno para usarlo, etc.). El 26 % aseguraba que los elevados costes de ese servicio lo hacían inviable. Y para un 5 % del total, disponer de Internet en su lugar de residencia se trataba, directamente, de algo imposible. Una situación que se acrecentaba en los municipios con menos de 20.000 habitantes.
Sin contar las redes móviles, la ciudadanía puede contratar en sus hogares dos modalidades principales: ADSL y fibra. Entre sus diferencias, la esencial es su ancho de banda: la "velocidad", la cantidad de datos que se envían y reciben, medida en megabits por segundo. La máxima que se alcanza en ADSL es de 30 Mb -el objetivo del Gobierno a corto plazo-, mientras que con la fibra se comercializan 300 Mb, o más.
Sin embargo, no siempre es posible contratar esta última, algo que sí podrán hacer ahora en Santibáñez el Alto (Cáceres), según cuenta Sofía (nombre ficticio). La iniciativa, confirman fuentes del ayuntamiento, surgió de la Delegación Provincial, en sintonía con la Junta, que publica regularmente ayudas para estos despliegues en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Sofía sabe que tiene suerte: en el suyo viven 350 personas. "Si no hay población suficiente, tampoco te van a prestar los servicios instantáneamente", reflexiona.
… sin importar dónde te encuentres
Y es que todas las comunidades cuentan con áreas con conexión deficiente. Las regiones más afectadas por las zonas blancas, sin previsiones de banda ancha, son Cataluña, Baleares y Galicia. Las zonas grises, por su parte, se concentran en Andalucía y Aragón. En total, 264.587 hogares se encuentran en núcleos blancos y 180.125 en los grises.
Rocío reside en el pequeño pueblo de Cabanelles, en la comarca de Alt Empordà (Girona). En su caso, vivir junto a una formación rocosa es la raíz de sus problemas de red. Y, aunque en ocasiones lo prefiere -"Nos hemos acostumbrado tanto a la inmediatez, pero es un alivio a veces [no tenerla]"-, critica la demanda de cada vez más trámites online cuando no siempre es posible realizarlos.
Los problemas se extienden hasta las Islas Canarias. Fermín (nombre ficticio) trabaja en dos: Tenerife y La Gomera. En su caso, lo que peor lleva es no estar disponible en el ámbito laboral, pero asume que la situación mejorará con el tiempo. "El problema es si llegaré a estar vivo y podré disfrutarlos cuando eso pase", especula.
Problemas para los nuevos y para los que han estado siempre
Hay quien, por su tipo de empleo, podría vivir en puntos alejados de las grandes urbes, pero no ha podido hacerlo en estos meses. Paula, natural de San Esteban de Gormaz (Soria), tuvo que marcharse porque los continuos cortes le impedían trabajar como docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. "Estar conectados, y más hoy en día, debería ser un derecho para todos, independientemente del código postal en el que vivamos", resume.
¿Y si no puedes dejar tu empleo y aun así tienes problemas? Es lo que denuncian Rocío -ya mencionada- o Tania, integrantes de Ganaderas en Red. Esta última vive en Villablino, en la comarca de Laciana (León), y se desespera con el panorama. Al regentar una ganadería, las guías -permiten el traslado de animales vivos- son obligatorias, pero asegura que puede pasar dos días intentando rellenar una.
María (nombre ficticio), residente en Pesaguero (comarca de Liébana, Cantabria), comparte las impresiones de su compañera. "Hoy sí que me he bajado a un sitio para poder hablar contigo", cuenta mientras pastorea a sus ovejas. En su área tienen que valerse de las líneas TRAC, un servicio de Movistar con opción de Internet por satélite a una velocidad muy reducida. Otro operador, Adamo, se comprometió a llevar Internet de alta velocidad en toda Cantabria, pero Pesaguero no entró en ese plan; María desconoce el motivo.
Ojo: vivir en una gran ciudad tampoco asegura una buena conexión
Xabier decidió mudarse junto a su familia a una nueva casa en A Coruña, cerca de uno de los centros comerciales más grandes de Galicia. Contrataron la fibra con Movistar, pero llevan con problemas para instalarla desde septiembre. Él y su mujer teletrabajan y "cuando uno de los dos va a tener una videoconferencia tiene que avisar al otro para abstenerse, en lo posible, de tirar mucho de la conexión".
Vivir a 60 kilómetros de la capital de España y dentro de la misma comunidad autónoma no exenta de vivir estas situaciones. Noel reside en Zarzalejo desde diciembre y asegura que su zona es la única del municipio con problemas. Cuatro meses más tarde, la única respuesta que ha recibido es que le "avisarían" en el momento en el que se solventara todo.
¿Qué queda por hacer? Que el Estado incentive y que los operadores inviertan
¿Se puede presionar a los operadores? En la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones prefieren verlo de otro modo. "Más que presionarles, lo que hacemos es incentivarles. Por eso les damos ayudas", puntualizan. Por eso confían en cumplir con los objetivos previstos: "Nuestra experiencia reciente demuestra que se puede".
Los operadores también son optimistas, aunque piden más facilidades para desarrollar los proyectos. Lo expone Elena Arrieta, directora de Comunicación de DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización, que explica que un entorno de equidad fiscal motivaría a invertir más. "Las empresas de telecomunicaciones están sometidas a una presión fiscal del 6,61 %, el doble que la media europea", señala Arrieta.
En cuanto a la tecnología a usar para cumplir los objetivos, el Gobierno prefiere no promocionar ninguna -"Somos tecnológicamente neutros"-, sino que sean los operadores quienes elijan la más pertinente. No obstante, hay puntos donde no hay más remedio que instalar Internet por satélite, una opción muy cara -el doble que un paquete convencional- y expuesta a las inclemencias climáticas.
¿Y si no? Red.es es una buena alternativa. Se trata de una entidad pública dentro de la Secretaría de Estado que financia la instalación de conexiones de internet, en su mayoría también satélite en poblaciones rurales y pequeños municipios con hasta 400 euros. Según indican desde DigitalES, la convocatoria se ha prorrogado un año más.
Mientras tanto, toca esperar (más)
Porque no siempre se consigue ese servicio. Tampoco con subvenciones de por medio. Lo cuenta Agustín, que vive en la aldea de Caxade, en Teo (A Coruña), una localidad que debía contar con fibra óptica de la mano de R Cable, pero no ha sido así. Y no es un caso aislado: el Ayuntamiento de Mos denunció a la misma compañía.
No es optimista, como tampoco lo es Álvaro. Su familia es de Portalrubio de Guadamejud (Cuenca) y mucho antes de la pandemia quiso poner internet, sin éxito. "Ninguna compañía te ofrece ni un triste RDSI -una opción débil frente al ADSL- y como me preguntes por fibra a lo mejor me echo a llorar", comenta. Son solo 30 habitantes, pero Álvaro denuncia que el municipio debería estar lleno -está a una hora y media de Madrid-. "Debería estar llenándose de gente… pero no pueden trabajar en Portalrubio", resume.
Elena vive en la parroquia de Manzaneda, en el municipio de Gozón (Asturias), una zona blanca aun teniendo cerca ciudades como Oviedo, Gijón o Avilés. Tanto ella como Agustín apuntan a que España podría fragmentarse en dos velocidades. "Si vives en una metrópolis o una capital, tendrás 5G e Internet de las Cosas -controlar, por ejemplo, electrodomésticos a través del teléfono", explica Agustín. Fuera de esos círculos, todo lo demás quedará ralentizado, como denuncia Elena, que ni se plantea programar su robot aspirador.
Protegemos tu privacidad - Internet de las cosas en casa - 17/03/21 - Escuchar ahora
Aunque ahora mismo sean "cosas menores", las exigencias sociales y laborales vinculadas a la tecnología son más recurrentes. De nada sirve demandar trámites por Internet si aún quedan hogares que no pueden hacerlo cómodamente desde su propia casa. Y no es una cuestión de diferencias entre el pueblo y ciudad: todo el mundo debería poder optar a lo mismo independientemente de su lugar de residencia.
Gracias a Agustín, Álvaro, Beatriz, David, Elena, Enrique, Judit, Fermín, Mai, María, Noel, Paula, Rocío, Sofía (y al ayuntamiento de Santibáñez el Alto), Tania y Xabier, por su tiempo y participación en este reportaje. Son solo una pequeña muestra de las miles de personas afectadas por este problema. También a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a DigitalES por resolver todas las dudas planteadas.