Exclusión social, inseguridad y riesgo de contagio. La pandemia ha golpeado de manera más dura a las personas sin hogar. Según Cáritas, aproximadamente 40.000 personas viven sin hogar en España, cifra que contrasta con las 33.000 personas identificadas en la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar. Pero el covid o las inclemencias meteorológicas no son los únicos problemas a los que se tienen que enfrentar las personas que no tienen casa. También tienen que protegerse de las agresiones físicas.
Agresiones invisibilizadas
Aunque parezca mentira, situaciones como insultar, escupir o dar patadas a una persona sin hogar que duerme en la calle o dentro de un cajero de un banco son más frecuentes de lo que se piensa. "La realidad es que todo eso ocurre, el problema es la ausencia de denuncia; las víctimas no tienen el empoderamiento necesario para contar los hechos dada su situación de exclusión social", afirma el fiscal coordinador de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.
Gracias a testimonios de vigilantes de seguridad o de empleadas de limpieza de entidades bancarias o de la vía pública donde duerme cada noche la víctima, algunos de los casos llegan a los tribunales. Pocas veces son los propios agredidos los que denuncian, únicamente cuando van de la mano de una entidad social.
El problema de todas estas agresiones es que, en la mayoría de las ocasiones, pasan inadvertidas. El 68 % de los testigos de una agresión a una persona sin hogar no ha hecho nada y las propias víctimas apenas denuncian, solo en situaciones de extrema gravedad o cuando son acompañadas por una entidad social, porque llegan a normalizar muchos de esos actos violentos o discriminatorios. Así se desprende de las conclusiones del informe "Denuncia y judicialización de los delitos de odio: un laberinto para las víctimas en situación de sinhogarismo", presentado por la entidad ‘Hogar Sí’.
La primera barrera que describe estas situaciones es la ausencia de datos oficiales sobre este tipo agresiones, que apenas llegan a denunciarse; si se denuncian, se topan con procesos largos y con pocos elementos probatorios, muchas veces por la incomparecencia de testigos.
Según el Observatorio Hatento, creado por organizaciones de atención a personas sin hogar, seis de cada diez personas que contaron haber sufrido un incidente o delito de odio no acudieron a ningún tipo de servicio u organización especializada. La mayoría de veces, según el estudio, "porque no iba a servir de nada" o por falta de confianza en las instituciones.
"El 63 % de los testigos no hizo nada en los casos que se encontraron; como sociedad tenemos naturalizada la vulneración de derechos de personas con sinhogarismo y es tan fácil como llamar al 112 para comunicarlo", afirma Ruth Caravantes, una de las autoras del estudio de ‘Hogar Sí’.
Por parte de las víctimas, ese rechazo a denunciar se debe al miedo a ser deportado si su situación es irregular (así lo afirma el 54 %), barreras idiomáticas (el 36 %) o que vienen de haber pasado por otro proceso judicial como víctimas de violencia de género (19%).