El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y la patronal para que los trabajadores de reparto o 'riders' sean reconocidos como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos, como venía ocurriendo hasta ahora.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que "van a aflorar miles de trabajadores, a partir de la aprobación de la norma, que va a desplegar todos sus efectos", aunque no ha concretado cuando la llevará al Consejo de Ministros por que son necesarios varios informes preceptivos que tardarán un tiempo
En una rueda de prensa, para explicar el acuerdo, la titular de Trabajo ha presumido de que "somos el primer país de la UE que regula este tipo de actividades" pero ha querido aclarar que la actividad económica de las plataformas no se regula, ya que eso depende de la vicepresidenta Nadia Calviño.
"Miles de trabajadores serán laborales, gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores en el ámbito de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen, por ejemplo, si sufren un accidente laboral", ha precisado Díaz.
"El consenso permite la laboralización de las personas trabajadoras que prestan sus servicios a través de las plataformas digitales de reparto, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo", ha asegurado el Ministerio. Díaz ha explicado que estos trabajadores "son ya hoy laborales", si bien para que las empresas reconozcan esa relación laboral se ven obligados a demostrarla ante los tribunales.
Nuevas protestas de los repartidores
Los repartidores han mostrado su decepción y se sienten "ninguneados", además de considerar que el acuerdo "es inadmisible y una vergüenza" al no contar con ellos, por lo que se han manifestado este jueves ante el Ministerio de Trabajo para expresar su rechazo al texto y su voluntad de seguir siendo autónomos.
El portavoz de RepartidoresUnidos.org, Gustavo Gaviria, ha recordado que han intentado formar parte de las negociaciones. "Hemos enviado peticiones de reunión hasta siete veces y hemos salido más de 2.000 personas a la calle en tres ocasiones para expresar que no estamos de acuerdo, y que esto tendrá un impacto muy negativo para nosotros. Y nadie nos ha escuchado", ha lamentado.
Por su parte, el presidente de APRA, Jordi Mateo, ha señalado que el colectivo de repartidores están "enfadados, decepcionados y nos sentimos ninguneados". "Si queda algo por hacer, seguiremos insistiendo. Esto no es la Ley Rider, es la Ley Anti Rider".
Estos repartidores aseguran que esta norma "dejará a muchos riders sin trabajo". "Aquellos que realmente son autónomos y que tienen varios trabajo, aquellos que lo combinan con otro proyecto o la familia, aquellos que lo han utilizado para entrar al mercado laboral porque en todas partes les decían que no, aquellos que acaban de llegar al país y tienen muchas puertas cerradas. Todos estos, fuera a la calle", han advertido.
Meses de negociación
La ministra lleva negociando desde hace meses con los agentes sociales una ley rider que regule la situación laboral de este sector, que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento. La semana pasada explicó en TVE que el acuerdo era "inminente", algo que se ha consumado este miércoles tras vencer las reticencias de la patronal, reacia en un primer momento a algunos aspectos de la ley.
Además, se recoge que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
La modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores "tiene muchísima relevancia e importancia", ya que va a permitir acceder o neutralizar determinadas actuaciones que los algoritmos permiten. Díaz ha citado los "castigos algorítmicos" por trabajar en determinadas franjas horarias, la penalización por rendimientos que pueden interpretarse de forma sesgada o, incluso, "por propiciar o desarrollar una huelga".
El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Algunas asociaciones de repartidores siguen protestando y reclaman que se les siga considerando autónomos, mientras que otras reivindican que son trabajadores por cuenta ajena.
La sentencia del Supremo determinó que la relación entre un repartidor y la empresa de reparto Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que el trabajador se considera un falso autónomo.
Los sindicatos celebran el acuerdo
En Twitter, Díaz ha celebrado el acuerdo como un "paso decisivo" para la "laboralización" de los repartidores. También el sindicato UGT, que ha pactado este acuerdo junto con CCOO y las patronales CEOE y CEPYME, se ha congratulado de este "primer paso" en el camino de "regular las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras de las plataformas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que el acuerdo es un "hito en la regulación de la economía de plataforma" y ha confiado en que se extienda más allá de los repartidores. Los 'riders' "no son personal autonómo, son trabajadores y trabajadoras", ha insistido Sordo.
"Quien ha conseguido que se nos reconozca como trabajadores no ha sido el Gobierno sino todos los que nos hemos jugado el pellejo en huelgas, manifestaciones y más de 44 victorias judiciales", ha defendido en redes sociales la asociación de repartidores Riders x Derechos.