PSOE y Unidas Podemos registran este jueves una proposición de ley para acabar con el voto rogado y proponen ampliar los plazos de votación desde el extranjero, así como enviar papeletas digitales para agilizar el proceso. Todo, con el fin de que los electores puedan recibir la documentación y efectuar la votación en plazo, a diferencia de lo que "ha venido sucediendo hasta ahora" -muchos electores se ven impedidos para votar, aunque lo intenten-, según recoge el texto, que podría votarse en el Congreso a finales de febrero.
Según la proposición, a la que ha tenido acceso RTVE, los dos socios plantean reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, introducido a propuesta del PSOE con la reforma de 2011.
Actualmente, el voto rogado introducido en 2011 obliga a los electores españoles en el extranjero a solicitar expresamente el voto cumpliendo una serie de plazos muy breves tanto para la solicitud de la documentación electoral como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna.
Estos trámites, que han de realizarse en un escaso margen de tiempo, dificultan el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa electoral e impiden en la práctica el ejercicio de este derecho fundamental a un número muy elevado de ciudadanos, según recuerdan el PSOE y Unidas Podemos en su proposición.
Por ello, los dos socios quieren "responder a las demandas de la colectividad española en el exterior" y plantean así que los españoles residentes en el extranjero puedan recibir la documentación en su domicilio y también descargar telemáticamente las papeletas.
"Todo ello facilitará que los electores reciban la documentación en plazo, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora en muchos casos, al ser posible el envío de la documentación antes de la proclamación de las candidaturas y la resolución de las impugnaciones", dice el texto.
Se amplía el plazo para votar en el extranjero de tres a cinco días
Además, se ampliaría el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general.
El PSOE defiende que esa medida es imprescindible si se quiere que el esfuerzo de participación democrática sea tomado en consideración, ya que entienden que el plazo actual de tres días desde la fecha de la votación hasta la de apertura de los votos se ha demostrado "insuficiente".
Sí proponen mantener el PSOE y Unidas Podemos el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma de 2011: sería obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral una fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha confiado en que la proposición de Ley tenga apoyo mayoritario en el Congreso ya que "más allá de las ideologías políticas" se trata de una cuestión de democracia para garantizar los derechos políticos y civiles de los españoles en el exterior que son "fundamentales".
Echenique ha incidido, en rueda de prensa, en la necesidad de eliminar las trabas administrativas con el voto rogado que son "inaceptables" y ha argumentado que se trata de "permitir un ejercicio más digno del derecho a voto".
Además de la derogación del ruego del voto y de establecer la descarga telemática de la papeleta, la propuesta persigue la ampliación de plazos para el recuento de las papeletas con el fin de que puedan contabilizarse mejor.
Suprimir el voto rogado es uno de los puntos del acuerdo de gobierno
La supresión del voto rogado, como se conoce a los trámites previos que deben hacer los españoles en el exterior para poder votar, es uno de los puntos que figuran en el acuerdo de gobierno firmado por ambos partidos y previsiblemente su tramitación podría votarse en el Congreso la última semana de febrero.
Esta no es la primera vez que las cámaras debaten este asunto: en febrero de 2020 el Senado aprobó una moción por la que instaba al Gobierno a "promover e impulsar, en un plazo no superior a los seis meses, una iniciativa legislativa dirigida a suprimir de la legislación electoral la exigencia del voto rogado".
La implantación en 2011 y a propuesta del PSOE de un sistema por el cual los residentes en el extranjero que quisieran participar en una elecciones debían declararlo previamente hizo caer estrepitosamente la participación en los siguientes comicios.
La complejidad del procedimiento para el voto, con dificultades añadidas por la falta de medios en los consulados, retrasos en el envío de papeletas y plazos muy restringidos, provocó que el voto exterior cayese de un 32 por ciento en 2008 a un 5 por ciento en 2011, tendencia que se ha mantenido desde entonces.