El temporal Filomena ha azotado la Península, dejando a su paso un manto de hielo y nieve, así como importantes daños en campos, carreteras, infraestructuras y mobiliario urbano. Los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y Castilla- La Mancha estudian pedir al Ejecutivo estatal la declaración de 'zona catastrófica', una herramienta que ya se ha utilizado en otras ocasiones en nuestro país.
La última fue, en septiembre de 2019, cuando se declaró zona catastrófica la Comunidad Valenciana y Murcia tras el paso de una DANA. También ha ocurrido en Galicia y Asturias por importantes incendios forestales. Pero ¿qué implica esto? ¿cuándo, cómo y por qué puede solicitarse?
¿Cuándo puede solicitarse?
Esta situación y sus condiciones vienen recogidas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ante “distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada”.
De acuerdo con la ley, la declaración de una zona catastrófica corresponde a la “fase de recuperación”, es decir, cuando la emergencia ya ha pasado y se ha terminado con las acciones de respuesta inmediata al suceso.
Solo entonces, para recuperar la normalidad en las zonas afectadas, se puede activar este mecanismo. Pero en ningún caso, dice la ley, se trata de una indemnización, sino de una ayuda para paliar los daños.
¿Cómo se solicita?
La iniciativa puede partir de los propios ayuntamientos o de las Comunidades Autónomas, pero la decisión última es del Consejo de Ministros, según el artículo 23 de la ley. La propuesta llega a la reunión del gabinete a través del Ministerio del Interior, junto a Hacienda y Administraciones Públicas, aunque también pueden participar otros ministros concernidos.
Pero no basta con solicitarlo. Se debe delimitar cuál es la zona afectada y, para poder tomar la decisión y evaluar los daños, el Gobierno puede exigir un informe de la situación al Gobierno autonómico.
A partir de todo esto, se valoran los “daños personales o materiales” derivados del siniestro, haya perturbado “gravemente las condiciones de vida de la población” o haya paralizado “todos o algunos de los servicios públicos esenciales”.
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¿Qué implica?
Esta declaración facilita que el Estado dé ayudas directas tanto a particulares que hayan sufrido daños en sus viviendas o bienes, como a los ayuntamientos o a la Comunidad Autónoma. También para empresas, industrias y producciones agrícolas y ganaderas.
Igualmente, incluye líneas de préstamo subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), medidas fiscales y laborales. De este modo, puede liberar de tener que pagar impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de actividades económicas, y exonerar del pago de cuotas.
Para ello, según el caso, será necesario probar que los daños han forzado al desalojo, no están cubiertos por ningún seguro o han paralizado la actividad, entre otras condiciones, que varían en las distintas medidas.