“Cada día que pasa estamos más lejos de la jubilación”, asegura a RTVE Emilio Rodríguez, un futuro pensionista que acaba de conocer los cambios que trae el nuevo año en materia de pensiones. A partir de este 1 de enero de 2021, aquellos que deseen acceder al 100 % de su pensión deberán tener ya cumplidos los 66 años y la cuantía se les calculará teniendo en cuenta los últimos 24 años de su vida laboral.
Continúa así el retraso progresivo de la edad legal de jubilación y el aumento de los años computables para el cálculo de la pensión, de acuerdo con la ley aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el consenso del resto de partidos y agentes sociales, que entró en vigor en enero de 2013.
“45 años trabajados y aún no puedo acceder a mi merecido descanso“
“Llevo desde los 16 años ganándome la vida y tengo 61. En total, 45 años trabajados y aún no puedo acceder a mi merecido descanso”, lamenta Emilio, que a pesar de haber alcanzado con creces el máximo de años cotizados -37 años y seis meses o más-, necesita cumplir 64 si quiere optar a la jubilación anticipada.
Pero, ¿qué ventajas tiene para el sistema público estos cambios? Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones. Por otro, reduce la cuantía futura de la prestación. El objetivo es contener de alguna manera el gasto en pensiones, que año a año crece sin descanso y ha alcanzado una cifra récord en diciembre de casi 10.000 millones de euros, un 2,3 % más que el mismo mes del año pasado, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social.
El gasto de las pensiones alcanza una cifra récord en diciembre de casi 10.000 millones
Los sindicatos consideran que la reforma es lesiva
Los pensionistas no están de acuerdo con estos cambios y han salido a la calle para reclamar una reforma de las pensiones “justa”, ya que consideran que la impulsada por el Gobierno es “lesiva” y continúa con las mismas carencias que la aprobada en 2011.
“Nos parece una inocentada“
Según la portavoz de ‘Jóvenes Pensionistas’ de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, María Ángeles Poveda, los pensionistas están “bastante preocupados, sobre todo a raíz de las recomendaciones del Pacto de Toledo”, aprobadas durante el pasado mes de octubre con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, “porque no benefician en nada a los pensionistas”. “Nos parecen una inocentada”, nos cuenta.
A su juicio, el Pacto de Toledo no soluciona ningún punto de su tabla reivindicativa que, por ejemplo, hacía una especial alusión a las pensiones mínimas, que este año han sufrido especialmente por la pandemia y en las cuales, de momento, “no hay ninguna variación”, explica Poveda.
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Desde la Coordinadora califican de inadmisible que esté sobre la mesa un aumento hasta los 25 años del periodo de cómputo para el cálculo de estas prestaciones. Asimismo, piden al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que retire aspectos de esa reforma como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.
"Estamos a favor de que se deroguen las reformas laborales y las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Han sido lesivas para los trabajadores y lleva a que las pensiones sean más precarias", recalca.
La Seguridad Social, en números rojos
Lo cierto es que las cuentas de la Seguridad Social se sitúan en números rojos desde 2011 y la situación no parece que vaya a mejorar durante los próximos ejercicios. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Seguridad Social presenta a corto plazo un déficit estructural originado por la crisis de 2007, que se mantendrá en ausencia de nuevas medidas en torno a un 1,3 % o un 1,5 % del PIB (entre 15.000 y 18.000 millones de euros).
Para corregirlo, entre otras medidas, el organismo propone retrasar la edad efectiva de jubilación -la edad media real, que actualmente se sitúa en 62,4 años- hasta los 66 años y aumentar la edad de cotización de 25 a 35 años, lo cual supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB en 2050, tal como se desprende del documento técnico presentado al Congreso de los Diputados por su presidenta, Cristina Herrero.
Precisamente este aumento de la edad de cotización también ha sido planteado por la ministra de Economía, Nadia Calviño. En una entrevista en La Sexta apostó por ampliar el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión. Este cambio, añadió, se podría hacer excluyendo los años más negativos de la carrera laboral en aras de intentar mitigar el impacto negativo que tendría en la cuantía de las futuras pensiones.
No obstante, otras voces en el Ejecutivo rechazan totalmente la medida. Es el caso del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien señaló en los micrófonos de RNE que Unidas Podemos no está "de acuerdo" con el aumento de la edad de cotización para calcular la pensión de 25 a 35 años porque iría aparejada con "la reducción del poder adquisitivo" de los pensionistas.
El futuro de las pensiones, a debate
Para el profesor de Economía de la Universidad de Comillas-ICADE, Emilio González, el aumento de los años de cotización podría suponer para la mayor parte de los trabajadores una desventaja, ya que podrían ver reducida la cuantía en un 5 % debido a que “los primeros años de vida laboral los salarios son siempre menores”, si bien para el resto puede ser beneficioso, “sobre todo para los mayores de 45 años que han perdido el trabajo o se han hecho autónomos, que podrán percibir una pensión mayor que si solo se tuviesen en cuenta los últimos 10 o 15 años”.
Según González, sea cual sea la opción elegida, es necesario tomar medidas de ajuste durante los próximos años. De no hacerlo, advierte, “el sistema español no aguantará la jubilación de la generación del baby boom, que comienza a hacerlo a partir del próximo año”. Esto, unido a la diferencia existente entre los bajos salarios y las altas pensiones, va a provocar un desequilibrio muy grande, que hay que resolver de alguna manera.
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A su juicio, “cuando atravesamos tiempos de dificultades, debemos ajustarnos todos”, por lo que aboga por llevar a cabo una política de pensiones que tenga en cuenta “cuáles son los mínimos vitales que necesita la gente y, a partir de ahí, adaptar todo a la realidad de la economía española”.
Asimismo, el profesor plantea que se inviertan los fondos europeos en la transición digital y energética “porque van a generar muchísima productividad al sistema económico, lo cual permitirá a su vez salarios más altos y, por tanto, cotizaciones mejores que permitan mejorar el sistema de pensiones”.
¿Qué cambios traerá 2021 en materia de jubilaciones?
- La edad oficial para acceder al 100 % de la pensión aumenta hasta los 66 años. Los que acrediten carreras laborales prolongadas -37 años y tres meses o más- podrán hacerlo a los 65 años.
- La pensión se calculará con los últimos 24 años cotizados. Se suma así un año más al periodo de cotización exigido.
- Más edad también para las jubilaciones anticipadas. Para las forzosas -tras un despido-, habrá que tener 62 años y 33 cotizados. La penalización es de hasta un 7,5 % por cada año que falten para los 66. Mientras, para jubilarse antes de los 66 de forma voluntaria habrá que tener cumplidos 64 años y 35 cotizados. Se aplicará un 8 % de penalización por cada año que falte.
- Más años cotizados para acceder a la jubilación parcial. Solo podrán hacerlo a los 62 años y tras haber cotizado un periodo mínimo de 35 años y tres meses. En el caso de disponer de 33 años cotizados, tendrán que haber cumplido los 63.
- La revalorización de las pensiones será del 0,9 %, el mismo porcentaje que el año anterior, ya que el Gobierno prevé que ese sea el crecimiento de la inflación para el próximo ejercicio.