El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable y a personas en riesgo de exclusión social hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo).
El nuevo Real Decreto-ley llega tras más de un mes de negociaciones entre los socios de Gobierno a raíz de que Unidas Podemos presentara una enmienda de la mano de EH Bildu y Esquerra Republicana al anteproyecto de Presupuestos Generales. La medida fue criticada por ministros socialistas, como la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la de Defensa, Margarita Robles, y fue motivo de fricción en el seno del Ejecutivo durante varias semanas.
La medida pretende "motivar una respuesta habitacional sin prejuicio de los propietarios", según ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que negoció con Iglesias el grueso de esta nueva norma.
El vicepresidente segundo ha calificado de "muy buena noticia" la aprobación del decreto, ya que "va a ayudar a muchísimas familias a pasar este invierno tan duro en condiciones de seguridad y dignidad", según ha expresado en un vídeo en redes sociales.
La ley antidesahucios compensará a los propietarios afectados
Se suspenden los desahucios hasta el 9 de mayo
El decreto prolonga hasta el 9 de mayo la moratoria que expiraba el 31 de enerode los desahucios de alquiler para los afectados por la crisis de la COVID-19 y extiende la medida a los colectivos vulnerables por otras causas y a los que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia.
También se incluye en la medida a aquellas familias que ocupan pisos vacíos sin violencia y que tengan la condición de dependientes, víctimas de violencia de género o que tengan a su cargo a menores de edad u otras personas dependientes.
Si el inmueble es propiedad de grandes tenedores de vivienda, el Estado podrá indemnizarles "si pueden demostrar un perjuicio económico", ha explicado Iglesias. Este perjuicio se produciría en el caso de que la vivienda estuviera en venta o alquiler antes de la ocupación.
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Alternativa habitacional "digna"
El aplazamiento del desahucio para personas vulnerables se producirá a requerimiento del inquilino, que deberá presentar en los juzgados su solicitud de suspensión. Las autoridades judiciales acudirán en ese caso a los servicios sociales municipales, quienes por su parte remitirán el caso a la comunidad autónoma.
Las autonomías deberán procurar en 15 días una alternativa habitacional, pero esta no puede ser "un albergue o un polideportivo", según ha afirmado el vicepresidente, sino que será una "vivienda digna".
Si durante este tiempo la Administración autonómica no les proporciona esa alternativa habitacional, el desahucio se llevará a efecto y las grandes inmobiliarias tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que les haya ocasionado la paralización del lanzamiento.
Prohibición de los cortes de suministros
Por su parte, el Ejecutivo también ha aprobado la prohibición del corte de los suministros de luz, agua y gas durante el estado de alarma para colectivos vulnerables. La medida, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica, se aplicará no solo a los titulares del contrato que sino también a aquellas personas que no puedan acreditar la titularidad pero sí reúnan las condiciones de vulnerabilidad. Serán los servicios sociales y los mediadores sociales (como las ONG) quienes certificarán la vulnerabilidad.
En este caso, la medida dejó de aplicarse a finales de septiembre y Unidas Podemos había reclamado con insistencia que se volviera a aplicar.
"Garantizamos que mientras dure el estado de alarma aquellos consumidores considerados vulnerables sigan contando con total tranquilidad en sus hogares con los suministros de agua, luz y gas", ha asegurado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La PAH celebra la medida pero la ve "insuficiente"
El movimiento antidesahucios ha celebrado lo que califica de "importante victoria para miles de familia". En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha asegurado que la suspensión de los desahucios "sumará un paso adelante en referencia al Derecho a la Vivienda", pero rechazan rotundamente las "compensaciones económicas a grandes tenedores".
La PAH pide al Gobierno una "tregua total" en los desahucios hasta que entre en vigor una ley de vivienda. Creen que el fin del estado de alarma en 9 de mayo es un "horizonte demasiado corto". También reclaman movilizar la vivienda vacía en manos de bancos, lo que podría funcionar como alternativa habitacional para las familias desahuciadas.