España ha cerrado este martes siete centrales térmicas, al terminar el periodo de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), que les autorizó a funcionar desde el 1 de enero de 2016 hasta hoy sin cumplir con los límites de emisión que fija la normativa europea.
En concreto, echan el cierre las centrales de Compostilla II (en León) y Andorra (en Teruel), ambas propiedad de Endesa. Asimismo, Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (A Coruña), de Naturgy, y Puente Nuevo (Córdoba) de Viesgo, al terminar el mecanismo de excepción recogido en la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea.
El fin de la actividad de las siete centrales tendrá un impacto significativo en el empleo. Entre todas, suman unos 1.100 empleados entre los contratos directos e indirectos. A algunos trabajadores las eléctricas les han ofrecido el traslado a otros lugares pero la mayoría no podrán recolocarse dentro del sector.
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El mismo camino pueden seguir en los próximos dos años otras cuatro plantas que ya han solicitado al Gobierno los permisos para cerrar. Se trata de Lada (Asturias), propiedad de Iberdrola, As Pontes (Coruña) y Litoral (Almería), propiedad de Endesa) y Los Barrios (Cádiz), propiedad de Viesgo, con una plantilla conjunta de 800 personas.
Si en 2015 el 20% de la electricidad que consumimos procedía del carbón, en lo que llevamos de año, no llega al 3%. La razón es que el precio del dióxido de carbono que se paga al contaminar hace que producir electricidad con carbón sea mucho más caro y las plantas que usan gas las han expulsado del mercado eléctrico aprovechando su bajo coste.
El futuro pasa por las energías limpias y la térmica del municipio turolense de Andorra podría reconvertirse en una planta fotovoltaica. Su alcalde reconoce en RNE que la situación es complicada y que la solución pasa por colaborar en el desmontaje de la central y en la construcción de los parques fotovoltaicos.
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Paso para la transición energética
Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), la abogada ambientalista Carlota Ruiz-Bautista, considera que la clausura es un "paso fundamental para acelerar la transición energética" y apunta que 2025 es la "fecha límite" para que el cierre de las centrales de carbón en España pueda "alinearse con los Acuerdos de París".
Ruiz -Bautista señala que "las centrales van a dejar de funcionar sin la autorización de cierre formal" del Gobierno, por lo que insta a las autoridades a "agilizar ese trámite".
Explica que todas las centrales deberían haber contado contar con un informe sobre el estado del suelo y las aguas subterráneas antes del 1 de enero de 2014, pero las de Velilla y Compostilla, en Castilla y León "no cuentan con ese informe base", por lo que han instado a las autoridades para que se elabore; de lo contrario, "estarían incurriendo en un incumplimiento de la normativa europea y española".