La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y por el de denegación de asistencia sanitaria, en el caso de A. M. G., y por el de omisión del deber de socorro en el de M. J. A..
Fuentes fiscales han indicado a TVE que se trata de la primera denuncia del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid por este delito. Una denuncia que se produce un día después de conocerse que un juzgado de Madrid ha imputado por un presunto delito de homicidio a la directora de una residencia de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital.
La fiscal sostiene que las dos mujeres hicieron caso omiso al protocolo de actuación en casos previstos para pacientes con COVID- 19, lo que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de ingresar en el centro.
La residencia, de naturaleza privada y con 46 plazas de las cuales 44 estaban ocupadas a principios del mes de marzo, disponía de un equipo sanitario compuesto de un médico y una terapeuta.
Protocolo de consultas entre residencias y hospitales
Durante la gestión de la crisis sanitaria por la COVID-19, según recoge una nota del Ministerio Público, entre los meses de marzo y junio de 2020, la atención sanitaria en dicha residencia continuó siendo prestada por la misma doctora A. M. G. , que atendía de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, "estando disponible el resto del tiempo en su teléfono móvil", que contó con la colaboración, dentro de su disponibilidad, del equipo médico del Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid capital.
Desde el 13 de marzo, "por disposición de las autoridades autonómicas competentes", se contaba también con el apoyo de una geriatra de referencia quien estaba a disposición del equipo sanitario de la residencia de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana en su teléfono móvil o bien a través del portal sociosanitario.
Durante el mencionado periodo epidémico, la Comunidad de Madrid aprobó un protocolo que regía las interconsultas de las residencias y los centros hospitalarios, cuyo borrador fue remitido el día 19 de marzo de 2020 a la Residencia a fin de ser tomado como documento de referencia para el manejo de los casos.
El protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en la Comunidad de Madrid establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia para que el geriatra de enlace decidiera si los pacientes se beneficiaban más de su traslado hospitalario.
La doctora tardó ocho días en contactar con el hospital
La Fiscalía sostiene que "desatendiendo todas estas previsiones que le eran -y debían ser- conocidas", la doctora no contactó hasta ocho días después con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en relación con la situación de una residente que había comenzado con problemas respiratorios el 22 de marzo.
Sin embargo, en lugar de contactar con la geriatra de referencia, como establecía el protocolo, la doctora llamó a una doctora del Centro de Salud Isla de Oza, para que tramitara la derivación hospitalaria, lo que no fue posible porque, según este centro, el 061 estaba aplicando protocolos de priorización de pacientes en los traslados.
"Lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía -explica la Fiscalía-, procedió a tratar a la usuaria en la residencia", según el Ministerio Público. Los días 28 y 29, “dado que era fin de semana”, no se le realizó ningún examen, pues la doctora no tenía servicio "y no dejó solicitada visita de los médicos de urgencia del centro de salud".
La gerente de la residencia tampoco se encontraba en las instalaciones, "dejando a la usuaria al cuidado de los gerocultores, que carecían de cualificación sanitaria".
"Nada dispuso" para su atención médica en el fin de semana
Finalmente, el 30 de marzo, los familiares de la fallecida se pusieron en contacto con el servicio de atención al paciente de la Fundación Jiménez Díaz, donde realizaron la consulta urgente a la geriatra de referencia, "que nada sabía sobre la situación de esta usuaria".
Pese al rápido traslado al hospital dispuesto por ésta no se pudo impedir su fallecimiento al día siguiente, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.
Según la denuncia, la gerente de la residencia, que está acusada de omisión del deber de socorro, además de homicidio imprudente, conocía la situación clínica de la paciente y las posibilidades reales de tratamiento médico que tenía en su centro.
Pese a ello, "nada dispuso para asegurar la cobertura sanitaria" de la usuaria durante la ausencia de la doctora -especialmente el fin de semana anterior al fallecimiento- ni para alertar a las autoridades de la necesidad de tratamiento urgente de la usuaria.