El Defensor del Pueblo viajará a Canarias la próxima semana para comprobar la situación de los inmigrantes en el campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, tras haber solicitado por escrito a Interior el "cierre inmediato" de la instalación que alberga casi un millar de personas y que ha llegado a acoger 2.600 a principios de noviembre.
El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha decidido desplazarse a la zona, tras la inspección que realizó por sorpresa el pasado 16 de noviembre un equipo de la institución al campamento y a la red de acogida de las islas para comprobar el trato que reciben los inmigrantes cuando llegan en cayucos o pateras a Canarias.
Interior asegura que ya está en marcha el proyecto de cierre
Por su parte, fuentes de Interior señalan a RTVE que "contestarán en tiempo y forma al Defensor del Pueblo" y esperan poder cerrar el campamento "en los próximos días", gracias a las derivaciones que se están llevando a cabo desde Arguineguín hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en el antiguo polvorín de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) y a las del sistema de acogida.
Como ya habían avanzado desde el Ministerio, se están acelerando los trabajos en Barranco Seco para finalizar un campamento con capacidad para 800 personas en el que se pueda acoger temporalmente a los migrantes de manera "digna" e ir evacuando Arguineguín progresivamente.
Canarias: El CATE de Barranco Seco acoge ya a unos 400 migrantes
El Defensor del Pueblo hizo una inspección sorpresa en el muelle
La pasada semana, el equipo técnico del Defensor del Pueblo estuvo varias horas en el campamento de Arguineguín para revisar sus condiciones y es, tras esa inspección, cuando la institución ha remitido su petición de cierre del muelle --abierto el 20 de agosto con capacidad teórica de 400 personas-- porque considera que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales.
Mientras tanto las llegadas de inmigrantes han seguido sucediendo. Este jueves, Salvamento Marítimo desembarcó en el muelle de Arguineguín a 348 ocupantes de once embarcaciones, dos de ellos bebés, a quienes ha auxiliado al sur de Gran Canaria.
Numerosas organizaciones como HRW, CEAR y Amnistía Internacional han reclamado de forma reiterada el cierre del muelle con este fin por la vulneración de derechos humanos contra los migrantes.
El juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díaz Tejera, ha revelado testimonios de personas que han permanecido más de tres semanas en el muelle, cuando el máximo deben ser 72 horas, y que duermen en el suelo con mantas cedidas por Cruz Roja.
El compromiso de Migraciones es habilitar campamentos, sobre todo en instalaciones militares, para albergar a 7.000 personas, un número similar al que albergan los hoteles en estos momentos.
Escrivá anuncia 7.000 plazas de acogida para atender migrantes en Canarias
El turismo rechaza continuar con las acogidas
En cuanto a este asunto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dio este jueves un ultimátum al Ministerio de Migraciones y afirmó que se dejará de dar cobijo a migrantes en los alojamientos turísticos.
Lo secundan la Confederación Canaria de Empresarios y la patronal hostelera de Las Palmas, al estimar que es hora de que el Gobierno acoja en sus propias instalaciones a los 6.000 migrantes que permanecen en una quincena de hoteles de Gran Canaria.
Además, la alcaldesa de la localidad, donde en estos momentos hay 3.500 personas acogidas, ha advertido al Gobierno de que si no los desaloja antes de que termine el año, abrirá expedientes sancionadores a los establecimientos, ya que argumenta que utilizar un hotel como espacio de acogida humanitaria contraviene el uso para el que están autorizados sus terrenos.
Esta advertencia ha coincidido con el respaldo que ha dado el vicepresidente Pablo Iglesias a la demanda canaria de derivar a la Península a parte de los migrantes.
El vicepresidente segundo del Gobierno ha asegurado que Unidas Podemos discrepa del PSOE en torno a la respuesta a la crisis migratoria de Canarias, ya que aboga por trasladar a la Península a inmigrantes llegados a Canarias ante el colapso que afecta al archipiélago.
El también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha alineado así con las reclamaciones que ha formulado en torno a esta crisis migratoria el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y frente a lo que defienden tanto el PSOE como el Gobierno del que forma parte Unidas Podemos, cuya portavoz, María Jesús Montero, rechazó este martes que los inmigrantes se distribuyan por la Península, al estimar que con esta medida se alienta más a las mafias.