El Gobierno prevé reforzar la colaboración público-privada, rebajar considerablemente los controles administrativos y conceder subvenciones a empresas sin hacer concurso, entre otras medidas, para eliminar los conocidos como 'cuellos de botella' de la Administración y agilizar la ejecución de los fondos europeos, que se tramitarán por procedimiento de urgencia y se fiscalizarán en cinco días.
Así lo recoge el borrador del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso RTVE, y que supone un cambio radical en los procesos de la Administración Pública para evitar que la burocracia entorpezca la ejecución de los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos.
Esta transformación del funcionamiento del sector público contempla, además, que los departamentos ministeriales elaboren en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de dichos proyectos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50 % para acelerar su ejecución.
Será el Consejo de Ministros quien centralice la gestión de los fondos, según ha asegurado este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, después del malestar generado dentro de la formación morada por dejar fuera en un principio al vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, así como a otros tres de sus ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la pasada semana que el decreto se aprobará en el mes de diciembre para que desde el 1 de enero esté lista la nueva Administración y se puedan empezar a ejecutar los fondos. "Se tratará de una verdadera revolución administrativa", recalcó.
Creación de los PERTE
Dada la "magnitud de los riesgos asociados a estos proyectos" y “la necesidad de colaboración a distintos niveles para la canalización de fondos y la creación de sinergias”, el borrador prevé la creación de una nueva figura administrativa de colaboración público-privada “con vocación de permanencia”: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
Podrán ser reconocidos como PERTE “aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”, explica el texto. No obstante, la declaración de un proyecto como PERTE se realizará por acuerdo de Consejo de Ministros, "a propuesta del titular del Departamento competente por razón de la materia", recalca.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pondrá en funcionamiento el Registro estatal de entidades interesadas en estas nuevas figuras. Asimismo, las entidades registradas en un PERTE tendrán carácter preferente para la suscripción de convenios con la Administración.
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Se recuperan las Agencias Estatales
La norma también prevé que se recuperen otras figuras administrativas como las Agencias Estatales –eliminadas en 2015-, aunque no se especifica qué organismos concretos se crearán. El objetivo, explica, es “incorporar instrumentos de mejora de los servicios públicos a través de entidades que cuenten con un mayor nivel de autonomía, flexibilidad en la gestión y responsabilidad y control de los resultados”.
Menos controles administrativos
Los contratos y acuerdos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -“al ser preciso acelerar su adjudicación por razones de interés público”, recalcan-, podrán tramitarse de forma urgente, lo que supone una reducción generalizada de todos los plazos.
En consecuencia, los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes quedarán reducidos a cinco días naturales, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.
Para los contratos de obras de menos de 200.000 euros y los contratos de suministros y servicios de menos de 100.000, a las empresas no se les requerirá demostrar su solvencia. "Les podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", recoge el borrador. Dicha norma establece, entre otras medidas, que "se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional".
Mientras, para el procedimiento abierto simplificado ordinario se establece que el valor del contrato sea inferior a 5,34 millones de euros si es de obras o suministro y servicios, inferior a 138.999 euros cuando sean contratos adjudicados por el Estado, organismos autónomos o entidades de la Seguridad Social, o a 213.999 euros cuando sean contratos distintos. Si son para servicios sociales el valor debe ser inferior a 749.999 euros.
Menos condiciones para las empresas
Respecto a las subvenciones, se simplifican los requisitos internos para su aprobación, así como la documentación a presentar por los posibles beneficiarios.
Al igual que en el caso de los contratos, las subvenciones podrán tramitarse por el procedimiento de urgencia. Además, la norma relaja también las condiciones que deben cumplir las empresas beneficiarias: por ejemplo, “podrán eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros” y “se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros para acreditar cumplimiento obligaciones tributarias y con Seguridad Social”.
Subvenciones sin concurso
Además, el Gobierno se guarda la posibilidad de conceder subvenciones sin concurso, tal como detalla el texto: “Se prevé la posibilidad de otorgar Subvenciones de concurrencia no competitiva, con cargo al Fondo de Recuperación, para aquellas subvenciones cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas”.
En dichos supuestos, afirma, se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Desembolso anticipado de hasta el 50 %
El borrador de la norma también establece que se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50 % de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.
A su vez, “se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados”, detallan.
Respecto a la fiscalización, el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.
Reorganización puestos de trabajo
El Gobierno asegura que la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de los fondos europeos “se realizará preferentemente con los efectivos del departamento ministerial u organismo encargado de su gestión”.
Solo "excepcionalmente”, en aquellos casos en los que resulte imprescindible, se contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de los proyectos.
No es un día cualquiera - Fondos europeos - 'Tertulia' - 08/11/2020 - Escuchar ahora
Más contrataciones
No obstante, señala el texto, dado el incremento de la carga de trabajo derivado de la gestión de los fondos, “los departamentos ministeriales y los organismos encargados de la gestión de fondos europeos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada”. Esto es, sin necesidad de concurrir a oposiciones.
Como regla general, se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos.
Complementos salariales
Además, el texto contempla otorgar a los trabajadores que se ocupen de la gestión de los fondos un complemento variable por consecución de objetivos y otro por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial.
“El personal adscrito a unidades encargadas de la gestión de fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrá percibir complementos retributivos por la consecución de objetivos o por la asignación de funciones adicionales a tiempo parcial”, reza el texto.
Solicitudes a través de un portal web
El decreto establece que se creará un portal web único del Plan de Recuperación, que centralizará y distribuirá la información a todos los interesados. La tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución del Plan se podrá realizar a través de la ventanilla única del portal web.
Asimismo, a través de esta sede electrónica, “se ofrecerá un servicio de atención a las personas o entidades interesadas en participar en las convocatorias derivadas del instrumento de recuperación para Europa”, recalca el borrador.
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Nuevos organismos de supervisión
Además del Consejo de Ministros, el Gobierno creará dos órganos de gobernanza de los fondos: un Comité Técnico, como órgano de asistencia y soporte técnico, cuya composición será fijada “atendiendo a criterios de base en función de sus competencias y experiencia facultativa en la gestión de fondos y ayudas europeas”, explica el texto, y una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que desde Presidencia del Gobierno realizará un seguimiento político y estratégico del plan.
Asimismo, se constituirá un foro de participación específico para favorecer el diálogo social de la patronal y los sindicatosen relación con el desarrollo del Plan y la adopción de medidas estructurales. También se crearán foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las comunidades autónomas.