El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales han constituido este lunes la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, un foro que servirá para concertar y evaluar el plan del Ejecutivo con el que pretende acceder a los fondos europeos para la recuperación económica aprobados en julio.
A través de esta Mesa, el Ejecutivo se compromete a mantener informados a los agentes sociales sobre la evolución de la negociación con la Comisión Europea y sobre el documento final antes de su presentación formal a Bruselas, prevista para principios de 2021. Además, servirá para mantener informados de forma regular a los agentes sociales sobre la ejecución y seguimiento del Plan a lo largo de los próximos años.
El Gobierno ultima, además, la creación una nueva figura para fomentar la colaboración público-privada en el uso de los fondos, denominada "proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica". Bajo esta figura, ha informado Moncloa, se incluirán los proyectos de carácter estratégico, con un "importante potencial de arrastre" para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen las operaciones en nuestro país.
"Estamos trabajando en un decreto para reformar las contrataciones públicas, que incorporará las sugerencias que nos han hecho llegar los agente sociales", ha asegurado al término de la reunión la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño. Este nuevo decreto, ha dicho, estará listo "para antes de fin de año" y supondrá "una agilización del funcionamiento de la administración pública española".
“Existe una disposición de todas las partes para llegar a acuerdos“
La propia Calviño ha destacado la importancia de la Mesa compuesta este lunes ya que refleja la prioridad dada por parte del Gobierno al diálogo social. "El ambiente ha sido positivo y se ha vuelto a evidenciar la disposición de todas las partes para llegar a acuerdos", ha recalcado.
Asimismo, el Ejecutivo ha destacado que la constitución de esta Mesa "refuerza la apuesta por el diálogo con los agentes sociales", que ha permitido hasta la fecha la firma de seis acuerdos en defensa del empleo, medidas sociales, la ampliación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) o la puesta en marcha de la ley del teletrabajo.
Las claves de la ley del teletrabajo, derechos y obligaciones
El Gobierno y los agentes sociales han aprovechado esta reunión constitutiva de la Mesa del Diálogo Social para tratar otros asuntos relacionados con el proceso de recuperación de la economía española como la modernización del mercado laboral y las políticas activas de empleo para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras; el pacto por la industria que permita la reestructuración y modernización de la economía productiva o el impulso de la digitalización en trabajadores y empresas. Sin embargo, no han trascendido más detalles al respecto.
La CEOE pide agilizar su distribución
Precisamente, la CEOE y Cepyme han presentado al Gobierno una propuesta, mediante la aprobación de un Real Decreto-ley, para modificar preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, con el fin de agilizar la distribución de dichos fondos, cuyo importe asciende a 140.000 millones de euros, de los cuales España movilizará 72.000 en los próximos tres años.
"Hemos presentado al Gobierno una serie de iniciativas para ser más eficaces en el reparto de los fondos europeos: cambios en los contratos del Estado, en las subvenciones o en la popia burocracia", ha asegurado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, si bien ha puntualizado que todavía no hay fechas para su inicio.
Según la patronal, el propio Plan 'España puede' ya advierte de posibles cuellos de botella operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación. Por ello, han recalcado, si no se superan estos obstáculos, al demorar los compromisos de gasto, la recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos se podría ver frustrada, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos.
"Esta reunión ha sido muy importante ya que hemos puesto encima de la mesa una serie de proyectos tractores. Hasta ahora en España, a la hora de aprovechar este tipo de fondos, hemos llegado tarde y mal", ha recalcado el presidente de la patronal.
Los sindicatos celebran el acuerdo
Por su parte, los representantes de las organizaciones sindicales han celebrado la constitución de esta Mesa de Diálogo Social, cuyo principal valor es "la voluntad de un diálogo permanente sobre cómo canalizar los fondos de una forma participada", ha dicho el líder de CC.OO., Unai Sordo.
"Era fundamental un compromiso del Gobierno donde no solo se informara, sino que también tuviera un espacio de interlocución donde se pudieran recoger también los criterios de los sindicatos", ha recalcado el secretario general, quien diferencia esta mesa de diálogo con las que se pusieron en marcha en julio.
Durante su intervención, tanto CC.OO. como UGT han reiterado en repetidas ocasiones que no existe una "condicionalidad negativa" para la utilización de los recursos, es decir, que los fondos de reconstrucción no está condicionados a ninguna de las reformas estructurales del anterior periodo de crisis. "No están ligados a la reforma laboral o de pensiones, tiene que ver con la transición digital o ecológica", ha concluido Sordo.
El Gobierno adelantará 27.000 millones este año
Del montante total de 140.000 millones asignado a España, compuesto por subvenciones y créditos, el Gobierno prevé movilizar 72.000 millones en los próximos tres años (de 2021 a 2023). Más de un tercio de los mismos -27.000 millones- serán adelantados en los Presupuestos que pretende aprobar para 2021 y ya han superado el primer trámite parlamentario.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias, y, por otro, el React-EU, que permite a España obtener financiación por un importe de 12.400 millones.
Sin embargo, la gestión que se hará de los mismos aún está en entredicho ya que, de los 56.492 millones de euros que puso a su disposición la Comisión Europea para el periodo de 2014 a 2020 en fondos estructurales y de inversión, España solo ha ejecutado el 35 %, es decir, 19.652 millones de euros. De hecho, según los datos actualizados este lunes por el organismo, es el país europeo que menos porcentaje del presupuesto ha efectuado.
No obstante, la normativa - conocida como N+3- permite ejecutar el resto de fondos hasta 2023, aunque solo en el caso de que hayan sido asignados. Son los llamados 'fondos decididos', una partida que recoge aquellos fondos destinados a un programa operativo pero que aún no han sido ejecutados.
De esta manera, de los 56.492 millones de euros que tiene a su disposición España y de los que solo ha gastado el 34 %, tiene decidido 44.919 millones de euros, un 80 % del total. Por tanto, dichos fondos, aunque no se ejecuten a finales de este año, ya están decididos y España podrá disponer de ellos durante los próximos años.