El Gobierno amplía hasta el 30 de junio de 2021 la posibilidad de suscripción de los créditos con garantía del ICO y extiende su periodo de carencia, de modo que las empresas, pymes y autónomos dispongan de hasta dos años para devolver estos préstamos. Además el plazo de vencimiento del préstamo se alarga hasta ocho años, desde los cinco iniciales.
Estas medidas son aplicables tanto a la línea principal de financiación de 100.000 millones de euros como a la posterior de 40.000 millones, que en ambos casos se amplían hasta finales de junio del año que viene.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que también incluye la bajada del 21% al 4% del IVA de las mascarillas de venta al público y otro conjunto de medidas relacionadas con el régimen concursal y el ámbito energético.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende que el "importante paquete de medidas" servirá para "reforzar la red de seguridad para nuestro tejido productivo, adaptándola a los próximos meses" y responder a "problemas temporales de solvencia".
Aumenta el periodo de carencia
Actualmente, los créditos ICO -concedidos por entidades y avalados por el Gobierno- para mantener la liquidez en los peores momentos de la pandemia tienen una carencia de 12 meses, un plazo que ahora se alarga hasta dos años para empezar a devolver los préstamos con garantía del ICO.
De esta forma, las empresas, los autónomos y las pymes que solicitaron financiación con esa garantía del Estado disponen de 24 meses para reintegrar el dinero concedido.
La Comisión Europea ha autorizado que se extienda el plazo de suscripción de estos créditos avalados hasta finales de junio del año que viene. Con estas nuevas medidas, el Ejecutivo tiene la intención de proteger el tejido productivo para garantizar la solvencia de las empresas viables, según avanzó la vicepresidenta económica.
El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO alcanza a fecha de hoy los 82.000 millones de euros y en total se han movilizado unos 108.000 millones con la firma de 881.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos, según las cifras facilitadas por Calviño.
Moratoria concursal hasta el 14 de marzo
El Ejecutivo también amplía la moratoria concursal del 31 de diciembre hasta el 14 de marzo de 2021 a fin de que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación.
En concreto, la norma suspende la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).
Asimismo, la norma aprobada amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudes que formulen los acreedores por el incumplimiento de los deudores de acuerdos de refinanciación o convenios en el caso de solicitudes presentadas hasta el 31 de octubre.
La ampliación de la moratoria concursal no impide que cualquier empresa que considere conveniente presentar concurso pueda hacerlo. Según el INE, las familias (652) y empresas (1.026) que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de pagar sus deudas subieron un 1,6 % interanual en el tercer trimestre, hasta sumar 1.678, y un 51% en tasa trimestral, el mayor aumento en casi ocho años.
El Gobierno también ha modificado una norma sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que su actual presidente, que no renovará el mandato el próximo 26 de noviembre, pueda seguir en funciones hasta que se nombre a su sucesor.