El procedimiento contra la desinformación publicado por el Gobierno no contenta a los expertos ni a la oposición. Moncloa insiste en que es una iniciativa centrada en las grandes campañas de injerencia extranjeras, pero la ambigüedad del texto permitiría extender su aplicación a episodios internos y sensibles en materia de libertad de expresión. El plan tampoco aclara mecanismos que garanticen la independencia de los organismos implicados.
¿Es una nueva ley?
No. El “Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional” , publicado en el BOE el 5 de noviembre, actualiza un procedimiento ya vigente en este organismo desde hace casi dos años. No tiene rango de ley, explica Borja Adsuara, abogado especialista en Derecho Digital.
Es un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, una comisión delegada del Gobierno que asesora al presidente en materias de seguridad. No hace falta desarrollarlo ni llevarlo al Congreso. Está ya publicado, y como acuerdo de un órgano colegiado que es, puede impugnarse ante los tribunales ordinarios”. El Partido Popular ha anunciado que lo hará.
¿Cuál es el objetivo del texto?
El procedimiento habla de procesos de “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Explicita qué niveles de prevención, detección/alerta, análisis, respuesta y evaluación existen frente a esa desinformación, así como qué organismos actuarán en cada caso y cómo procederán. Hay cuatro niveles: nivel 1 (detección y notificación), nivel 2 (coordinación, sincronización), nivel 3 (adopción de decisiones político-estratégicas) y nivel 4 (gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional). Se explica qué célula se activa en cada caso, a quién se comunican las circunstancias y qué información se proporciona.
Ante las críticas recibidas, el Gobierno ha enviado a la prensa una nota aclaratoria. Afirma que “el objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales en nuestro país” y recalca que responde a la necesidad de incrementar “la integridad electoral”. Desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) aseguran que no está orientado a las “noticias falsas” (aquí te explicamos por qué es mejor no llamarlas así ) sino en “campañas de desinformación”. Subrayan que jamás han puesto el foco en temas de política.
¿Es un texto concreto y de aplicación bien definida?
Pese a las aclaraciones, el texto del BOE es confuso en algunos fragmentos en los que parece hacer referencia a una desinformación más general y no solo electoral: “[…] atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europeas”, “[…] mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación”. Otro pasaje sugiere que el enfoque no es sólo técnico, sino también de valoración de los mensajes: “[…] mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido” (la cursiva es nuestra).
“No sabe nadie a qué se refieren”, dice Borja Adsuara. Para este abogado, especializado en derecho digital, “el derecho está para crear seguridad jurídica, y lo que ha creado esta norma es una grave inseguridad e intranquilidad. Bajo su punto de vista, “se ha ampliado el foco a la COVID pero también a otros temas que no sabemos cuáles son. Lo peor que tiene este texto es la ambigüedad”. Coincide con él Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras: “Me parece un texto lleno de ambigüedades y escrito de manera poco precisa. Que el Consejo de Seguridad Nacional emita algo como esto, donde se mezclan temas de libertad de expresión, defensa y desinformación, deja muchas lagunas preocupantes”.
¿Es una iniciativa exclusiva de España o de este gobierno?
No. El texto enlaza con dos documentos básicos de la Comisión Europea: el Plan de Acción contra la desinformación (diciembre de 2018), y el Plan de Acción para la Democracia (ha terminado su periodo de consultas en 2020). El primero fue el punto de partida de la actuación europea en este campo y se centraba en injerencias electorales, en línea con la preocupación que suscitó la desinformación rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El segundo es más amplio, ocupándose también de asuntos como el pluralismo de los medios y la libertad de prensa, así como reflejando la infodemia resultante del SARS-CoV-2. La Unión Europea ha solicitado a los estados miembros que adopten su propia estrategia nacional para lograr una mejor coordinación en este campo, y cada país ha decidido cómo actuar.
Desde el año 2017 se han sucedido las iniciativas para legislar contra la desinformación. Alemania es un país que se suele citar como modelo exitoso en la UE, por imponer requisitos exigentes a las plataformas tecnológicas (Google, Facebook, Twitter). Sin embargo, en todo el mundo varios gobiernos autoritarios han aprovechado la aprobación de presuntas leyes contra la desinformación para imponer censura y silenciar a adversarios . En España, han intentado legislar el PP en 2017, Vox y Podemos en 2020, y ahora el gobierno (PSOE y Podemos). El CSN insiste en que el procedimiento no se fija las “noticias falsas” sino en “campañas de desinformación preocupantes para la seguridad nacional”. No obstante, el propósito del texto actual no difiere completamente del que expresó el PP en 2017, y que entonces el PSOE y Podemos criticaron.
¿Es necesario abordar el problema de las injerencias extranjeras?
Sí. Están reconocidas como un problema creciente para la seguridad pues la desinformación, combinada con ciberataques a estructuras críticas, puede generar desconfianza y aumentar la inestabilidad de los gobiernos, aunque sus efectos concretos son todavía desconocidos. A ninguno de los expertos consultados le extraña que los estados se preparen contra esta posibilidad (en todo caso sorprende que todavía se esté fijando el modo de hacerlo). Lo que sí suscita escepticismo en algún caso es que esa línea de defensa parezca siempre enfocada a Rusia.
Es el país al que más se apunta desde que la inteligencia de EEUU atribuyó personalmente a su presidente las operaciones de influencia electoral en 2016 (aquí el informe). Pero entidades como el Instituto de Internet de Oxford advierten que la propaganda automatizada (generalmente, operaciones masivas con cuentas programadas o bots) tiene cada vez orígenes geográficos más diversos. En su último informe se mencionan campañas de manipulación organizada en 48 países, incluyendo los más habitualmente citados (Rusia, China, Irán, Venezuela) pero también otros como Argentina, Alemania, Australia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos. Y no son solo servicios de inteligencia extranjeros los que practican esa desinformación, sino también partidos políticos, apunta la entidad.
Hemos hablado con María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad Complutense de Madrid: “Se ha hablado mucho de lo que Rusia hizo en EEUU, sobre todo a través de la Internet Research Agency , pero donde se han comprobado injerencias rusas más sistemáticas es sobre todo en su vecindad. Su prioridad es el ‘extranjero próximo’, el espacio postsoviético”. Esta profesora explica que con la desinformación “Rusia intenta provocar caos”, desmoralizar, dividir, polarizar la sociedad de sus enemigos, pero aclara que la desinformación ha existido siempre y ahora otras grandes potencias utilizan la propaganda digital también: “En algunos casos hablamos de diplomacia pública; cuando lo hace Rusia, se considera desinformación”.
¿Es necesario ser tan precavido con una media que está tomando el Gobierno?
Sí. Las elecciones de EEUU son una demostración de que grupos extremistas internos e incluso las propias autoridades pueden expandir bulos de enorme influencia, motivo por el que no hay que prepararse solo ante un ataque exterior, sino también proteger a la ciudadanía de hipotéticos abusos internos.
Algunos especialistas consideran que la injerencia rusa se ha sobreestimado, otros llevan tiempo destacando que los algoritmos de las grandes plataformas, y no los estados, son los verdaderos agentes masivos de desinformación. Se señala también políticos locales y nacionales están muchas veces también tras esas campañas, ya sea con afirmaciones falsas o a través de firmas intermedias de relaciones públicas que expanden corrientes sesgadas de opinión.
¿Quién coordinará la lucha contra la desinformación?
La ambigüedad en cuanto a qué tipo de desinformación trata de atajarse refuerza la crítica por los organismos a los que se ha nombrado responsables de este campo. El Consejo de Seguridad Nacional insiste en que en el procedimiento participan sobre todo expertos técnicos y funcionarios civiles, y recuerdan que el general que encabeza este organismo, Miguel Ángel Ballesteros, ha colaborado con gobiernos de distinto signo.
Pero la lucha contra la desinformación, en un texto que no define claramente desinformación, será tarea del CSN, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación (Presidencia del Gobierno), la Comisión Permanente contra la Desinformación (que a su vez es coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación), las autoridades públicas competentes (sin más detalle) y el sector privado y la sociedad civil. Los especialistas observan un peso peligroso de la Secretaría de Estado de Comunicación en la tarea de coordinación: no hay instituciones externas que garanticen la independencia del proceso. “Que juzguen qué va a ser desinformación el director de gabinete del Presidente y el secretario de Estado de Comunicación es lo que ha puesto muy nerviosos a medios y periodistas”, recalca Adsuara.
¿Se trata entonces de seguridad?
Los expertos advierten de la necesidad de no abordar la desinformación solo desde el punto de vista de la defensa o la seguridad nacional. La ONU, por ejemplo, le está dando al problema una respuesta desde la vertiente educativa. La mayoría de los expertos constatan que la desinformación es un fenómeno complejo con otras dimensiones como la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía, destinataria última de los bulos. En el texto del BOE se habla de “Comisión Permanente contra la Desinformación” (sin añadirle la palabra seguridad) y se dice que estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional. Dentro de ella, presencia de los ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Asuntos Económicos y Transformación Digital. No hay huella del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y esto sería algo comprensible si el texto se ciñera exclusivamente a la seguridad, pero no lo hace en todos sus pasajes.
“Hay un foco excesivo puesto en la desinformación rusa que no responde a la realidad. Probablemente la mejor forma de luchar contra la desinformación es dotar a la gente de herramientas educativas y tecnológicas que la refuercen para poder comprender, luchar, contra esas amenazas. No sé si la secretaría de Estado de Comunicación es el órgano adecuado para abordar eso. Hay implicados muchos organismos y todos gubernamentales. Me parece peligroso”, dice Pérez del Pozo.
También Reporteros sin Fronteras le concede gran importancia a la educación. Alfonso Armada considera probados los actos de injerencia rusa en España, y entiende que se tomen medidas contra ella, pero destaca la necesidad de formación en un sentido amplio: “Construimos el mundo a través de Internet. Hace falta que los niños y los adultos sepan descifrar y discriminar la verdad de las mentiras. Es difícil pero tenemos que hacerlo cuanto antes”, explica Armada.